La perplejidad del juez Walton
J. C., El juez Walton, en un estilo directo, plagado de pinceladas de humor, señala en su sentencia, de 65 folios, que, "acertadamente, la familia Ruiz-Mateos llegó a temer que, en caso de producirse un cambio de Gobierno en España, era probable que sus acciones en Rumasa fueran expropiadas, por lo que consideraron la posibilidad. de poner la marca Dry Sack a salvo de esa eventualidad. Por ello", prosigue el juez Walton, "con la ayuda de gran número de asesores profesionales, dentro y fuera de España, concibieron un plan sencillo en su esencia, y que consistía en que Williams traspasara Dry Sack a otra compañía, cuyas acciones estarían a disposición directa de la familia Ruiz-Mateos. La operación se cerraba mediante la cesión por licencia del uso de la marca hecha por la nueva compañía a Williams, licencia que quedaría interrumpida en el momento de una eventual expropiación". Williams asumía, sin embargo, todos los costes de la operación del traspaso de marcas, así como los de renovar y mantener la vigencia de los registros".
El juez se admira del comportamiento de la firma de abogados, agentes de patentes y contables que aconsejaron la operación, al aceptar "que un presunto cliente fuera despojado de todos sus bienes valiosos sin ninguna compensación". Para el juez "está claro que los implicados hicieron todos los esfuerzos necesarios para mantener el master agreement y su plan de ejecución en secreto, secreto incluso relacionado con la elección del nombre para la sociedad de Jersey, puesto que se trataba de alentar la creencia, si alguien se enteraba, de que era una sencilla operación interna dentro del grupo de empresas Williams & Humbert, sin verdadero cambio de propiedad usufructuaria".
El juez Walton critica "la continua ocultación" por parte de Rumasa de la operación de traspaso de la marca a la compañía de Jersey, "despojando a Williams de su primer y casi único activo". La pérdida de la marca, en opinión del juez, hubiera supuesto para Williams la práctica "liquidación por insolvencia", con la pérdida de los casi 300 puestos de trabajo. Habla de la "extensa manipulación de las cuentas" de Williams en la época de Ruiz-Mateos. El juez Walton muestra su perplejidad por la existencia "de cuatro contabilidades" en la empresa.
Fraude a Williams
Para Walton, el llamado master agreement fue "un fraude a Williams para provecho de la familia Ruiz-Mateos", cometido mediante "flagrante, violación de las obligaciones de los responsables de la sociedad". Algunas de las expresiones contenidas en la sentencia hablan de "acuerdo totalmente desventajoso y sin ningún beneficio para Williams"; una "farsa total"; "puramente un regalo".
El juez Walton determina que las reuniones de administradores que supuestamente tuvieron lugar el 24 y 25 de febrero de 1976 para llevar a efecto el cambio de marcas no tuvieron lugar, como testificaron los señores Pieter van Panhuys, Riddell Williams y Richard Blum, consejeros del grupo, quienes no recibieron notificación de tales reuniones, por lo que "las actas de tales reuniones constituyen una completa invención", de forma que "llego a la conclusión de que el llamado master agreement no fue nunca debidamente autorizado por el único órgano de Williams que tendrá poderes para ello: la junta general". El juez llega a la conclusión de que en la operación "hubo encubrimiento; que fue deliberado, y que en realidad logró su objetivo".
"Los demandantes", señala el juez Walton, "tienen, por tanto, derecho a recibir reparación de José María Ruiz-Mateos"; "todo el plan fue iniciado por él y llevado a cabo bajo su dirección".
