El agua no tiene dueño
Punto final a las ganancias de los contaminadores en ríos revueltos
Los ríos se han convertido en su mayor parte en cloacas al aire libre. Una ley del agua que en estos días se discute en las Cortes pretende, entre otras cosas, poner coto a tal situación.Una de las novedades más notables de esta ley, que sustituye a otra de 1879 que había quedado desfasada, es la declaración de titularidad pública de todas las aguas. Como declara su preámbulo, al considerar los recursos hidrológicos, "( ... ) no cabe distinguir entre aguas superficiales y subterráneas. Unas y otras se encuentran íntimamente relacionadas y presentan una identidad de naturaleza y función ( ... )". Esta unidad de titularidad es muy importante desde el punto de vista ambiental, ya que permite atacar los problemas de contaminación partiendo de la unidad de gestión del recurso. Hasta ahora, la titularidad y la gestión de las aguas eran compartidas por una serie de particulares y de organismos públicos y asociaciones privadas que no hacían sino explotar lo que tenía el agua de aprovechable, dejando a otros los problemas y los costes de la depuración. Muchos no estaban a las duras, aunque sí a las maduras, y el resultado fácilmente comprobable han sido unos ríos pestilentes, unas lagunas contaminadas por pesticidas y residuos industriales y unas aguas subterráneas en franca sobreexplotación. Al privar a los particulares de un derecho ilimitado sobre las aguas subterráneas en sus propiedades, se pretende defender un recurso común a toda la sociedad. Se evitará, por ejemplo, la inyección de vertidos contaminantes al subsuelo.
La ley prohíbe también establecer escombreras o basureros en las proximidades de cursos fluviales y amplía la zona de servidumbre de las márgenes para uso público, de modo que las comunidades vegetales de ribera se verán más protegidas. Igualmente se prohíbe la desecación de lagunas o zonas húmedas sin la autorización de las autoridades de medio ambiente. Aunque en algunos aspectos la ley se ha quedado muy corta y es más política que técnica, esperemos que se cumpla, límite el actual descontrol y las aguas vuelvan a su cauce.
EL QUE CONTAMINA PAGA
Con la nueva ley se hará pagar a los contaminadores el coste de la limpieza de las aguas a través del llamado canon de contaminación, por el cual los usuarios del agua no sólo tendrán obligación de realizar parte de la depuración, sino además deberán pagar tasas progresivas en función del grado de contaminación con que devuelvan el agua al río.
