El Ivima obliga a una inmobiliaria a devolver el sobreprecio cobrado por pisos protegidos

La empresa inmobiliaria Segunda Alvega, antigua propiedad del Banco Industrial de Cataluña, ha sido obligada por una resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a pagar 105 multas de 70.000 pesetas cada una lo que supone un total de 7.350.000 pesetas, y a devolver una media de 250.000 pesetas a cada uno de los 105 vecinos del polígono Nueva Alcalá, de Alcalá de Henares, a los que vendió viviendas de protección oficial a finales de los años setenta con un sobreprecio sobre su coste legal estimado entre las 200.000 y 300.000 pesetas.En esta resolución, que responde a un recurso presentado por los vecinos en 1983, el Ivima impone por primera vez a una inmobiliaria la devolución directa del sobreprecio recaudado a los compradores sin que éstos tengan que recurrir a la vía judicial

La empresa inmobiliaria Segunda Alvega, SA vendió 2.448 viviendas de protección oficial del polígono Nueva Alcalá entre los años 1976 y 1980 tomando como base del cálculo del precio de los pisos el módulo vigente en el momento en que las viviendas recibieron la calificación definitiva de habitabilidad. Según el abogado de los vecinos denunciantes, Luis Suárez, "esto hubiera sido correcto si la empresa no hubiera percibido anteriormente cantidades de dinero a cuenta por parte de los compradores, con lo cual el módulo aplicable debería haber sido el vigente en el momento en que se recibió el anticipo". Este desfase en el módulo aplicado hizo que la empresa se embolsara alrededor de 700 millones de pesetas a costa del sobreprecio cobrado a los demandantes de pisos.

En diciembre de 1978, 1.600 vecinos presentaron una denuncia contra la empresa en la Dirección Provincial de la Vivienda, aunque posteriormente la mayor parte de ellos fijó un pacto con la inmobiliaria por el que recibieron un 40%, del sobreprecio pagado, dándose la circunstancia de que parte de esta devolución se hizo en forma de bonos del Banco Industrial de Cataluña, vinculado a Banca Catalana. En 1983 la Dirección Provincial de la Vivienda sancionó con 200 multas de 5.000 pesetas cada una a la constructora, a lo que 105 vecinos respondieron con un recurso de alzada admitido por la Dirección Provincial de Arquitectura, que declaró nula la resolución porque aplicaba una multa reservada a las faltas leves cuando se trataba de una falta como el sobreprecio, considerada legalmente muy grave.

En los 10 años transcurridos desde la primera denuncia de los vecinos, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA ha cambiado de nombre varias veces, y ahora es el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios el que se hace cargo de las obligaciones de la empresa.