El capitán general de Madrid rebajará a la mitad las penas de los condenados del 27-O

El capitán general de Madrid, Gustavo Urrutia, resolverá en los próximos días la revisión de las penas a las que fueron condenados los jefes militares que participaron en la conspiración para realizar una maniobra involucionista el 27 de octubre de 1982. En fuentes jurídicas militares se estima que, a la vista del nuevo Código Penal Militar, la pena de 12 años y un día que recayó sobre cada uno de los tres condenados se reducirá, al menos, a seis años.

La Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar estudió en su reunión de ayer la elaboración de un informe al respecto, solicitado por el capitán general de Madrid, al que, como autoridad judicial militar de la I Región Militar, le corresponde la revisión de dichas penas. Para hoy está prevista una reunión del pleno del citado consejo supremo, que aprobará el correspondiente informe y lo enviará al capitán general.Según el nuevo Código Penal Militar, en vigor desde el pasado 1 de junio, los delitos relacionados con la rebelión han pasado a la jurisdicción ordinaria. El Código Penal ordinario señala que a los autores del delito de conspiración para la rebelión les corresponde una pena inferior en uno o dos grados al autor del delito de rebelión. En el caso del 27-O, no hubo autor del delito de rebelión, ya que no se consumó.

Cuando los Jefes militares Luis Muñoz, Jesús Crespo Cuspinera -fallecido el año pasado- y José Enrique Crespo Cuspinera fueron juzgados en 1983, el consejo de guerra les condenó a la única pena fijada entonces en el Código de Justicia Militar: 12 años y un día. Pero en la misma sentencia, se pedía al Gobierno que la rebajase a cuatro años, extremo que no hizo el Ejecutivo. Esta recomendación al Gobierno será tenida en cuenta por el Consejo Supremo, que muy probablemente recomendará fijar la nueva pena en seis años.

Con esta pena, los condenados podrán conseguir en breve la libertad condicional. José Zugasti, defensor de Luis Muñoz, recordó que en el escrito de petición de revisión de la pena propuso varias opciones: desde la puesta en libertad inmediata hasta la condena a seis años, "que es lo máximo que le puede corresponder", dijo.