La dificultad de probar malos tratos

J. V., El abogado Jaime Sanz de Bremond declaró ayer que "es casi imposible demostrar que en una dependencia policial han existido malos tratos o torturas a un detenido si éste no ha contado con asistencia letrada desde un primer momento". "En última instancia", prosigue el abogado, .es casi una cuestión de la palabra del presunto maltratado o torturado contra la del funcionario público, y éste siempre puede decir que las heridas que presenta el denunciante le fueron causadas al resistirse violentamente a la detención, e incluso afirmar que el detenido se autolesionó en comisaría para fastidiar".

Por este motivo, el letrado cree que "los responsables políticos de la policía, desde los gobernadores civiles hasta el ministro del Interior, deben ser particularmente sensibles a las denuncias que efectuan ciudadanos sobre supuestos malos tratos y torturas en dependencias policiales. Esos ciudadanos no se benefician en absoluto por denunciar esos hechos; por el contrario, quedan marcados ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que en alguna ocasión pueden tropezarse de nuevo".

La actitud que el letrado estima correcta en los responsables políticas "es la de efectuar verdaderas investigaciones sin tomar partido a priori, eso que siempre van diciendo de 'esta vez vamos a llegar al fondo del asunto'. El funcionario tiene el derecho de presunción de inocencia, pero también el denunciante, que no debe ser acusado desde el poder de mentiroso".

Jaime Sanz de Bremond ha solicitado al juez de Instrucción de Getafe, Guillermo Ripoll, que su cliente, Manuel Rafael Gómez, efectúe en las dependencias de ese juzgado una diligencia de reconocimiento de los policías querellados, para ver si entre ellos se encuentran los que le golpearon en el transcurso de su doble detención. El abogado afirma estar "muy extrañado" por la delegación de competencias que está haciendo en este asunto el juez de Getafe en la juez de Parla.

Asimismo ha solicitado que declaren ante dicho juzgado una abogada de la Asociación de Derechos Humanos y el sacerdote Enrique de Castro, que tienen noticia de que otras personas fueron detenidas irregularmente y maltratadas el mismo día y por los mismos motivos que Manuel Rafael Gómez.