La crisis cántabra
Los INCIDENTES ocurridos a mediados del pasado mes de marzo en Reinosa y reproducidos ahora con un balance igualmente dramático de heridos y contusionados no pasarán a la historia como modelo de sindicalismo responsable y comportamiento maduro de unos trabajadores en defensa de sus reivindicaciones. La violencia allí exhibida más bien revela las contra dicciones de una clase obrera con escasa tradición reivindicativa y propensa, por ello mismo, a explosiones episódicas de radicalismo. El hecho de que situaciones similares, aunque de menor gravedad, se hayan reproducido posteriormente en otros puntos de Cantabria, en un singular fenómeno de mimetismo regional, concuerda con el de una sociedad genéricamente conservadora, con escasa tradición de luchas obreras y bajo nivel de afiliación sindical, y en la, que los límites entre la mentalidad de la vida urbana y los hábitos de la vida rural están insuficientemente trazados. Pero las imágenes del despropósito de Reinosa suponen un toque de atención para entender hasta qué punto puede ser Cantabria un escenario simbólico de la crisis larvada existente en muchas regiones españolas confrontadas al drama de la reconversión de unas industrias a las que la falta de reinversión ha tornado obsoletas, sin que de ello quepa responsabilizar a los trabajadores que sufren las consecuencias. A los efectos generales de la crisis y a los más concretos de la reconversión en Cantabria se añade el derivado de tratarse de una región relativamente próspera hasta fecha bien reciente y que figura hoy entre las que han experimentado un retroceso más sensible en la escala de renta per cápita.
En la misma posición desfavorable se encuentran otros índices, como el del crecimiento anual acumulativo del PIB (producto interior bruto) o el del PIB industrial, lo que explica, entre otras causas, el constante descenso en los últimos años del porcentaje de participación de Cantabria en la producción nacional. A este panorama ha venido a unirse el impacto negativo que la entrada de España en la Comunidad Europea ha supuesto en el sector lácteo, que representa aproximadamente el 50% de la producción final agraria de la región y que es como una metáfora de la propia prosperidad de Cantabria.
Los cántabros se quejan de un trato discriminatorio en los planes elaborados por el Gobierno central para la reindustrialización de las zonas sometidas a la reconversión. Alegan que el número de puestos de trabajo perdidos en su región por este motivo es comparable, en cifras relativas, al producido en regiones limítrofes que, sin embargo, se han visto favorecidas con la declaración de zonas de urgente reindustrialización (ZUR). Por otra parte, la inversión a cargo de los Presupuestos Generales del Estado ha pasado en el ejercicio de 1985-1986 de 8.141 millones a 6.541 millones, y la financiación a través del Fondo de Compensación Interterritorial se mantiene en niveles constantes, lo que de hecho significa un descenso.
Pero tanto o más que a factores externos, los cántabros deberían dar mayor protagonismo a su capacidad inversora en la tarea de salir a flote de la crisis económica. Todos los datos coinciden en que Cantabria, como otras regiones españolas, exporta capital, que coloca, en un gran porcentaje, en la renta fija y no en la inversión. Ello explica que más de la mitad de sus trabajadores presten sus servicios en empresas que tienen sus centros de decisión en Madrid, Cataluña y Euskadi. Es probable que las acciones desesperadas de los habitantes de Reinosa sirvan para que el Gobierno central se decida a declarar a esta población y a su comarca como zona prioritaria de reindustrialización con las ayudas procedentes de la CE. Pero los propios cántabros pueden aprender la lección de su crisis y empezar a mirar a sus posibilidades inversoras como el camino más seguro para superarla.
