El cobro de cesantías, práctica generalizada en la Administración vasca

El cobro de indemnizaciones al cesar o dimitir de un puesto público ha sido una práctica generalizada en la Administración vasca, incluso entre aquellos altos cargos que, como el actual lendakari, José Antonio Ardanza, pasaron inmediatamente a ocupar otra función igualmente pública. El presidente del Gobierno vasco percibió de la Diputación Foral de Guipúzcoa en concepto de indemnización -cesantía- una cantidad neta aproximada de 1.200.000 pesetas al dejar su puesto de diputado general de la provincia, según han confirmado fuentes de la propia Diputación Provincial.

El pago de estas prestaciones se realiza en el caso de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, de acuerdo con las normas forales aprobadas por las respectivas Juntas Generales de estas provincias, y en el caso del Gobierno vasco de conformidad con la ley de Gobierno aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley otorga a los miembros del Gobierno, a los altos cargos de la Administración y al personal de confianza el derecho a una asignación económica, a la que cabe renunciar por escrito, equivalente al 80% de la remuneración por todos los conceptos. "La percepción de estas prestaciones tiene una duración resultante de computar tres meses por cada año de servicio, con un mínimo de tres meses y un máximo de 12 meses", según establece la ley de Gobierno. En la práctica, el pago de las indemnizaciones se efectúa en una sola entrega.Las normas forales participan globalmente de estos criterios, si bien la aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa establece que la prestación "será la cifra resultante de computar tres mensualidades por el primer año de desempeño del cargo y una mensualidad por cada uno de los años siguientes con un mínimo de tres y un máximo de seis". La diputación de Álava no abona cesantías debido a que no hay exclusividad en el desempeño de los cargos públicos. La norma foral vizcaína considera beneficiarios de estas indemnizaciones al diputado general, a los diputados forales y a los directores generales de la diputación provincial, mientras que la guipuzcoana reconoce este derecho únicamente al diputado general y a los diputados forales.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran, sin embargo, que el actual portavoz del ejecutivo vasco, Eugenio Ibarzábal, fue indemnizado por la Diputación de Guipúzcoa al dejar su puesto de jefe del gabinete técnico del diputado general con un porcentaje inferior al aplicado a los diputados provinciales, y por decisión adoptada por el consejo de la diputación. Jenaro Kortajarena, diputado de la presidencia de la diputación, manifestó ayer a este periódico que el número de cargos que han cobrado las cesantías en ese organismo no llega a diez y que el montante global de esas prestaciones no superan los diez millones de pesetas.

Las cantidades destinadas por el Gobierno vasco a los consejeros y a los numerosos cargos de libre designación que dejaron sus puestos tras el cese de Carlos Garaikoetxea, ya sea para volver a ejercer sus profesiones o para incorporarse a otros puestos en la Administración, alcanza sin duda cifras considerables. Baste señalar que fuentes del Gobierno vasco han precisado que la cantidad percibida por Carlos Garaikoetxea al abandonar su cargo de lendakari, ascendió a 5.600.000 pesetas, y que el ex consejero de Cultura y ahora alcalde de San Sebastián, Ramón Labayen, percibió 2.963.000 pesetas. Las mismas fuentes aseguran que KoIdo Amezketa, entonces asesor del lendakari Garaikoetxea, cobró una suma de 2.662.000 pesetas. La figura de asesor de la presidencia no parece encajar entre los beneficiarios reconocidos por la ley de Gobierno.

Meses atrás, el cobro de las cesantías suscitó ya un cierto malestar en el seno del PNV hasta el punto de que esta cuestión fue planteada en una asamblea nacionalista de Guipúzcoa. Algunas fuentes indican que el anterior presidente del Consejo Nacional del PNV, Jesús Insausti, telefoneó pocos días antes de la asamblea al diputado general de Guipúzcoa, Imanol Murúa, para comunicarle que el partido estaba de acuerdo en que se aceptaran las cesantías solicitadas en el último trimestre del pasado año por José Antonio Ardanza, un alto cargo cercano al lendakari y otros dos consejeros.

Estas fuentes sostienen que Jesús Insausti cobró una indemnización cercana a los tres millones de pesetas en concepto de "derechos pasivos de ex funcionarios del Gobierno vasco en el exilio". Afirman igualmente que no es cierto que el anterior presidente del PNV ocupara durante el franquismo el puesto de delegado de Justicia del Gobierno vasco en el exilio, como al parecer se indica en el certificado con el que se ha justificado el cobro de la indemnización, y que está firmado por Jesús María Leizaola, antiguo presidente del Gobierno vasco en el exilio.

Tras la polémica abierta por la denuncia pública del diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, Xabier Olaberri, funcionarios de la Administración vasca se han mostrado partidarios a título personal de una reforma de las normas forales que evite la percepción de sucesivas cesantías.