La trampa del terrorismo

LA DECISIÓN del Gobierrio británico de impedir que el Ejército Republicano Irlandés (IRA); su rama política, el Sinn Fein, y el violento opositor de ambos, la protestante Asociación de Defensa del Uster (UDA), tengan acceso a la televisión y la radio estatales constituye un atentado directo contra uno de los derechos -la libertad de expresión- cuya conquista está en la base de las democracias modernas. La medida suscita, además, serias dudas sobre su eficacia práctica, ya que no garantiza en absoluto un menor eco social de los delincuentes, en manos de quienes se pone, por el contrario, un valioso argumento a favor de la presunta iniquidad del Estado al que combaten.La decisión de Margaret Thatcher plantea viejas preguntas sobre los fines del terrorismo y cuáles son los mejores medios para combatirlo. ¿Es bueno que el público oiga lo que tienen que decir los terroristas? ¿Es saludable que, en una sociedad libre, sea difundido el mensaje de quienes aprovechan los derechos reconocidos a todos los ciudadanos para acabar con esa, misma sociedad? ¿Es útil que los ciudadanos conozcan que los terroristas, carecen de otra idea que no sea la del tiro por la espalda? Algunos sectores de la ciudadanía, excitados poruna propaganda a menudo interesada, creen que permitir hablar al terrorista equivale a condonar su acción. Tal actitud es producto de una desconfianza natural en la capacidad de discernimiento de la opinión pública alegando una supuesta minoría de edad de la masa; ya se sabe muy bien adónde conduce esa pendiente. La imagen de unos cuantos dirigentes de Herri Éatasuna balbuceando ante las cámaras de televisión excusas imposibles en las horas siguientes a la matanza de Hipercor de Barcelona habrá hecho más por la lucha contra el terrorismo que cualquier medida de prohibición.

Por otra parte, cuando el Estado impide que hablen los terroristas, al igual que cuando, para reprimirlos, aplica sus mismos métodos de lucha, está cayendo en la trampa tendida por el terror. Resultaría grotesco, además de peligroso, que el IRA, el Sinn Fein y la UDA -o ETA y Herri Batasuna en España- puedan decir, con argumentos proporcionados por medidas como la anunciada, que el Gobierno británico, incapaz de utilizar otros medios válidos, practica la represión como sistema.

Dicho lo cual, en este asunto, como en el de la célebre historia del libro Spycatcher (Cazador de espías), contra cuya publicación y venta en territorio británico el Gobierno de Thatcher combatió por todos los medios, es muy probable que la prohibición se convierta en un bumerán contra quien la adopta. Porque mientras en el Reino Unido se impedía la impresión y difusión del libro, editores estadounidenses y australianos hacían su agosto vendiendo en los aeropuertos ejemplares de la obra a los viajeros que regresaban al Re¡no Unido. Por mucho que se impida que la radio y la televisión divulguen el mensaje de los terroristas y de quienes les dan apoyatura ideológica, otros medios de comunicación de masas pueden airear tales opiniones, don lo que el objetivo sanitario resulta derrotado por la limitación de su alcance.

Hay más: el Gobierno británico no puede impedir a los republicanos norirlandeses la difusión de su ideología durante períodos electorales ni le es factible declarar ilegal al Sinn Fein, que tiene representación parlamentaria en la Cámara de los -Comunes (un escaño que no ocupa) y sólida implantación en los municipios del Ulster (dispone del 35% de los votos de la minoría católica de Irlanda del Norte). Sería además un grave error. La mejor forma de instar a los terroristas a que abandonen la violencia y utilicen medios pacíficos para defender sus ideas no es precisamente la de impedirles la utilización de esos mismos medios. En todo caso, la decisión del Gobierno británico invita a meditar a fondo sobre las indeseables consecuencias adonde puede llevar esa lacra política del terrorismo. Resistir odiosas tentaciones constituye una primera, y tal vez decisiva, victoria.