Los abogados de los condenados por el 27-O niegan que existiera una conspiración militar
Los defensores de los tres condenados por el intento de golpe de Estado que se había planeado para el 27 de octubre de 1982 afirmaron ayer que sus defendidos no conspiraron para realizar la rebelión, porque sólo había un plan, que no tenían intención de ejecutar. Así lo manifestaron ayer en la vista, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), de los recursos contra la sentencia del consejo de guerra que hace siete meses condenó a los implicados por conspiración para la rebelión, informa Europa Press.El abogado José Zugasti, defensor del coronel Luis Muñoz Gutiérrez, sostuvo que no hubo acuerdo de los condenados para llevar a cabo la conspiración, sino únicamente "un plan, que según el diccionario es un proyecto o intención, y nada más". Lo mismo sostuvo Adolfo de Miguel, defensor del coronel Jesús Crespo Cuspinera. Para De Miguel no existió conspiración en sentido legal, porque no se llegó a un acuerdo para ejecutar el delito.
El teniente coronel Antonio Hernández Griñó, defensor del teniente coronel José Enrique Crespo Cuspinera, apoyó los argumentos de sus compañeros en el mismo sentido. Los tres defensores insistieron en que la sentencia no expresa con claridad los hechos probados ni la conducta de los condenados, ni tampoco relata los detalles la conspiración. Por todo ello los abogados pidieron la anulación de la sentencia.
Por contra, el fiscal togado almirante Joaquín Montull pidió la confirmación y afirmó que si hay imprecisiones en la sentencia puede decirse que el texto está mal redactado, pero eso no influye en el fallo, porque los hechos probados están expuestos de forma clara. "La conspiración", puntualizó el fiscal, "no requiere actos materiales de ejecución, porque entonces sería rebelión militar, otro tipo de delito por el que no han sido condenados los procesados".
Los defensores y el fiscal polemizaron también sobre otros motivos de casación, especialmente las recusaciones de vocales del consejo de guerra que presentaron los abogados, y que fueron rechazadas en su día, así como otra prueba solicitada por Zugasti, consistente en que declarasen los jefes de todas las unidades militares de España.
La vista de los recursos fue presidida por el teniente general Emiliano Barañano, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Éste tiene ahora 10 días para emitir sentencia -que ya será definitiva-, aunque fuentes militares indicaron que con toda probabilidad no se agotará el plazo.
