Ajuste estructural

América Latina se apresta a ingresar en la década del noventa entre la esperanza y la incertidumbre. No pocos han calificado a los años ochenta como la década perdida. En sus estertores, la década de los ochenta nos presenta una región en permanente batalla por producir y exportar los bienes y servicios necesarios para cancelar los intereses de una deuda externa multimillonaria e impulsar al mismo tiempo los niveles de crecimiento que permitan evitar un sacrificio mayor al que ya soportó su población. Parece un callejón sin salida aparente.

En lo que sin duda constituye una aberración del sistema económico internacional, una región del mundo en desarrollo se ha convertido en uno de los principales exportadores de capitales y recursos hacia el mundo desarrollado. Mientras tanto, la actividad económica en la mayoría de los países latinoamericanos no avanza, las inversiones no se recuperan, los fondos que se logra generar están precomprometidos, y los nuevos préstamos, congelados.

Aunque poco se avanza en su solución, la deuda externa de América Latina ha pasado a convertirse en un tópico de las relaciones económicas internacionales. Su mención constituye un elemento obligatorio en los foros financieros, en los discursos políticos o en las páginas de la gran Prensa. Sin embargo, poco énfasis se pone en señalar otra obligación, socialmente más dramática: la deuda social.

El concepto de deuda social fue expuesto por primera vez por el presidente de Brasil, Tancredo Neves, cuando, a través de un discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1984, durante su campaña presidencial, recordó que en su país, que soporta la mayor divida externa del mundo, a grande dívída do Brasil é a divida social, como sabemos todos nos, Iideres políticos trabalhistas deste país. Entonces ya comenzaban a manifestarse las tempranas con secuencias de esta deuda interna; cuatro años después podemos cuantificarla. En menos de un decenio, la mayoría de los países latinoamericanos ha retrocedido el equivalente de 25 años de su desarrollo.

Tal caída del bienestar material en tan poco tiempo no tiene parangón con ningún otro proceso similar que se haya dado en región alguna del mundo durante cualquier periodo de la historia contemporánea, ni siquiera durante la Gran Depresión. Además, el sacrificio económico realizado a lo largo de este período no fue equitativamente absorbido. El ajuste llevado a cabo por los países deudores, dirigido a restablecer la balanza de pagos, se logró a costa de inmensos esfuerzos que recayeron principalmente sobre los pobres y los trabajadores.

Aumento de la pobreza

Durante el periodo 1980-1985, la caída de un 12% del ingreso por persona, reforzada por la concentración del ingreso, aumentó el porcentaje de personas en condiciones de pobreza en América Latina del 33% al 39%. Esto implica retornar a la situación de pobreza prevaleciente a comienzos de 1970 y un aumento de 120 a 160 millones en el número de pobres.

A la luz de las realidades internacionales e internas, no es difícil concluir que la región ha perdido en su conjunto, pero el análisis de esas mismas realidades nos lleva a subrayar que esta pérdida fue inequitativamente distribuida entre los distintos agentes nacionales. Por ende, la transferencia neta de recursos al exterior que ha venido haciendo América Latina se ha efectuado en gran medida a expensas de los pobres y los trabajadores, cuyo ingreso disponible se redujo en casi un 5% del producto bruto interno.

Al examinar el impacto del ajuste desde el marco de la OIT, preocupada por los intereses de lOS trabajadores, creemos necesario insistir en la íntima relación que guardan la deuda externa y la deuda social de América Latina. Ambas tienen implicaciones similares para el desarrollo latinoamericano: por una parte, el enorme esfuerzo que ha hecho la región y la desigual forma en que éste se ha distribuido, ha aumentado significativamente la deuda social; por otra, enfrentar la deuda social, al igual que la deuda externa, requiere producir un ajuste estructural.

El ajuste externo es necesario para aumentar el superávit comercial de la región. En el caso de la deuda social, es necesario aumentar la cantidad de recursos que captan los grupos de menores ingresos.

Dada la heterogeneidad que presentan las si nacionales, no existe una fórmula única para proponerles, pero creemos que deberían considerarse las siguientes propuestas:

— Es necesario producir un ajuste expansivo y equitativo enfatizando en la búsqueda de políticas que compatibilicen la superación estructural de la restricción externa con la superación de la pobreza. Retomar el crecimiento económico en un contexto equitativo implica no sólo aumentar la inversión, sino además modificar su composición. Esto es, reorientarla hacia actividades que maximicen la generación de empleo productivo, la generación de divisas, y aseguren el abastecimiento de bienes y servicios de consumo básico, cuya demanda se verá estimulada por la redistribución de ingresos.

— Para enfrentar el problema de empleo e ingresos de los trabajadores será necesario aumentar la participación de éstos en el producto y, simultáneamente, aumentar la tasa de inversión. Todo esto requiere la canalización de los recursos de inversión hacia los sistemas integrados de producción de productos exportables y de bienes y servicios esenciales como mecanismo para reforzar los efectos positivos del crecimiento sobre el empleo. Requiere, en cuanto sea posible, de una política salarial expansiva, al menos para recuperar los niveles deteriorados durante la crisis, lo que alimentaría el papel del mercado interno como fuente de crecimiento.

— Resulta urgente diseñar una política hacia el sector informal. Se estima que más de 30 millones de personas laboran en este sector de la economía, que ha operado como una suerte de seguro de desempleo en casito dos los países de la región. Las políticas hacia el sector informal deberían orientarse a reforzar su capacidad productiva y a superar los obstáculos que representan para el desarrollo del sector algunos aspectos de la legalidad e institucionalidad vigentes.

— Para reducir la deuda social de corto plazo con los pobres y los trabajadores, una política de gasto social se impone como un factor impostergable, aunque sólo fuera por un elemental sentido de la solidaridad. Los programas de salud y nutrición, de educación y vivienda, son además altamente intensivos en mano de obra y permiten incorporar productivamente y capacitar a jóvenes, mujeres y a los que habitan en zonas de alta concentración de desempleo y pobreza.

-Es necesario aumentar la eficiencia del gasto público, reestructurando el gasto hacia el logro de los objetivos planteados. Esto implica reducir gastos prescindibles, como los militares, que deberían limitarse o, al menos, congelarse durante el período de mayor escasez de recursos, para permitir aumentar el gasto social a la vez que éste se focaliza para llegar efectivamente a los grupos que más lo necesitan.

Gran desafío

Corao sea, la magnitud del desafío es inmensa. El pago de la deuda social, unido a la necesidad de reactivar la inversión y el cumplimiento de los compromisos internacionales, sólo serán posibles mediante un amplio esfuerzo global que incluya a acreedores y deudores, tanto externos como internos. En lo interno, este esfuerzo deberá convocar las voluntades concertadas de los tres interlocutores principales: el Estado, los trabajadores y los empresarios, sea mediante el pacto social, el acuerdo nacional, el consenso, la concertación o como se lo denomine. Abrigamos la convicción de que si todos los copartícipes sociales hacen acopio de sus posibilidades de concertación, las naciones afectadas podrán enfrentar mejor y de manera más equitativa la crisis y así poder pasar a un estadio superior de desarrollo, requisito indispensable para el mantenimiento de la convivencia democrática.

Víctor Tokman es director del Programa Mundial del Empleo de la OIT.