La accidentada instrucción del 'caso Banca Catalana'

Barcelona

El 9 de julio de 1984 Ignacio de Lecea, magistrado de la Sección Segunda de lo Civil, recibió el encargo de instruir el sumario del caso Banca Catalana. El nombre de De Lecea se venía barajando, desde hacía semanas, en los corrillos del Palacio de Justicia, después de que se descartaran los de los responsables de las seis salas de lo penal. El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, había planteado, al parecer, al presidente de la Provincial, Alfonso Hernández Pardos, la necesidad de que la instrucción de la causa recayera en un experimentado procesalista y solicitó su apoyo para que se nombrara a cualquiera de los presidentes de las secciones dedicadas a asuntos penales. Alfonso Hernández rechazó la sugerencia, afirmando que aquellas salas estaban sobrecargadas de trabajo, pero insinuó la posibilidad de que se le encargara el asunto a un magistrado de lo civil. Así surgió el nombre de Ignacio de Lecea en el caso Banca Catalana.

La asamblea del 9 de julio recibió con frialdad la propuesta de su presidente de nombrar a Ignacio de Lecea como instructor de la causa. Sólo uno de los asistentes, el magistrado Manuel Oscáriz Gonzálvez, alzó la voz para objetar que aquella no era la forma "más correcta" para elegir el instructor. Fue el único voto en contra. El nombramiento de De Lecea, a caballo entre la designación a dedo y la elección, provocó algunas discusiones en el pleno de la Audiencia cuando, meses más tarde, surgieron los primeros conflictos. En cierta ocasión, un sector de magistrados achacó a Cesáreo Rodríguez Aguilera-la responsabilidad de aquella designación, pero éste atajó la discusión al recordar que nadie se había opuesto a su nombramiento.

De Lecea, hijo y nieto de magistrados, de 68 años de edad, de origen aragonés, había accedido a la carrera judicial como fiscal de las audiencias de Baleares y Barcelona. Como juez instructor estuvo destinado en los juzgados de Balaguer (Lérida), El Vendrell (Tarragona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Zaragoza, de donde pasó a la Audiencia de Barcelona como magistrado de la Sección Segunda de lo Civil. De firmes convicciones católicas y de talante liberal, De Lecea estaba considerado además como un hombre equilibrado e íntimamente vinculado a Cataluña, lo que evitaría una imagen "centralista" a la instrucción de la causa. Pero, sobre todo, era el hombre sereno que necesitaba la Audiencia de Barcelona para investigar un tema excesivamente crispado, al que había que dar una solución rápida y justa.

El equipo instructor se completó con el nombre de Enric Anglada, un joven magistrado de la sección sexta, al que se le asignaron tareas de instructor suplente, y el del propio Cesáreo Rodríguez Aguilera, presidente de la Audiencia Territorial, que se reservó el papel de ponente. El pleno la Audiencia Territorial se aseguraba, con este último nombramiento, el control efectivo de la instrucción de la causa, confirmándose el primer esquema procesal, según el cual, De Lecea realizaba las funciones de instructor delegado de la asamblea. Meses más tarde el equipo se reforzó con el nombramiento del magistrado Vicente Navarro, un experto penalista que durante muchos años estuvo destinado a la Sección Primera de lo Penal de Barcelona y que actualmente está en una sala de lo contencioso. Este nombramiento, realizado por el propio Cesáreo Rodríguez Aguilera, dejó tras de sí una estela de rumores y críticas de quienes creían que la fórmula escogida para aquella designación era discutible. Las funciones de ponente adjunto, asumidas por Vicente Navarro, le permitieron al presidente de la Audiencia Territorial desvincularse, con discreción, del caso Banca Catalana.

