Los extranjeros y su presencia en España
Todo ha sido imprevisión e improvisación en la operación de regularización de los extranjeros insuficientemente documentados que viven en España, señala el autor de este trabajo. En su opinión, se han infligido verdaderas vejaciones a los solicitantes, y el resultado ha sido mínimo. La ley ha sido recurrida como inconstitucional por el Defensor del Pueblo, y las medidas del Ministerio del Interior tienen -dice- un evidente tufo racista y xenófobo.
La operación regularización de los extranjeros insuficientemente documentados, prevista por la ley: 7/85, de 23 de julio pasado, ha resultado un verdadero fracaso. Solamente una ínfima minoría de un total próximo a los 400.000 ha pasado por las ventanillas del Ministerio del Interior.Si se deseaba hacerlo mal, no se podía haber hecho peor. Se inició la operación en pleno verano, cuando se encontraban de vacaciones gran parte de los servicios de la Administración, las empresas y los trabajadores afectados. Sin infraestructura burocrática adecuada. Sin garantías frente a posibles represalias patronales contra los trabajadores clandestinos. Sin la debida campaña de información institucional pública, pese a que fueron atribuidos fondos para una amplia publicidad escrita en las distintas lenguas de origen de los inmigrados.
Todo ha sido imprevisión e improvisación por parte del Ministerio del Interior, que ha infligido vejaciones innecesarias a los solicitantes, obligándoles a guardar colas de hasta 1.000 personas a la intemperie. Yo, que conocí hace muchos años las cárceles francesas, siento vergüenza ajena ante las inhumanas condiciones de detención, en mi propio país, de quienes no han cometido otro delito que ser extranjeros en situación irregular.
El pasado día 23 de octubre, terminado el plazo de 90 días fijado por la ley, los informativos de TVE anunciaron una prórroga, no confirmada, de siete días. Al parecer, sólo se trataba de instrucciones reservadas de la Administración recomendando la admisión a trámite, hasta el 1 de noviembre, de las solicitudes presentadas fuera de plazo. Una prórroga no admitida por la ley, que fijó un plazo rígido a partir de la entrada en vigor de la misma, sin dar tiempo al establecimiento de un reglamento de aplicación, a la organización de una campaña informativa previa y a la adecuación de los servicios administrativos correspondientes.
Resultado: todo sigue igual o, si cabe, peor que antes de la promulgación de la nueva ley, mal llamada de "derechos y libertades de los extranjeros" en España. En realidad, sólo se trata de una ley de policía, al estado de las viejas leyes de extranjería de comienzos de siglo, anacrónica y completamente obsoleta en la Europa de hoy.
La nueva ley ha creado entre los trabajadores extranjeros y sus familias una situación de mayor inseguridad y temor, parecida a la que los emigrantes españoles conocieron hace 20 o 30 años y no quisieran volver a vivir.
El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, una persona muy sensible a todo lo humano y gran conocedor del mundo emigrante, ha sabido escuchar los requerimientos de numerosos colectivos humanistas, presentando in extremis un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley de extranjeros.
Cuatro son los artículos de dudosa constitucionalidad. El artículo 7, limitativo del derecho de reunión; el artículo 8, sobre suspensión del derecho de asociación; el artículo 26, sobre procedimientos de expulsión y la disposición referente al carácter no suspensivo de los recursos contra las medidas de expulsión. Concretamente, la ley admite la inobservancia de los plazos legales de privación de libertad, ampliando la detención preventiva hasta el límite de 40 días, y conculca el artículo 25 de la Constitución, que dispone expresamente que la Administración civil no tiene competencias para imponer sanciones privativas de libertad.
Paradoja
Es paradójico que un país de emigración tradicional como España, que a su vez se ha convertido en un país de inmigración, pretenda ignorar en sus textos legales los convenios internacionales suscritos por España en la materia, como, por ejemplo, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, los convenios de la OIT sobre igualdad de trato y no discriminación y el Convenio Europeo sobre el Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, en sus artículos 9, 19 y 25, al no considerar que la situación de desempleo no debe ser obstáculo para la renovación del permiso de residencia. En efecto, entre los motivos de expulsión previstos por la ley figura el de no haber obtenido el permiso de trabajo, aunque el interesado se encuentre trabajando y su permiso de residencia no haya vencido.
Otros países, como Francia y Bélgica, han llevado a cabo campañas de regularización de clandestinos con mayor humanismo, sin que yo pretenda aquí presentarlas como modélicas. Francia, por ejemplo, regularizó en 1981 la situación de 120.000 trabajadores clandestinos garantizándoles el subsidio de paro si eran despedidos de su trabajo a causa de la regularización, garantía no ofrecida por la ley de extranjeros en nuestro país. Claro, puede decirse, no sin razón, que cuando tales garantías no se ofrecen a los trabajadores españoles, cómo se van a ofrecer a los extranjeros. Es verdad que la economía sumergida y el trabajo negro, sea para españoles o extranjeros, tiene las mismas causas: la libre explotación de los trabajadores, sin cargas sociales ni seguridad en el trabajo. Una situación que no puede resolverse con medidas administrativas contra los trabajadores extranjeros, sino atacando la raíz del mal. Hay que pensar que la mayor parte de estos trabajadores clandestinos lleva 10, 15 y 20 años viviendo y trabajando en nuestro suelo, han levantado la agricultura del Maresme catalán, han hecho producir las minas de León y Asturias o el aserrado de pizarra en Galicia, ocupando puestos de trabajo abandonados por los españoles.
En el fondo, la ley sobre "derechos y libertades de los extranjeros" y las medidas del Ministerio del Interior tienen un tufo racista y xenófobo, que huele tan mal como el que expande la derecha y la extrema derecha europea en estos momentos, con fines electoralistas, cierto, pero que pueden causar un daño irreparable a una Europa integrada por una población permanente de más de 17 millones de extranjeros.
es miembro del Comité Central del PCE y responsable de su comisión de emigración.
