La nueva fórmula es positiva, pero todavía resulta perfeccionable
Como muestra de la voluntad de una amplia mayoría de las fuerzas políticas, la Constitución de 1978 posibilitó la creación de comunidades autónomas con amplía autonomía política y financiera. Fue una respuesta positiva a la persistente reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia Luego, el estatuto vasco incorporó el modelo especial del Concierto Económico, y fue en el estatuto catalán y la LOFCA donde se diseñó un marco general para la financiación autonómica de acuerdo con las teorías más modernas de federalismo fiscal.La voluntad autonómica del poder central en el período 1977-80 se vio truncada después por actitudes como las que llevaron a la LOAPA y a la iniciativa de generalizar -de forma un tanto forzada- las autonomías. A medida que se iba desarrollando el modelo de financiación transitorio, se hicieron evidentes restricciones económicas crecientes: infravaloración de las cargas asumidas por las comunidades transformación del porcentaje de participación en impuestos del Estado en un "porcentaje deslizante" (para evitar la llamada sobrefinanciación); se pasó a distinguir entre "inversión de reposición" e "inversión nueva", financiando ésta con los recursos del fondo interterritorial, cuando éste debía fomentar exclusivamente el desarrollo regional...
En 1984, insatisfecha y conscientes de que aquel no era el sistema de financiación transitorio que se había concebido al aprobar su estatuto, todas las fuerzas políticas catalanas denunciaron el sistema, y la Generalitat pidió pasar a un sistema de financiación definitivo. Simultáneamente, el Parlament encargó un Libro Blanco sobre financiación autonómica, para analizar la situación y pro poner modelos "exportables" al resto de las comunidades. Este Libro Blanco cumplió su objetivo: analizó los errores del sistema transitorio, ofreció distintas alternativas para la autonomía financiera que garantizasen la solidaridad, y enumeró los mínimos que debería cumplir un modelo de financiación para ser aceptable como definitivo.
Entre estos requisitos indispensables figuraba la revalorización de las cargas asumidas; la inclusión de los gastos corrientes y de inversión en la base de cálculo de la participación en ingresos; el establecimiento de un automatismo con garantías jurídicas en el flujo de ingresos que constituyen la financiación básica de las comunidades autónomas; y la reducción del Fondo de Compensación Interterritorial al objetivo de desarrollo regional.
Con más de un año de retraso, el Gobierno presentó un primera propuesta de financiación definitiva. Esa oferta ha sido posteriormente mejorada, incluyendo al final elementos positivos que permiten calificarla de aceptable para los próximos años.
El nuevo modelo es positivo porque se desvincula, aunque sea tímidamente, del coste efectivo, e incluye en la base de cálculo de la participación incondicionada una cuarta parte de los recursos del Fondo Interterritorial, lo que equivale a decir que se amplía algo la autonomía en el gasto de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, incluye el cálculo de un porcentaje fijo de participación en ingresos impositivos para cada comunidad autónoma, lo que significa una garantía de automatismo en el flujo de recursos a sus instituciones. La misma fórmula ofrece incentivos para la mejor recaudación de los tributos cedidos y una total neutralidad ante la posible reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, compensada por impuestos directos o indirectos.
La propuesta aún no es ni puede ser plenamente satisfactoria para Cataluña, porque la valoración global de los servicios sigue estando muy por debajo de la realizada para las comunidades de régimen foral. Tampoco es satisfactoria porque las ponderaciones para el cálculo de los recursos asignables a cada comunidad no están suficientemente justificados; porque el porcentaje de participación es un porcentaje postizo; porque no se suprimen un mayor número de subvenciones condicionadas -entre ellas las de educación-, pasando sus recursos a engrosar la financiación incondicionada; y porque las posibilidades de corresponsabiliz ación tributaría de las comunidades siguen siendo muy limitadas.
A pesar de ello, aceptamos sus aspectos fundamentales, pues deseamos aprovechar los nuevos márgenes de autonomía que se nos ofrece y no entorpecer el desarrollo del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, seguiremos trabajando desde Cataluña para la consecución a medio plazo de un sistema que ofrezca mayores garantías de autonomía financiera, de equidad fiscal vertical y horizontal, y un mayor grado de responsabilidad y transparencia fiscal.
A pesar de todo, el nuevo modelo de financiación autonómica es, aunque tímido, un paso en la dirección correcta.
