El escándalo del tráfico de drogas en Perú provoca la destitución de 37 generales de la policía
Treinta y siete generales, 21 de ellos de la Guardia Civil y el resto de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), fueron destituidos el lunes por el Gobierno peruano, en el marco de la campaña de moralización desencadenada por el presidente, Alan García. Aunque no han sido revelados los nombres de los cesantes, todo indica que la medida está relacionada con el grave escándalo del tráfico de drogas en Perú.
El lunes por la noche, tras un Consejo de Ministros que duró casi seis horas, se anunció el comienzo del proceso de reorganización de las fuerzas policiales de Perú. El ministro del Interior, Abel Salinas, dijo que se había dispuesto la destitución de 21 generales de la Guardia Civil y de 16 generales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Horas antes, Luis Percóvich Roca, quien fuera, sucesivamente, ministro de Pesquería, del Interior, de Relaciones Exteriores y primer ministro del Gobierno de Fernando Belaúnde, había prestado una larga declaración ante el 25º Juzgado de Instrucción, en relación con el más importante caso de tráfico de drogas del país, el mismo en el cual se encuentran comprometidos miembros de la policía y su ex asesor personal, Luis López Vergara. El juez de este proceso dispuso también la detención de 19 personas.Aunque no se dieron nombres, todo indica que entre los altos oficiales alejados figuran muchos miembros de la vasta red narco-social, tejida por Reinaldo Rodríguez López. Recientemente, los limeños se enteraron, asombrados, de cómo este patrón del tráfico de drogas contaba entre sus amigos a varios ex jefes superiores de la PIP y a generales en activo.
La declaración de Percóvich ante el juez Hugo Príncipe provocó tumultos y manifestaciones ante la sede de los tribunales. Duró más de tres horas, y, a la salida, el ex primer ministro debió abrirse paso, a empujones, hasta su vehículo.
Más tarde, Percóvich se presentó ante los periodistas en un programa de televisión, donde proclamó su total ignorancia sobre las actividades ilícitas de sus antiguos subordinados de la policía. Declaró, además, que el operativo Cóndor, mediante el cual se capturaron importantes instalaciones de los traficantes de drogas en la selva peruana, había sido preparado por el Gobierno anterior, el suyo. También dijo que su ex asesor, López Vergara, cumplía funciones de poca importancia, "casi de carácter doméstico". Sin embargo, está demostrado que dicho asesor tenía el poder necesario para obtener documentación estratégica que le permitía, por ejemplo, circular por todas las zonas restringidas del aeropuerto internacional, y con lo cual ayudó al propio Rodríguez López y a miembros de su banda.
Perplejidad es hoy la nota dominante en Acción Popular, el anterior partido del Gobierno. En el programa de televisión, Percóvich dijo que el ex presidente Fernando Belaúnde había ido a su casa para brindarle apoyo y que también ha recibido la solidaridad de su derrotado candidato presidencial, Javier Alva. Sin embargo, el ex presidente Belaúnde no ha hecho ningún tipo de declaración, y todo indica que su primera preocupación fue presionar para que Percóvich regresase desde Miami para que se enfrentara a sus acusadores, por entender que está en juego su propio prestigio.
En toda esta historia, que parece un clásico del cine político-policial, no han faltado las amenazas, naturalmente anónimas. El juez Príncipe reconoció, la noche del lunes, que ya las ha recibido, y que el objetivo de ellas es que no profundice en la investigación. Guillermo Thorndike, director del diario La República, denunció, por su parte, que personal de seguridad del periódico había desbaratado un plan para asesinarlo, elaborado presuntamente por policías vinculados al tráfico de drogas.
Curiosamente, ante los aspectos más escandalosos del caso, nadie ha reparado, hasta el momento, en el mal ejemplo de política económica brindado por el ex primer ministro Percóvich. En efecto, sus explicaciones públicas tienden a demostrar la transparencia de sus actividades comerciales privadas y la forma perfectamente legal en que ha procedido para comprar, en 200.000 dólares (22.600.000 pesetas), un apartamento en Miami.
