La Generalitat debe 50.000 millones a los constructores, según Coalición Popular
Xavier Garriga, diputado del Parlament por Coalición Popular y presidente en Cataluña de la Unión Liberal, ha manifestado que la Administración autonómica adeuda 50.000 millones de pesetas al sector de la construcción. Estas declaraciones salen al paso de la información que daban el pasado lunes fuentes empresariales, que cifraban lo adeudado en 20.000 millones. La Generalitat sólo reconoce 10.908 millones de deuda.
Para Garriga, los 50.000 millones de deudas se reparten en 30.000 millones de pesetas en obras de carreteras, entregadas y no cobradas, y en otros 20.000 millones en el capítulo de obra pública. El pasado 28 de junio, Garriga planteó en el Parlament una pregunta al conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, con el fin de que éste se comprometiera públicamente a testificar en qué plazos se pagan las obras después de su certificación y con qué intereses de demora.Según Xavier Garriga, la respuesta de Cullell fue evasiva, señalando genéricamente lo que estipula la ley: tres meses después de la certificación de la obra y el 11% de interés, tal como marca el Banco de España. Garriga afirma que en la práctica no se cumplen estos requisitos y que muchas veces los empresarios del sector aceptan retrasar el cobro a cambio de la adjudicación de otra obra. Preguntado sobre el origen de la denuncia empresarial, el diputado manifestó ignorar su origen.
En su opinión, estas informaciones se deben a que algún empresario, al margen de la Cámara de Contratistas, ha querido explicar "lo que la Cámara, por prudencia o timidez, no se atreve a hacer público".
Datos de los contratistas
La Cámara de Contratistas de Cataluña, sin embargo, hizo público ayer un comunicado en el que asegura que la deuda del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat con los contratistas era, a 31 de marzo de este año, de 10.908 millones de pesetas. La Generalitat sólo reconoce esta cifra como deuda, pero la considera normal, así como el plazo de demora. En su réplica, la Cámara de contratistas añade que dado que para el año 1985 este departamento cuenta con unos créditos de 20.100 millones de pesetas, la deuda equivale a un retraso de unos seis meses y medio. Estos datos equivalen al 90% de la obra contratada por Política Territorial.Mientras que para Garriga este endeudamiento es totalmente injustificado, porque sólo se contrata la obra para la que se tiene presupuesto, para la Cámara de Contratistas la falta de un acuerdo definitivo sobre la financiación autonómica sería su causa principal. Sin embargo, la Cámara considera también que la deuda de la Administración no tiene justificación desde el punto de vista presupuestario, ya que antes de contratar una obra "la Intervención General informa sobre la existencia de crédito, condición indispensable para iniciar la contratación".
Finalmente, el diputado Xavier Garriga señala "lo contradictorio que resulta que Miquel Roca [portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados] proponga en Madrid una reducción a 45 días del plazo para que la Administración pague las obras públicas, y el aumento de los intereses de demora, dada la situación de la Administración catalana".
