Fracaso de la CE en su intento de liberalizar el transporte aéreo en Europa
Los ministros de Transportes de los doce se separaron ayer, al término de dos días de reunión, sin alcanzar un acuerdo, y la actual presidencia británica de la Comunidad Europea (CE) concluirá probablemente en diciembre sin haber logrado uno de sus principales objetivos: liberalizar el transporte aéreo en Europa. El titular británico de la cartera de Transportes, John Moore, no disimuló su "decepción" por no haber conseguido sentar las bases para "poder dar un primer paso que permita liberalizar completamente ese mercado en 1992 y ofrecer así un mejor servicio a los usuarios".
Moore se preguntó incluso públicamente si "valdría la pena volver a debatir el tema" en el último Consejo de Transportes de la presidencia británica, que tendrá lugar en diciembre, y fuentes allegadas al ministro del Reino Unido daban a entender que la única vía que permanece ahora abierta es el recurso al Tribunal de Justicia europeo, ante el que podrían ser denunciadas las compañías de bandera por infringir la legislación sobre la libre competencia. La Corte de Luxemburgo tardaría por lo menos dos años en pronunciarse.Los británicos ponen como modelo desregulador el acuerdo instaurado dentro de Gran Bretaña o entre este país y Holanda. Diecinueve compañías enlazan ahora a estos dos países y en los nueve primeros meses el número de pasajeros aumentó en un 18%.
Aunque no tenga la intención de llevar a cabo esta amenaza velada y decida, no obstante, inscribir el asunto en el orden del día de la reunión del mes próximo, las posibilidades de obtener un compromiso parecen escasas, a causa del alejamiento de las diversas posturas puestas de manifiesto durante estos dos días de discusión.
Reparto de asientos
Los doce ministros prácticamente se pusieron de acuerdo ayer y anteayer sobre la supresión del reparto a la mitad entre líneas aéreas y en vuelos intereuropeos de la oferta de asientos que podrá, durante los dos primeros años, situarse en un 45%-55% y, a menos que el Consejo no decida lo contrario, alcanzar al tercero el 40%-60% a favor del más dinámico. Las compañías que resultasen excesivamente perjudicadas por este desequilibrio podrían pedir la aplicación de una cláusula de salvaguardia.
En cuanto al precio de los billetes existía también un relativo consenso para autorizar nuevos descuentos que oscilasen entre el 10% y el 35% y el 35% y el 55% de la actual tarifa económica, pero las discrepancias surgieron cuando intentaron definir los requisitos que den derecho a rebaja.
El tercer punto del lote presentado por Gran Bretaña, el acceso al mercado, enfrentó aún más a los asistentes al Consejo, que en su mayoría rechazaron permitir enlazar libremente aeropuertos de primera categoría de la Comunidad con otros regionales de segunda y tercera categoría. "Nada menos que 27 nuevos aeropuertos españoles serían entonces directamente accesibles desde Londres", argumentó el ministro español Abel Caballero, para explicar su disconformidad con la propuesta.
Junto con Grecia y Dinamarca, España fue uno de los tres países que más se opuso a las tesis del Reino Unido, respaldadas por Irlanda y Holanda, mientras los demás mantenían una postura intermedia más cercana, sin embargo, a la presidencia británica. La aprobación de la liberalización requiere la unanimidad hasta, por lo menos, la entrada en vigor del Acta única europea.
El rechazo de Madrid obedece al deseo de proteger a la compañía de bandera frente a sus rivales europeas más eficaces, aunque Caballero estimó que Iberia "ya tiene un razonable nivel de competitividad que debe aún mejorar". El ministro español recordó una vez más que España es el país más "liberalizado" del Viejo Continente porque el 80% de los vuelos "charter", que suponen el 75% del tráfico aéreo español, está en manos extranjeras.
