El Gobierno necesitará habilitar 260.000 millones para financiar la deuda de Rumasa con el Exbank

El Gobierno deberá hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación de la deuda que Rumasa mantiene con el Exbank, que el 30 de junio próximo alcanzará una cifra superior a los 259.000 millones de pesetas. El Ejecutivo tiene dos posibilidades de actuación: acudir a un crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o efectuar una nueva emisión de deuda pública, como la realizada en julio de 1984 por importe de 400.000 millones de pesetas. Esta cifra de endeudamiento financiero no es el déficit final de Rumasa ni el coste de la operación expropiatoria.

La necesidad de financiar ese endeudamiento se deriva de la realidad de que los compromisos de Rumasa y su grupo son a corto plazo, y que la sociedad no genera recursos suficientes para atender su deuda con el Exbank. Esas deudas de Rumasa con el Exbank son de exigibilidad inmediata (plazo de un año), y para hacer frente a las mismas el Gobierno tendrá que acudir a la fórmula de un crédito extraordinario, o acudiendo a una nueva emisión de deuda pública, como la que ya se efectuó por importe de 400.000 millones de pesetas, mediante el Decreto Ley 8/84, de 29 de julio. El Ejecutivo está sopesando esta alternativa, sobre la que aún no ha tomado decisión, aunque lo razonable parece ser acudir de nuevo al sistema de la deuda, que debe ser sin intereses para Rumasa si se quiere resolver el problema, ya que la sociedad genera pérdidas.De acuerdo con las respuestas del Gobierno a las preguntas formuladas en su día por el diputado de Coalición Popular, Luis Ramallo, sobre el coste de la operación Rumasa, el déficit contable patrimonial del grupo en julio de 1984 "en ningun caso era inferior a 400.000 millones", por lo que el préstamo sin interés por igual cuantía recibido por Rumasa del Estado como consecuencia de la citada emisión de deuda, "no permitió la capitalización del grupo sino, como máximo, la cobertura de su déficit contable". En consecuencia, el grupo Rumasa ha continuado funcionando sin recursos propios, gracias a la manguera del Exbank.

Proveer fondos

El Exbank, propiedad al 92% de Rumasa y único banco de los 19 de holding de la abeja que no fue reprivatizado para dedicarlo a proveer los fondos necesarios al grupo, se financia mediante una póliza de crédito abierta en el Banco de España y acudiendo al mercado del dinero. El endeudamiento de Rumasa con el banco genera unas obligaciones mensuales en forma de intereses de casi 3.000 millones de pesetas.

Como consecuencia de ese funcionamiento, la deuda viva de Rumasa con el Exbank será a 30 de junio próximo los ya citados 259.000 millones, resultado de las operaciones de venta de, empresas, los saneamientos previos efectuados y las necesidades del día a día.

Esta deuda de Rumasa con el Exbank no debe ser confundida con el déficit de Rumasa o lo que es lo mismo, el coste de la operación expropiatoria. En números redondos, ese déficit se desglosa en dos grandes partidas: los 400.000 millones de deuda citados, más los 260.000 que será preciso instrumentar ahora. En total, 660.000 millones de pesetas.

Coste final

A esa cifra hay que restar la cantidad que Rumasa espera recuperar como consecuencia de la reprivatización de empresas del grupo, del orden de 65.000 millones -proceso que se alargará hasta 1995, en virtud de los contratos suscritos entre Rumasa y los compradores-, y en torno a 100.000 millones que la Rumasa estatal ha ingresado en cuotas a la Seguridad Social y la Hacienda pública. El resultado, en números redondos, viene a ser ese medio billón de pesetas a que tantas veces se ha aludido.

Como consecuencia de las obligaciones y derechos derivados de la gestión de los contratos de compraventa de empresas, más la multiplicidad de pleitos que mantiene en España y en el extranjero, Rumasa deberá seguir existiendo jurídicamente al menos hasta 1995, fecha límite de tales contratos.

Su existencia futura, sin embargo, será más plácida, parcialmente limitada al cobro de las cantidades adeudadas por los compradores de empresas.