La declaración de Pujol

De Lecea contó al principio con el apoyo de la asamblea de magistrados y, especialmente, con el respaldo del propio presidente de la Audiencia Territorial. Este apoyo se explicitó el pasado mes de septiembre, cuando se reunió la asamblea de magistrados para debatir la forma en que debía prestar su declaración Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana implicados en el caso. Los magistrados discutieron el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero se preocuparon también de que el voto se convirtiera en una moción de confianza hacia el magistrado. El portavoz del pleno tuvo especial cuidado en señalar que con aquella resolución -que aprobó que Pujol declarara oralmente- no se desautorizaba a De Lecea y que la nueva disposición era "salomónica". En opinión del portavoz, se daba la razón a las dos partes en conflicto, cuando en realidad se había aceptado íntegramente la petición de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que solicitaban que la declaración no fuera realizada por escrito.Ante la opinión pública, De Lecea salió reforzado de aquel litigio procesal -el segundo recurso de reforma-, pero en realidad dentro del pleno de la Audiencia Territorial la polémica había provocado ya cierta bipolarízación de los, magistrados, un sector de los cuales empezó a mostrarse beligerante con las decisiones del instructor. Las críticas más duras hacia el instructor partieron, a partir de entonces, del sector de magistrados penalistas que creía ver en sus decisiones graves incorrecciones procesales, en la mayoría de las ocasiones provocadas por la formación civilista de De Lecea. Se le criticaba también a De Lecea el hecho de que en sus decisiones asumiera determinadas tesis de las defensas.

Los sucesivos recursos planteados por los fiscales contra las decisiones de De Lecea -negativa a que se dejara fotocopiar determinada documentación sumarial, a acceder a pruebas documentales de la doble contabilidad, a que se investigara el destino dado a los créditos otorgados a Jaume Carner Suñol o petición para que se aclarara el carácter procesal de unas pruebas periciales sugeridas por la defensa de los querellados- fueron minando aquella debilitada confianza y aumentando las críticas hacia el juez.

La crisis estalló con la presentación del quinto recurso de reforma de los fiscales, cuando éstos pidieron que se adjuntaran a la causa nuevos documentos relativos a la doble contabilidad de Banca Catalana y a los créditos otorgados a Jaume Carner. Los fiscales habían descubierto en el mes de septiembre, durante la declaración del ex presidente de Banca Catalana, que éste había suscrito con la entidad unos créditos de 400 millones de pesetas que no habían sido devueltos. En opinión de los fiscales, la concesión de estos créditos podía haberse realizado de forma irregular, sin las debidas garantías y aprovechando la influencia de Carner en la entidad, lo que podría ser objeto de un delito de apropiación indebida. El juez instructor rechazó ambas peticiones alegando, entre otras cosas, que en aquel momento no se podía dispersar la documentación sobre Banca Catalana y que los hechos que se ímputaban a Carner no estaban recogidos en la querella.

La no tramitación de aquellas pruebas indignó a un sector de magistrados, que se sentía ya irritado por un reciente auto del juez De Lecea en el que se justificaban los problemas de Banca Catalana y aludía a la crisis bancaria, asumiendo, de nuevo, tesis próximas a las de la defensa. Estos mismos magistrados jugaron un papel decisivo en la sesión del pasado 22 de febrero, cuando se decidió admitir a trámite el recurso de apelación y supeditar las decisiones del instructor a las de la asamblea. La modificación del papel jurídico de De Lecea fue interpretado por el instructor como "una disminución de confianza".

La posterior reacción de Ignacio de Lecea remitiendo el 25 de febrero al pleno de la Audiencia un "voto reservado", en el que se alertaba de los peligros jurídicos, sociales y políticos de aquella modificación procesal, enojó aún más a los magistrados, ya que consideraban que el escrito tenía carácteres de ultimátum, redactado en un momento de enfado. La crispación y el enfrentamiento se agudizaron con el escrito en el que pedía el relevo. En los plenillos informales, que a diario se celebran en la Audiencia de Barcelona, el presidente de la Territorial criticó duramente y de manera abierta al magistrado y le conminó, mediante un decreto de la presidencia, a continuar en su cargo. La posterior resolución de la Audiencia, confirmando en el cargo a De Lecea y no aceptando su dimisión, para algunos magistrados no significó otra cosa que la congelación coyuntural del problema.

Objetivo desfigurado

Según algunos magistrados, De Lecea sería el responsable de que la investigación sobre Banca Catalana se haya convertido en una polémica procesal. Los fiscales encargados del caso, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, con discreción, se niegan a señalar quién es el responsable de esta deformación, pero reconocen que "un 80% de sus esfuerzos deben dedicarlos a plantear o intentar resolver los litigios procesales", y recuerdan que hace más de tres meses que solicitaron la documentación sobre la doble contabilidad de Catalana y sobre los créditos otorgados a Carner, sin que se les haya contestado. Por su parte, los abogados defensores de los implicados guardan un escrupuloso silencio en relación al tema, pero algunos de ellos aseguran que "nunca han trabajado tan poco por un tema del que se habla tanto".