Un ajuste en la acción sindical
Es probable que este modelo de negociación, en tanto que alejaba la complicidad de los sindicatos con la política gubernamental, haya alentado el desinterés del Gobierno hacia el entendimiento con nosotros. Pero la causa profunda del fracaso hay que buscarla en que, por muy concreto que sea el asunto, ponerse de acuerdo exige algún cambio en la política que viene aplicándose.Tras esta experiencia podríamos sentar una premisa: ni centralizada ni descentralizadamente resulta posible para los sindicatos de clase alcanzar acuerdos con el Gobierno que modifiquen su política económica siquiera parcialmente.
Se abre, pues, ante nosotros, la necesidad de ajustar la acción sindical para un período relativamente largo. Pues no olvidemos que desde los primeros tiempos de la transición a la democracia la cultura del gran pacto socioeconómico ha marcado el movimiento sindical de nuestro país tanto en lo reivindicativo como en lo organizativo.
De este ajuste destacaríamos, en primer lugar, dos aspectos: una actitud mucho más a la ofensiva en la acción reivindicativa y un cambio profundo en la relación con los trabajadores.
Que podemos ser más incisivos en la lucha reivindicativa se desprende del análisis sobre la situación económica.
Que la convencionalmente llamada crisis económica internacional está lejos de ser superada lo admite todo el mundo. También es general la opinión de que en realidad estamos asistiendo a algo de mayor entidad y duración, ligado a la revolución técnica y científica, a la nueva división internacional del trabajo y a la exigencia de una acumulación más intensa de capital para hacer frente a tales fenómenos. Que en el mundo capitalista esa sobreacumulación de capital vaya sobre todo al sector privado explica los graves efectos sociales que vivimos.
Las empresas, con todas las excepciones que quieran ponerse, han conseguido sanear su situación financiera, han reducido al mínimo indispensable sus plantillas, han recuperado generosamente beneficios y en no pocos casos los han multiplicado. Significa que, gracias a la decisiva ayuda del Gobierno, el capitalismo en nuestro país también está consiguiendo una notable y acelerada acumulación a costa de los trabajadores.
Por otra parte, es sabido que la productividad de nuestro sistema económico no ha dejado de crecer en ningún momento. Pero hasta hace un par de años su medida venía determinada por la destrucción neta de empleo. En el presente, ése no es el factor fundamental, y hay razones para pensar que tampoco lo será en el inmediato futuro" aunque en determinados sectores el empleo seguirá reduciéndose.
En cuanto a ese futuro más o menos inmediato, existen indicadores de que nuestra economía, aunque con muchas incertidumbres, altibajos y sobresaltos, podría mantener un ritmo de crecimiento algo mayor que el promedio de los países de la CE. Más allá del incremento de las inversiones propuestas para 1989 en los Presupuestos, es lógico pensar que las imperiosas e inaplazables necesidades de infraestructura, las exigencias de los Juegos Olímpicos y la Expo, la continuidad de la inversión privada ante los retos del Mercado Común, las inversiones procedentes del exterior, en unos casos para entrar por nuestra puerta en dicho mercado y en otros para hacerse con el nuestro... Es lógico pensar, repetimos, que tal concurrencia de factores mantenga ese ritmo de crecimiento algo superior quizá hasta 1992.
Es en base a esta perspectiva general que nuestro Gobierno transmita un temerario triunfalismo y una impresentable afirmación sobre todo para la izquierda, de que la política económica es no sólo la posible, sino la buena. Es temerario porque a nadie se le escapa la creciente dependencia de nuestra economía, sus graves desajustes, sus problemas de competitividad -ahí están los déficit de nuestra balanza comercial- y, en suma, las incógnitas que se abren sobre su futuro.
El coste social
Decimos también que es impresentable regodearse en la bondad de la actual política porque su coste social tiene todo el dramatismo que reflejan las cifras -del paro, de marginados y pobres, de proporción entre riqueza creada y gasto social público, de reparto cada vez más desigual de esa riqueza y, sobre todo, que las previsiones en lo social es que se mantenga más o menos la situación presente, sin descartar que alguno de sus rasgos puede agravarse si no conseguimos corregir el rumbo de dicha política.
Que la patronal está sustancialmente de acuerdo con la política del Gobierno no necesita demasiados argumentos. De ahí que hayamos de contar con que seguirá apoyándola. En cuanto a su estrategia para aumentar el beneficio empresarial, tendrá su base, como siempre, en la reducción de costes y en el aumento de la productividad. Pero si por principio hay que partir de su interés en limitar los salarios y presionar para que se reduzcan las cotizaciones sociales de las empresas, es claro que tras el citado ajuste de plantillas, saneamiento económico y mejora de beneficios, la presión a la baja sobre los salarios directos se hace más difícil que años atrás. No es casual que la CEOE haya hecho pública una oferta de superar para 1988 los topes del Gobierno si negociamos un Acuerdo Interconfederal y admitimos mayor flexibilidad en las relaciones de trabajo. Este aparente desborde, que ha levantado las iras y las amenazas del señor Solchaga, busca otro precio: la paz social. La patronal sabe, como nosotros, que los trabajadores perciben la mejoría en la situación de las empresas. Y teme que en muchas de ellas se amplíen las reivindicaciones y la conflictividad. De ahí la oferta de pactar un Al para que, por un lado, los sindicatos frenemos a los trabajadores y, por otro lado, facilitemos la aplicación de mayor flexibilidad.
