La rocambolesca historia de la liberación del 'capo' Jorge Luis Ochoa

Dos jueces escribieron resoluciones en contra de la ley. Tres funcionarios de la Dirección General de Prisiones, -entre ellos el director, Guillermo Ferro, que ayer fue suspendido por 30 días por el presidente Virgilio Barco- cometieron graves fallos administrativos, desde omisión de funciones propias de sus cargos hasta atribución de facultades que no les eran propias. Con estas irregularidades, según un informe de la procuiaduría, se montó el engranaje que dio como resulta do la libertad de Jorge Luis Ochoa, señalado por EE UU como uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

Desde el mismo día de su detención, el 21 de noviembre pasado, muchos intercedieron por la libertad de Ochoa. Hasta el lugar en donde fue capturado llegó una delegada de la procuraduría (Fiscalía General del Estado) para informar que la detención era injusta, pues no existía acción judicial contra él. La funcionaria fue destituida y hoy es investigada. Luego, estando bajo estrictas medidas de seguridad en una brigada del Ejército, Ochoa intentó huir. Así lo reveló el ministro de Justicia hace días. El Gobierno intervino y el plan fracasó.Pero fue una decisión del ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, la que inició la cadena de acciones que tuvo un final feliz para Ochoa: el 30 de diciembre el cabecilla de la mafia salía de prisión. Trece días antes, Low Murtra revocaba la orden de captura con fines de extradición formulada contra Ochoa. La razón fue que en Medellín se cursaba otro proceso por narcotráfico contra el detenido. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Fue la propia familia de Ochoa la que desempolvé este proceso de 1985. La solicitud de revocación fue cursada por los abogados del narcotraficante. Existía un expendiente de investigación contra Jorge Luis Ochoa iniciado por la juez 45 de Medellín, Ana Cristina Cadavid. Curiosamente, esta funcionaria, un día antes de la liberación de Ochoa y sin haberse realizado la indagatoria, expidió un certificado en el que constaba que no existía orden de captura contra el detenido y que éste gozaba de libertad condicional. Ello abrió el camino para que el juez 71 de instrucción criminal de Bogotá, Andrés Montañés, apelara al recurso de habeas corpus y se presentara en el penitenciario La Picota con el documento para la libertad.

Los minutos finales de la história están cargados de acción. Con la orden de excarcelación en sus manos, el director de la prisión, Álvaro Camacho, se comunicó con el ayudante de la Dirección de Prisiones, Benjamín Bustos. Éste ordenó que se esperara hasta que Guillermo Ferro, director de Prisiones, diera la correspondiente orden. Pero Ferro, tal vez por casualidad, estaba en ese momento atendiendo un motín de presos en otra cárcel. Cuando llegó a La Picota ya era tarde.

Un ministro muy legalista

La semana pasada, el diario El Tiempo denunció que una mentira del director de La Picota fue el toque final que permitió a Ochóa gozar de un año nuevo sin deudas con la justicia. Ocurrió así- el Ejército, enterado de los hechos, envió una patrulla de la Escuela de Artillería para rodear la prisión. Camacho dijo entonces al comandante del destacamento que el detenido estaba en su celda y que no existía orden de libertad a su favor. La patrulla se retiró y media hora después el propio director del penal y el juez 71 acompañaron al preso más vigilado del país al salir por la puerta grande de la cárcel más segura del país. Hoy se cuestiona la actitud de todos los protagonistas de esta historia.Hasta el ministro de Justicia es investigado para determinar si existen motivos para demandarlo ante la comisión de acusaciones de la Cámara. Para muchos, el único delito de este hombre de apariencia bonachona y movimientos nerviosos es ser extremadamente legalista.

La actuación de la juez 45 de Medellín, Ana Cristina Cadavid, según las investigaciones preliminares, es contradictoria. Se le acusa también de falta de eficacia en el manejo del caso en el que no sólo está implicado Ochoa sino otros cabecillas del cártel de Medellín. La funcionaria asegura que este proceso no ha prosperado por falta de pruebas. Los cargos contra los narcotraficantes son: concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidios. Las pruebas -dice Ana Cristina Cadavid- fueron solicitadas a Estados Unidos y a España y aún no hah sido enviadas.

El 29 de diciembre pasado, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Juan David Ochoa se presentaron ante la juez; y prestaron declaración durante siete horas. "No los detuve porque no había pruebas contra ellos", afirmó la funcionaria. Hoy los tres son buscados en toda Colombia y en los países vecinos.

El juez 71 de Bogotá, Andrés Montañés, el que finalmente dio la orden de libertad.para Ochoa, está acusado por prevaricación. -Se asegura que utilizó mal el habeas corpus, pues este recurso no se puede aplicar a personas que cumplen condena. Y Jorge Luis Ochoa tenía pendiente una pena de 20 meses por contrabando de reses de lidia. Montañés sumé los meses que Ochoa estuvo de temido en España (de noviembre de 1984 a julio de 1986) y los retazos de condena pasados en Cartagena y Bogotá, y decidió que la pena estaba cumplida Este mismo juez tuvo en sus manos, hasta hace dos días, la in vestigación por el asesinato de Guillermo Cano, el directordel diario El Espectador, ocurrida hace -un año. Andrés Montañés libró de toda culpa a los 15 señalados como los autores intelec tuales del crimen, entre ellos a tres capos de la mafia: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Evaristo Porras.

Aún no se han unido todos los hilos de esta enmarañada historia. Muchos juristas aseguran que todos sus protagonistas actuaron legalmente. No es la primera vez que se teje un plan así. Los abogados de Ochoa lo han utilizado en dos ocasiones para salvarlo de lo único a lo que parece tener miedo el narcotraficante: la extradición a Estados Unidos. Cuando fue detenido en España, sus abogados apelaron a todo para que se favoreciera la solicitud de extradición de Colombia sobre la formulada por Estados Unidos. Lo lograron, y un mes después un juez de Cartagena lo dejó en libertad.

El viernes pasado, un noticiero de televisión reveló un documento del cual se deduce que en esa ocasión se repartieron muchos millones de pesos. En la lista de favorecidos figuran cuatro destacados juristas, todos ellos integrantes del pool de abogados de Ochoa, y un senador.