Parte de la 'caja b' de Banca Catalana se formó con créditos ficticios a profesionales y políticos, según los fiscales
Un número no determinado de conocidos profesionales, políticos y empresarios se ha visto implicado, sin su conocimiento, en las operaciones presuntamente irregulares realizadas por Banca Catalana con objeto de nutrir de fondos la denominada caja b, según se desprende del escrito fiscal de petición de procesamientos presentado ante el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona el pasado 30 de junio. Los fondos de esta caja oculta fueron utilizados, según los fiscales, para efectuar diferentes operaciones comerciales irregulares. La más costosa de estas actividades fue la compra de importantes paquetes de acciones de seis bancos diferentes, cuyo coste total ascendió a 11.061 millones de pesetas, el doble del capital social de Banca Catalana en 1982.
Los nombres de los abogados Joan Piqué Vidal y Joan Córdoba Roda -defensores de algunos de los querellados en el caso Banca Catalana-, el del ex ministro, Manuel Jiménez de Parga, el del ex diputado Antonio de Senillosa y el del magistrado de la Audiencia de Barcelona recientemente jubilado Ramón Felipó, entre otros, aparecen citados en el documento de los fiscales como algunos de los que fueron utilizados por los ex directivos de Banca Catalana. Estas personas desconocían que sus nombres se utilizaban como titulares de créditos ficticios, con los que los responsables del banco intentaban justificar los balances.El ministerio público recalca en el escrito de acusación que las per sonalidades referidas no tenían nada que ver con los préstamos y con la utilización que indebidamente hizo Banca Catalana de sus nombres. Los fiscales consideran que es tan evidente la desvinculación de estas personalidades con respecto a esas operaciones que no han creído oportuno llamarlas a declarar.
En este sentido, Manuel Jiménez de Parga manifestó ayer que desconocía por completo la utilización de su nombre y desmintió cualquier vinculación con este tipo de operaciones. Subrayó además que no había sido titular de ningu na cuenta corriente de Banca Catalana ni a título personal ni profesional. Igualmente sorprendido se mostró Antonio de Senillosa quien dijo que no tenía nada que ver con Banca Catalana y que nunca había estado en sus oficinas. Precisó que "ni siquiera he tenido un talonario". El magistrado Ramón Felipó mostró también su desconocimiento de la utilización de su nombre y añadió que tampoco tenía cuenta bancaria alguna en esta entidad. Por su parte, Joan Piqué Vidal y Joan Córdoba se negaron a comentar el asunto.
En algunas ocasiones los nombres de estas personas figuraban, detalla el escrito de acusación, en justificantes de letras de cambio que simulaban haber recibido importantes cantidades del banco, lo que permitía construir un activo inexistente y ocultar el déficit patrimonial. Según el escrito, los fiscales descubrieron estas supuestas irregularidades al comprobar que nunca se libraron las letras relacionadas con estos justificantes. En el último período, y también con el objeto de encubrir los déficit de la contabilidad, se extendieron simples vales, como justificantes de cantidades que se adeudaban, sin especificación alguna, afirman los fiscales.
Actuación en Madrid
Un capítulo aparte es el referido a la actuación de la oficina de Banca Catalana en Madrid, que, con la finalidad de recaudar fondos para la caja oculta, contrató simples prestanombres a los que se convirtió en titulares de créditos falsos a cambio de cierta cantidad de dinero. El escrito del ministerio público cita el caso de tres personas concretas con las que se acordó este tipo de contrato y es especialmente significativo el del estudiante de Madrid Emilio Delgado, a quien se le suscribió un préstamo de 11 millones de pesetas, pagándole 200.000 pesetas por la "prestación". La operación con Emilio Delgado se concertó en el bar Soto Verde, de Madrid, según se dice en el escrito del ministerio fiscal.En otras ocasiones, los propios consejeros de Banca Catalana, ahora querellados, y algunas de las sociedades que éstos presidían eran titulares de los préstamos ficticios. A este respecto se acusa al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de aparecer como "beneficiario ficticio" de un crédito concedido por Induban entre 1975 y 1977, de un importe total de 1.950.000 pesetas.
El ministerio público acusa directamente al abogado Jaume Pujol Garriga, responsable de los servicos jurídicos de Banca Catalana, de planear, junto con los demás querellados, estas operaciones. Pujol Garriga no aparecía en la querella original presentada en junio de 1984, pero su nombre se incluyó en el escrito de petición de procesamientos.
El ministerio público recalca que la parte más importante de los fondos de la caja b se utilizó en la compra de acciones de cinco bancos, además de la propia Banca Catalana. La utilización de estos fondos, con la que Catalana intentaba incrementar su presencia fuera de Cataluña, se hizo con el desconocimiento de la Junta de Accionistas y del propio Banco de España, violando así las normativas establecidas en 1948 y 1977. Estas operaciones comerciales fueron, en opinión de los fiscales, las más gravosas de la entidad y las que precipitaron e hicieron inevitable la crisis.
Con respecto a este tipo de inversión los fiscales establecen dos épocas, claramente diferenciadas. En una primera etapa los titulares de estas acciones eran personas de confianza con las que se suscribió un contrato de mandato fiduciario, en el que se aseguraba que aunque ellas eran titulares de los valores, éstos pertenecían a una sociedad instrumental. En una etapa posterior estas acciones pasaron a depender directamente de las sociedades instrumentales, para evitar así problemas con el fisco.