En todo caso, lo evidente es que en la estrategia patronal para aumentar la productividad hay dos ejes principales. Uno de ellos es aumentar sus. prerrogativas sobre movilidad funcional y geográfica de los trabajadores sobre turnos y horarios de trabajo, sobre proporciones entre la parte fija y variable del salario, sobre congelación en unos casos y desaparición en otros de los complementos salariales, sobre utilización de las horas extraordinarias, sobre automatismo y baratura en los despidos, etcétera. El otro eje es la renovación de equipos, es decir, la aplicación de las nuevas tecnologías.
Las posibilidades de acentuar la lucha reivindicativa han quedado expuestas. La cuestión es diversificar los objetivos para que en la práctica no reduzcamos el esfuerzo a las elevaciones salariales. Tal simplificación podría conducir a que se aceptaran regresiones en las condiciones de trabajo a cambio de un poco más de dinero.
Nuestras principales reivindicaciones deben seguir siendo más y mejor empleo, mayor estabilidad en el mismo y mejores condiciones de trabajo, amén de un reparto más equitativo de la riqueza creada. Por eso, reducir la jornada, conseguir nuevas contrataciones, transformar contratos precarios en estables, mejorar la seguridad e higiene en el trabajo y ampliar el poder sindical en las empresas son cuestiones tan básicas como la mejora de los salarios, que, no obstante, debe continuar siendo uno de los aspectos importantes de la lucha reivindicativa.
Un profundo reajuste
Si hablamos de ajuste en nuestra acción sindical es porque hemos tendido, con diversas concertaciones por arriba, a obtener algo que hoy por hoy la única posibilidad es conseguirlo por en medio -sectores de la producción- y por abajo -empresas-. Por esta razón, otro de los ajustes hemos de darlo en nuestra propia estructura organizativa, absolutamente enclenque en las federaciones de industria y sus sindicatos, en tanto nos permitimos el lujo de tener aparatos territoriales relativamente desproporcionados. Necesitamos, claro está, una doble estructura -territorial y sectorial-. Pero por el tipo de acción sindical que exige la nueva situación es inaplazable un profundo reajuste en favor de una más fuerte organización por ramas de la producción y por empresas.
Todo esto guarda relación con la necesidad de plantearse muy en serio el problema de la insuficiente participación de los trabajadores en la vida sindical, entendida ésta en su sentido más amplio. Lo ocurrido en Seat es sólo un ejemplo de a dónde conduce la carencia de participación real. Y cómo, por su misma debilidad -en algunos casos también desidia-, la relación de las federaciones y sindicatos de rama con los afiliados en las empresas es escasa, cuando no inexistente, se propician situaciones como la mencionada, mezcla de burocratismo de los representantes sindicales y de concomitancias con la propia dirección empresarial.
Hay que decir que el marco negociador representado por los Al en un marco otorgado por la patronal y no una conquista sindical, lo que explica el atentismo y la pasividad con que los trabajadores acogen este tipo de negociaciones.
Su existencia ha desviado energías que deberían dirigirse a conseguir otro tipo de marco negociador, genuinamente sindical, como es el de los convenios colectivos sectoriales y articulados. Es decir, convenios para todo un sector de la producción, en los que se reducen al mínimo las cuestiones cerradas por arriba; que se enriquecen en la negociación por ámbitos intermedios y de empresa, y que, finalmente, recogen de estos ámbitos las experiencias y permiten mejores bases para el siguiente ciclo negociador. No es casual que las patronales se nieguen a este tipo de negociación y oferten Acuerdos Interconfederales.
Pero como, por razones diversas, hoy sería incomprendido negarse a discutir lo que nos propone la CEOE, corresponde por nuestra parte enfrentarlo empezando por invertir el proceso que en ocasiones anteriores se siguió en la negociación de los Al.
Como se recordará, dicho proceso se iniciaba con la constitución de la mesa y con la exposición por las partes de su respectiva plataforma reivindicativa. A partir de ahí, los medios de comunicación social y las organizaciones afectadas se encargaban de informar, se hacían algunas asambleas y, finalmente, se consultaba o no a los afiliados, según el estilo de cada cual, la firma o el rechazo de los términos en que había quedado la negociación.
Ese proceso hay que cambiarlo de raíz, en especial hasta el momento de constituir formalmente la mesa negociadora. El proyecto de plataforma reivindicativa tiene que ser discutido, enriquecido y asumido previamente por la base afiliativa, propiciando la participación del resto de los trabajadores. Tras ello debiera constituirse la mesa negociadora cuyo ritmo de discusión ha de permitir el seguimiento y, si procede, la acción de las bases.
Digamos, para terminar, que todo apunta a la necesidad de una fuerte presión y movilización de los trabajadores, pues el frente Gobierno-CEOE es sólido y fortificado.
Una condición imprescindible es que las buenas relaciones entre CC OO y UGT se mantengan. Porque, ante lo que tenemos por delante, una inflexión a peor en tales relaciones podría ser una catástrofe para todos. De ahí que reforzar aún más el entendimiento y la acción común sea la piedra de toque para el éxito de nuestra tarea.
es miembro del Secretariado de la C. S. de CC OO.
