La victoria sobre el sentido común

La formulación de una política de avance social, una vez concluido el proceso de consolidación de un Estado democrático en nuestro país, debe vencer algunos argumentos que parecen estar dictados por el más aplastante sentido común. Se dice, por ejemplo, que no todos los apoyos sociales que recibió el PSOE en 1982, y que se revalidaron como auténtico voto de confianza en 1986, estarían disponibles para algo distinto de. esa tarea, verdaderamente nacional, suprapartidaria, que ha sido la consolidación, en España de un Estado democrático.Sería algo así como volver a traer a colación aquella teoría del préstamo de votos que estuvo en boga en los días que siguieron al triunfo electoral socialista de 1982.

Pero los resultados de junio de 1986 han invalidado en buena medida aquel argumento. Esos resultados hacen pensar más bien que en tomo al PSOE se ha aglutinado un amplio bloque social progresista que está dispuesto a recorrer el camino hacia un Estado y una sociedad democrática avanzada tal como anuncia el preámbulo de la Constitución. Un camino que ha quedado expedito tras los hitos salvados en los últimos cuatro años.

Para muchos españoles, el paradigma de ese modelo social y político se halla en los países avanzados del norte de la Europa comunitaria. Bien sea desde la experiencia de los grandes movimientos migratorios de los, años sesenta y setenta, bien desde la que los viajes e intercambios de todo tipo han supuesto para otros, sectores muy amplios de la sociedad española han tenido ocasión de percibir el fuerte contraste que ofrecía el panorama de la sociedad y de las instituciones en España y el de nuestros vecinos europeos más afortunados.

Pues bien, incluso entre los que aceptan que ése es precisa mente el desafío que tenemos ante. nosotros, se argumenta con frecuencia que el proceso que ha llevado a esas cotas de bienestar sólo es abordable en épocas de expansión económica. Se trata de políticas de re parto del excedente. En tiempos, de crisis, se dice, cuando el excedente se reduce o_desaparece, no hay espacio para este tipo de políticas, y es preciso esperar tiempos mejores. La mejor política es entonces aquella que prepara la reactivación. De este modo, la política económica se convierte en la política principal, cuando no en política, a la que las demás quedan subordinadas. Detrás de esta argumentación se esconde un cierto número de inexactitudes históricas y, en cualquier caso, una concepción,reduccionista de lo que podríamos llamar la obra histórica de la socialdemocracia europea.

En primer lugar, no es cierto que las políticas sociales se hayan gestado en épocas de expansión, sino, justo al revés, en momentos de crisis: a'comienzos del siglo XX y durante la crisis de los años treinta, como recordaba no hace mucho Virgilio Zapatero. :

En segundo lugar, el legado socialdemócrata, definido en toda su amplitud, es algo más que una política de mejoras sociales: es una obra de profundización de la democracia y constituye, por tanto, un legado político en el más' estricto sentido de la palabra. Es decir, que ha afectado a las relaciones de poder en aquellas sociedades donde se ha desarrollado cumplidamente, en el sentido de incrementar la influencia social, política y económica de las capas populares de la sociedad, frente a las oligarquías que allí, como en toda Europa, monopolizaban el poder del Estado liberal en el pasado siglo y a comienzos de éste.

Los muy diferentes grados de, democratización de la vida económica y política entre los países del norte y del sur de Europa no se explican sin la muy diferente, presencia que en la evolución histórica reciente de unos y otros han tenido los sectores populares. Conviene. recordar el dato de que los socialistas entran por primera. vez en el Gobierno en los días siguientes a la I Guerra Mundial en países como Bélgica y Austria, y sólo en los años setenta y ochenta de nuestro siglo en Portugal, Grecia o España.

Cualquier intento de desconocer estos hechos y de intentar subsumir nuestras perplejidades en las que afectan de modo general a la izquierda europea, es un síntoma o de ignorancia o de provincianismo político e intelectual.

Uná variante del segundo de los argumentos mencionados consiste en recordar la evidencia de que los recursos del Estado son limitados y que por tanto la construcción del Estado del bienestar (por seguir utilizando la expresión acuñada a pesar de su insuficiencia) tiene que hacerse paso a paso, con el margen que dejan disponible las otras atenciones a que debe responder el Presupuesto.

La fuerza de ese argumento disminuye si se considera que tanto los recursos del Estado como las atenciones a que se dedican son obra, no de la naturaleza inmutable, de las cosas, sino del modelo de Estado históricamente cristalizado en cada país.

En el nuestro se ha producido a lo largo de una evolución impregnada por las. dos dictaduras que ocupan, juntas, dos tercios de lo que llevamos de siglo, un cierto esquema en cuanto al modo de obtención y al montante de los recursos, así como sobre su utilización.

En contraste con las democracias avanzadas del norte de Europa, el modelo español ha consagrado, en cuanto al primer aspecto, un sistema fiscal regresivo, que pesa más sobre el conjunto de los asalariados que sobre el resto de los estamentos sociales y que conlleva además una importante dosis de fraude fiscal.

En cuanto al segundo, ha implicado la preterición de los gastos sociales y de los servicios públicos (incluyendo algu, nos tan esenciales como la justicia) en favor de1as necesidades de una clase empresarial a la que toda suerte de debilidades culturales, técnicas, financieras y comerciales han convertido, en una buena parte, en un estamento parasitario del Estado.

Todo ello se ha venido justificando en base a un nacionalismo económico que después de vivir largo tiempo amparado por la fuerza de las armas, pervive ahora apoyado en la de la inercia. ¿Cómo entender si do las pretensiones de mantener algunos de esos esquemas -en un momento de acelerada internacionalización de nuestra economía? ¿Qué legitimidad puede pretender, desde el lema de la protección de la industria nacional, la canalización de fondos públicos hacia firmas como ITT, CGE o ATT, o la financiación del saneamiento de empresas como Hispano Alemana para propiciar su trasvase al grupo Fiat o al Aresbank.?

A pesar de los cambios de estos años, aún no se ha producido la sustitución de la estructura del sistema fiscal, incluyendo el fraude estructural, que constituye uno de los factores limitativos (de carácter histórico y político, que no técnico) de los recursos del Estado.

En cuanto a los efectos de la política de ayudas a las empresas, baste recordar los datos, conocidos por primera vez en éstas semanas, de un estudio del Banco de España: 2,5 billones de pesetas para 1985. Esto es, un 25% del Presupuesto del Estado de este año y un 9% del producto interior bruto (frente a un 1,4% en el caso de Francia, que no es precisamente un caso de no intervención a escala europea).

La conclusión que ofrecen los datos que venimos manejando es que el margen para realizar una política de progreso social, aquí y ahora, existe, pero exige una reestructuración del ingreso y del gasto del Estado, y, en definitiva, dada la situación de que partimos en España, un nuevo modelo de crecimiento económico.