Las bases frías
Desde el año 1953, España y EE UU se plantean las formas más adecuadas para proseguir sus relaciones militares, dentro de una óptica bilateral muy peculiar. El sábado se inicia el plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre la renovación, pero ya el Gobierno español ha comunicado al norteamericano que no quiere la prórroga automática. El autor explica el panorama de la negociación.
No es necesario recordar el núcleo de circunstancias que, en el lejano 1953, propició la entrada del general Franco en el juego estratégico de la guerra fría, ni tampoco el impulso nacionalista del ministro Castilla que provocó su defenestración. En el mes de enero de 1976, las circunstancias eran muy otras: el tratado logrado por el ministro Areilza era más el respaldo a una operación -interior, el apoyo a una salida democrática a la dictadura recién desaparecida, que una simple renovación de los anteriores convenios; aunque, en su contenido concreto, no fuese más que una continuación del modelo convencional franquista, salvo la salida de los submarinos nucleares de la base de Rota, que, por lo demás, habían devenido obsoletos.La consolidación del sistema democrático debería haber planteado nuestras relaciones con Washington de forma sensiblemente distinta; lamentablemente, no fue así. En julio de 1982, el Gobierno de Calvo Sotelo firmaba un nuevo Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación, que no variaba sensiblemente el contenido de los anteriores: se mantenían intactas las cuatro bases militares, amén de las numerosas instalaciones de apoyo, que, en su conjunto, aparte una hipotética defensa conjunta, se ponían al servicio de los objetivos superiores de la Alianza Atlántica; conjunto pertrechado con una dotación de 12 militares norteamericanos. Destaca, en el material anexo, la prohibición del "sobrevuelo de España por aeronaves con armamento y material nuclear a bordo", aunque no se dice otro tanto de los buques dotados de propulsión nuclear o con armamento de este tipo. Lógicamente, el convenio y sus anexos documentales han de ponerse en relación, no sólo por su contenido, sino también por las escasas fechas que separaron a un texto de otro, con la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte, realizada el 29 de mayo de 1982. Para nadie es un secreto que se trataba de una carrera contra los resultados electorales que ya se presagiaban para el otoño de 1982. El convenio de UCD sería ratificado por unas Cámaras de mayoría socialista, junto con un protocolo añadido, que entraría en vigor en la misma fecha, el 14 de mayo de 1983, y que en la actualidad ha cobrado toda relevancia. Se trata de un texto muy breve en los que se vincula y hace depender el futuro de la relación bilateral hispanoestadounidense con el grado de compromiso alcanzado por España con la OTAN.
A partir de estas fechas, se abre un nuevo período de vigencia del convenio que en mayo de 1988 llegará a su fin. En este período ha sobrevenido un hecho de importancia fundamental: la aprobación en referéndum de la permanencia de España en la Alianza Atlántica, pero matizada con tres condiciones específicas. Sería absurdo reabrir la polémica acerca de la entidad del compromiso adquirido por el Gobierno de Felipe González con la opinión popular; sena improcedente señalar que las obligaciones morales están por encima de los recovecos jurídicos. Lo importante es subrayar que las tres condiciones que propiciaron el sí aún están por realizar. Se mantiene la indefinición con respecto a la estructura militar de la Alianza Atlántica; la adhesión al TNP es un paso importante, pero no suficiente, ya que la no desnuclearización del territorio español también concierne al tránsido de armas nucleares por nuestro territorio, y, en último lugar, ahora llega la hora de honrar el tercer compromiso: "La reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España". Se plantea en el momento oportuno y en la situación correcta.
Cumplir el referéndum
Nadie pone en tela de juicio los resultados del referéndum; se exige, simplemente, su cumplimiento. Ahora reverdece el tema de las bases americanas, aunque se titulen de utilización conjunta. Casi podría decirse que la ausencia de conciencia atlantista incrementa las dosis de antiamericanismo en la opinión. Las bases nunca fueron populares en España; ni bajo el franquismo, ni con la democracia. La anunciada reducción de la presencia extranjera es hoy día un clamor nacional. La pertenencia de España a la Alianza Atlántica permite suponer que sería correcto modificar la relación bilateral que cubría una carencia mediterránea en la estrategia norteamericana; aunque alguien recuerde que hay otros países europeos con un doble compromiso análogo; pero se trata de situaciones que se produjeron en coordenadas políticas y en coyunturas específicas muy distintas de las actuales.La rigidez de Washington a lo largo de las negociaciones, para su posible modificación o revisión, nos emplazan, al no operar ya la prórroga automática, ante un apretado período de seis meses, hasta mayo de 1988, en el que forzosamente habrá que contar con el texto de un convenio diferente, si es que ambos países aspiran a continuar sus relaciones defensivas militares.
Posiblemente, la clave de la cuestión, como en toda negociación, consista en el valor que cada una de las partes otorgue al referéndum celebrado en 1986 en España. Al margen de la opinión de Washington, para el Gobierno español es un severo compromiso contraído con su pueblo y, en última instancia, afecta a tema tan esencial como es el de nuestra propia soberanía nacional. Cuestión colateral es el saber qué debe entenderse por reducción progresiva; resulta evidente, por su propio enunciado, que no se trata de una eliminación total e inmediata de la presencia militar norteamericana; aunque la idea de progreso. deba ser la de un proceso en marcha hacia una meta concreta. Todo parece apuntar a la aplicación de una estrategia por etapas, habiéndose centrado la negociación hasta ahora en la retirada de todos los F-16 de Torrejón, así como la de los aviones nodriza con base en Zaragoza. No es creíble que ninguno de estos grupos de aeronaves cumplan funciones de defensa conjunta y, aún menos, del territorio español. Algún que otro incidente en el Mediterráneo y en el Oriente Próximo avalan la hipótesis anterior. En otras palabras, su retirada no es una pretensión desmedida.
En consecuencia, es correcto. suponer que tal propuesta estará nuevamente sobre la mesa de negociaciones en los próximos seis meses, a los que incluso podría sumarse la reducción de la base de Torrejón. Alcanzar estos logros sería una reducción progresiva de la presencia extranjera en territorio español. Ciertamente, no lo deseable; pero quizá sí lo posible, aquí y ahora.
Por último, hay otros datos que no pueden minusvalorarse. La posición actual de España en el escenario internacional es sensiblemente mejor que la vivida en la primavera de 1982. Miembro de la Comunidad Europea y de la Alianza Atlántica, no puede seguir recibiendo de Washington el mismo trato que cuando era una dictadura autoritaria, reliquia del fascismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial. España es, tiene que ser, un aliado entre iguales. Tampoco es un dato menor el clima de distensión alcanzado en Europa con el diálogo' Reagan-Gorbachov. La desnuclearización que se inicia en Europa no puede interpretarse por EE UU, ni aceptado por España, como un obligatorio reforzamiento convencional en el que España desempeñase nuevamente la tarea menesterosa de retaguardia del hegemón occidental.
Todo apunta, en consecuencia, a un convenio bilateral que nada tenga que' ver con los concluidos desde 1953. Es decir, que, por vez primera, sea beneficioso para ambas partes, sin ningún género de tratamiento discriminatorio; en el que, por lo demás, la reducción progresiva sea un hecho inequívoco y papable. De no reunir estas características el futuro convenio, habrá llegado el momento de plantearse una cuestión mucho más trascendental: el interés que para España y para los españoles tiene el mantenimiento de una relación desigual que pertenece al pasado. La defensa colectiva de Europa no pasa necesariamente por el dictado de Washington; máxime cuando el Gobierno socialista se ha pronunciado por la opción europeísta.
