La empresa maderera Alena presenta quiebra voluntaria
La dirección de Song Alena, con factoría en Tarragona desde 1963 para la fabricación de contrachapados y aglomerados de madera presentó el martes un expediente de quiebra voluntaria ante el juzgado que se basaba en la caída de la demanda en el mercado interior Los 330 trabajadores de plantilla que se quedarán en la calle conocieron la decisión de Alena en uña reunión a la que asistieron también el delegado provincial de Trabajo y el responsable de este departamento de la Generalitat Ayer por la tarde los trabajadores cortaron de nuevo el tráfico en la autovía Tarragona-Reus. Por otro lado, el senador socialista Rafael Nadal y el diputado al Parlament Joan Maria Abelló viajaron ayer a Madrid para efectuar gestiones en el Banco Exterior de España, accionista de la empresa, que en julio prometió ayuda económica.La crisis de Alena comenzó en 1981, cuando la empresa solicitó suspensión de pagos y anunció el despido de 110 trabajadores, principalmente de la factoría de Tarragona, pues el resto de centros de trabajo, situados en Cuéllar (Segovia), Madrid, Barajas, Arganda del Rey, Barcelona, Valencia y Silla, solamente eran almacenes con muy poca plantilla. El conflicto que duró varios meses y registró un cierre patronal en febrero de 1982, se saldó con la restitución de 110 contratos y un convenio con los acreedores de la empresa para el pago progresivo de las deudas.
El pasado mes de mayo Alena presentó un plan de viabilidad, que pasaba por la obtención de 380 millones de pesetas. El Banco Exterior de España y el Banco Central, que son accionistas de la empresa, no llegaron a contestar la propuesta.
No hubo acuerdo final y en julio el consejo de administración de Song Alena presentó el expediente de quiebra. Estos hechos coincidieron con la llegada de Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda, a la presidencia del Banco Exterior, quien paralizó el expediente al proponer la participación de ese banco en el plan de viabilidad de la empresa, pero sólo en la proporción que la entidad bancaria tenía como accionista, según consta en una carta enviada a la factoría de Tarragona. El director general de la empresa, Manuel Mellado, presentó su dimisión.
En el expediente que se entregó el martes al juez se solicita también la suspensión de las cotizaciones de acciones en las bolsas y la suspensión de contrataciones. La empresa cierra con un pasivo de 2.500 millones de pesetas y un activo de 3.047 millones, siendo los principales acreedores la Tesorería de la Seguridad Social, con algo más de 500 millones, y alrededor de otros 125 que se adeudan al fisco.
