60.000 madrileños tendrán que cambiar de casa en seis años, a causa del Plan General de Ordenación Urbana
Un total de 11.741 familias -unas 60.000 personas en total- tendrán que cambiar de vivienda en los próximos seis años como consecuencia de los procesos urbanísticos que prevé el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. A 7.684 de estas familias les afectarán los procesos de reforma y rehabilitación de barrios a cargo de la Comunidad de Madrid. Otras 3.057 accederán a nuevas viviendas como consecuencia de los procesos de realojamiento. Las 1.000 restantes son familias gitanas, 300 de las cuales pasarán de residir en chabolas a casas bajas; otras 300, a pisos de altura, y las restantes, a asentamientos.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid recoge 37 operaciones de transformación en suelo urbano que requieren procesos de realojamiento. Afectarán a unas 9.541 familias que deberán cambiar de vivienda en los próximos seis años , período que le queda de vigencia al plan. De estas familias, 7.684 se verán afectadas por procesos de reforma o de rehabilitación en sus barrios; a unas se les proporcionarán nuevas viviendas; a otras, el cambio sólo les afectará en las mejoras que se realicen en sus actuales hogares.Otras 1.857 familias accederán a una nueva vivienda como consecuencia de la intervención urbanística de la iniciativa privada o pública. A excepción de los procesos de reforma o rehabilitación, el Plan General prevé tres sistemas de actuación para los que exigen realojamiento de los vecinos: compensación, cooperación y expropiación.
Los dos primeros están previstos para la iniciativa privada, con la única diferencia de que el sistema de cooperación se utiliza cuando existen numerosos propietarios.
En este supuesto, el Ayuntamiento asume la iniciativa en la inversión, para pasar posteriormente los costes a los propietarios del suelo. En ambos casos, la ley del Suelo obliga a los promotores a asumir las cargas urbanísticas y a no provocar el desplazamiento de los vecinos hacia barrios periféricos con el realojamiento de los mismos.
El tercer sistema, el de expropiación, está destinado a la iniciativa pública. La ley de Expropiación Forzosa, sin embargo, no prevé el realojamiento de los vecinos; sólo recoge la obligación de indemnizarlos. Según Juan Barrado, adjunto al gerente municipal de urbanismo, la ley no lo contempla, pero la práctica municipal es fijar la necesidad de realojo". "El Ayuntamiento", añade Barrado, "tendrá que hacer consigo mismo exactamente igual en estos polígonos. Se actuará con un programa específico de viviendas. El coste de la expropiación de los terrenos és tan alto en estas actuaciones que la construcción de viviendas para el realojo es un porcentaje mínimo que no llega al 10%. El problemá es cómo financiar estas operaciones".
Un ejemplo típico de este caso es el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la avenida de Daroca, junto al cementerio de La Almudena. El estudio previo para su aprobación estima una inversión de 800 millones. "El suelo es ahora de propiedad privada", precisa Barrado, "por lo que el Ayuntamiento tendrá que expropiar y hacer el bloque de realojamiento. Quedarán al final unas parcelas que puede vender o dedicar a otros fines. Si decide venderlas podría obtener de 500 a 600 millones. Luego, el coste de la inversión sería de 200 o 300 millones. El problema es financiar los 800 millones".
Hasta el momento no se ha iniciado la actuación en ninguno de estos planes urbanísticos, si bien todos ellos deberán comenzar en el plazo máximo de seis años. En caso contrario se tendrían que revisar.
En la actualidad están a punto de ser aprobados los planes de Playa Victoria, Vereda de Ganapanes, Cerro Belmonte y avenida de Daroca, de iniciativa privada, Arroyo de los Pinos y barrio de la Alegría, de iniciativa municipal y los proyectos para los Poblados A y B de Fuencarral, el Poblado de Caño Roto, el Rancho del Cordobés y la carretera de Villaverde Cruce, a cargo de la Comunidad.
Patrimonio municipal
Por otra parte, el Ayuntamiento tiene un patrimonio de vivienda libre, en el cual se está realojando a las familias cuyas viviendas se encuentran en polígonos expropiados como consecuencia de actuaciones municipales. Son polígonos cuya expropiación se inició en tiempos pasados y en los que quedan familias en viviendas dispersas para las que no existe un programa específico de realojamiento.Además, el Ayuntamiento tiene un programa de construcción de 1.200 viviendas, en las que se realojará a las familias que viven en las zonas afectadas por grandes proyectos de equípamientos, parques o viarios, como son los casos de la avenida de la Ilustración, la vía Borde de Hortaleza o la avenida de los Poblados.
Finalmente, existe un programa específico para el realojamiento de la población gitana, que se realizará a través, de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad. En el mismo se prevé el realojamiento de 1.000 familias, de las cuales 300 pasarán de chabolas a casas bajas; otras 300, a pisos en altura, y el resto a asentamientos construídos para este fin en las carreteras de Burgos y Barcelona y en la zona sur de Madrid; los dos primeros, a cargo del Ayuntamiento, y el tercero, de la Comunidad.
La mayoría de los procesos de realojamiento mencionados responden a necesidades sociales y urbanísticas. "El Plan de Madrid pretende acabar la ciudad, de rematar y ordenar las zonas deterioradas de la ciudad, que son precisamente aquellas en las que se asienta la población de menores ingresos", puntualiza Barrado.
Precisamente el reducido poder adquisitivo de la población a la que afectan estos procesos es la característica que más graves problemas plantea. Como señala Mariano Lapuente, aparejador y economista especializado en urbanismo, "tanto en operaciones de rehabilitación como en operaciones de realojarniento nos estamos encontrando con familias que no pueden comprar una vivienda de promoción pública ni privada, incluso en las condiciones económicas en que se les ofrece, a menos de su coste real en muchas ocasiones. Hace falta una intervención pública en la vivienda de alquiler".
Sin embargo, ninguno de estos planes prevé la construcción de vivienda pública en alquiler. Para estas familias, en la actualidad, la única posibilidad es recurrir al patrimonio público en alquiler de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.
A partir de este momento tienen que pagar mensualidades que se multiplican por 10, y se convierten en poco tiempo en clientes fijos de los Servicios de Asistencia Social de las Juntas Municipales de distrito. "Los que pasan a los nuevos bloques se encuentran de repente agobiados económicamente", comenta Rosa Sedano, asistente social y técnica de la Junta Municipal de Fuencarral. Sedano añade: "el agobio de las letras mensuales unido a los gastos de comunidad, y que hasta entonces no pagaban, descoloca sus vidas, y nos piden ayuda para poder pagar desde el comedor escolar hasta el recibo de la luz o el gas".
