El tribunal del 'caso el Nani' pide a Interior un permiso de armas para el oficial de la sala

El magistrado Salvador Domínguez, presidente del tribunal del caso el Nani, solicitó ayer al Ministerio del Interior que se conceda al oficial de la sala una licencia de armas, ya que, entre otras razones aducidas, custodia las pruebas de convicción acumuladas en el sumario. Por otra parte, las defensas de los policías procesados protestaron ayer por no haber podido asistir al rastreo del pantano de Guadalén (Jaén), donde un testigo dice que fue arrojado el cadáver de Santiago Corella.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzga la desparaición de Corella, pidió ayer mediante un oficio a la Dirección de la Seguridad del Estado que se conceda una licencia de arma corta al oficial del tribunal, Andrés Mañas Ruiz. Dicha solicitud parte de las amenazas realizadas contra el tribunal y los letrados de la causa, según el oficio.Otras razones aducidas para la petición son que el oficial Mañas participa en el "transporte de fuertes sumas ingresadas en Secretaría, al correspondiente banco y a la Caja General de Depósitos". "Igualmente", agrega el oficio, "se encarga de la custodia y manejo de las piezas de convicción, entre otras de armas".

Fuentes de las defensas han señalado a este periódico que algunos letrados de los agentes tienen intención de renunciar, en la vista oral del próximo martes, a la escolta policial que les fue puesta el pasado jueves y solicitar también a través de la sala un permiso de armas.

En la sesión de ayer del juicio, los abogados defensores de los agentes procesados protestaron por no haberse efectuado el rastreo del pantano jiennense de Guadalén en presencia de los letrados personados en la causa. En dicho embalse finalizó ayer el sondeo realizado por efectivos del equipo de submarinistas de la Guardia Civil en busca del cadáver de un varon adulto.

El testigo Luis Miguel Rodríguez Pueyo testificó ante la sala que el aristócrata Jaime Messía Figueroa y un policía -del que no pudo concretar su identidad- arrojaron en el mencionado pantano el cadáver de Santiago Corella el 13 de noviembre de 1983.

Manuel Tuero, abogado de los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y José María Pérez Gutiérrez, anunció su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo por esa "omisión". El letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, se adhirió a esta petición de su colega y pidió la "nulidad de lo actuado".

"Extrañeza"

Por su parte, el fiscal del caso, Fausto Cartagena, criticó la posición de las defensas, mientras el representante de la acusación popular, Jaime Sanz de Bremond, mostró su "extrañeza" ante el hecho de que los letrados no hubieran presentado su protesta cuando el tribunal ordenó el rastreo del pantano.

El presidente del tribunal acordó extender oficios a las partes que lo requieran por si desean viajar al pantano.

La sesión de ayer finalizó con una nueva protesta de las defensas por el "tono" utilizado por el magistrado Salvador Domínguez en algunas de sus respuestas a dichos letrados. El magistrado Domínguez lamentó haber dado a los abogados dicha impresión y aseguró que su único interés era evitar que se paralizase el desarrollo de la vista.

Aparte de las discusiones de los letrados, la vista oral de ayer fue consumida fundamentalmente con el testimonio del perito calígrafo Andrés Meiniel, quien considera que todas las firmas atribuidas a Santiago Corella en los atestados policiales son auténticas.