Más de 16.000 denuncias por malos tratos conyugales a mujeres se presentaron en 1987 en España
Dieciseis mil quinientas denuncias por malos tratos físicos y psíquicos a más fueron presentadas durante 1987 en las comisarias españolas, según informó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado la directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo. El pasado 89 mujeres murieron a manos de sus maridos o parejas. Bustelo criticó las reticencias de las fuerzas de seguridad ante este problema, particularmente de la Guardia Civil, "que aún ignora si es procedente aceptar las denuncias o se niega a hacerlo por entender que es cuestión que pertenece a la esfera privada del matrimonio".
Estas cifras, según aclaró la propia Bustelo ante los senadores, se hallan por debajo del nivel real de malos tratos que se producen, ya que en muchos casos las mujeres no plantean denuncias por presiones del entorno, desconocimiento de sus derechos o por falta de recursos con que atender a su propia supervivencia sí tienen que abandonar el domicilio conyugal. De las 16.500 agresiones conyugales denunciadas en comisaría por mujeres, 1.200 correspondieron a delitos, y no faltas, a tenor de que las lesiones causadas tardaron más de 15 días en curarse. El propio Instituto de la Mujer, según su directora, atendió el año pasado 2.184 consultas relacionadas con malos tratos infligidos por el hombre a su compañera y, en ocasiones, hijos. Bustelo destacó la "mejora ostensible" en la actuación de la policía en su atención a las maltratadas, hasta el punto de que en determinadas comisarías existan servicios esenciales formados exclusivamente por funcionarias para llevar las diligencias de estos casos.
No obstante, matizó este elogio a la policía: "En algunas inspecciones de guardia en número muy reducido siguen intentando convencer a los denunciantes de que por su bien desistan de su propósito de realizar la denuncia. También en algunas inspecciones de guardia hay una negativa sistemática a entregar a la interesada el resguardo de la denuncia formulada".
Desprotección a la víctima
Por último" agregó en este capítulo de críticas a la policía, "es regla generalizada que la actuación policial se limite a recibir la denuncia y remitirla al juzgado y no se acompaña, salvo en algunas ocasiones, a las mujeres a recoger sus enseres al domicilio incluso cuando solicitan protección frente a amenazas o coacciones, no procediéndose tampoco, salvo muy raras veces, a la detención del agresor, incluso cuando las denuncias son reiteradas o llega a existir amenaza de muerte, cuando éste es el marido de la denunciante". Tampoco ahorró críticas al comportamieno judicial sobre este punto. Señaló que existe un "exceso" de sentencias absolutorias por falta de pruebas, debido a la tardanza en la realización del informe del forense y apuntó que la mayoría de las sanciones son económicas, lo que, a su juicio, repercute negativamente sobre la propia víctima, "que paradójicamente acaba pagando la mitad de la multa, dado que el régimen más frecuente es de la sociedad de gananciales".
Amén de la lentitud judicial, Bustelo señaló que las sentencias y la actitud de algunos jueces parten "en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, de una serie de prejuicios tendentes a quitar importancia a esas agresiones".
Para contrarrestar esta actitud, propuso "hacer un esfuerzo de diálogo con los que administran justicia para estudiar lo que está pasando". Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer, se quejó de que Ayuntamientos, diputaciones provinciales y Gobiernos autónomos apenas han impulsado programas de atención para la mujer que sufre malos tratos.
"Se ha hecho relativamente poco y no es justificación decir que no hay recursos suficiente, simplemente con aplicar lo recursos existentes en esa dirección se podría hacer bastante más de lo que se ha hechos".
La Comisión de Derechos Humanos del Senado recabó la comparecencia de Carlota Bustelo con vistas a recopilar datos sobre malos tratos a mujeres, cuestión sobre la que actualmente elabora un informe que será debatido en su día por el pleno de la Cámara alta.
