El Grupo Popular, los nacionalistas y UCD apoyaron sin éxito la devolución de la ley del Poder Judicial
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó anoche las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que solicitaban la devolución al Gobierno, y también el texto alternativo propuesto por el Grupo Popular. El acuerdo fue adoptado por 99 votos a favor, 174 en contra y cinco abstenciones. Los nacionalistas, UCD y el Grupo Popular votaron a favor de la enmienda de devolución, y el PSOE y el PCE lo hicieron en contra. El debate principal consistió en una invocación mutua entre Oscar Alzaga, del Grupo Popular, y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, sobre las posiciones respecto a la justicia mantenidas por ambos hace años, contradictorias, según ellos, con las que tienen ahora.
La primera de las enmiendas que solicitaba la devolución del proyecto de LOPJ fue la defendida por el diputado del PNV, Marcos Vizcaya, quien calificó de vehemente la intervención del ministro en defensa de la ley y coincidió con él en la situación "oscurantista, retrasada, lenta y poco apreciada por los ciudadanos de la Administración de Justicia". En cambio, discrepó del ministro al señalar que con el proyecto de LOPJ, "se ha perdido una ocasión de oro para reformar esa situación".Entre los aspectos que Vizcaya echó en falta en el proyecto gubernamental, destacó la ausencia de una regulación del jurado, la falta de facilidades para el ejercicio de la acción popular y la no adscripción orgánica de la policia judicial al poder judicial. Asimismo, consideró incorrecta la subsistencia de la Audiencia Nacional, configurada como "un Tribunal Supremo bis". Entre otros argumentos para suprimir la Audiencia Nacional, alegó que facilitaría un mejor funcionamiento de la Justicia.
El portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca, defendió otra enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno, por estimar, en esencia, que el proyecto de LOPJ no resuelve la configuración del poder judicial como uno de los tres poderes del estado reconocidos en la Constitución. Resaltó la importancia de la independencia judicial, que consideró menoscabada por el hecho de que el proyecto limite las facultades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia y exclusivamente en lo referente al régimen disciplinario. Roca consideró que el proyecto "rebaja de un modo totalmente inaceptable la visión del Consejo, que acaba convirtiéndose en un mero asesor del Ministerio". El socialista Antonio Sotillos contestó a ambas enmiendas a la totalidad, y se mostró abierto a realizar modificaciones en el texto gubernamental, pero estimó que no existía justificación para que el PNV y la Minoría Catalana plantearan sendas enmiendas a la totalidad. Recordó que las competencias de los estatutos de autonomía permitirán a las comunidades autónomas participar en la configuración de las demarcaciones judiciales.
Reproches mutuos
La tercera enmienda de totalidad que proponía la devolución del proyecto de LOPJ al Gobierno fue defendida, en nombre del Grupo Popular, por el diputado Óscar Alzaga, quien descalificó el texto gubernamental porque, según él, no respeta el autogobierno del poder judicial, otorga relevancia inadecuada a los juzgados de paz, no resuelve las corruptelas de la Administración judicial y desconoce el planteamiento constitucional sobre la Justicia. En concreto, Alzaga resaltó la necesidad de que el CGPJ cuente con potestad reglamentaria suficiente para poder gobernar el poder judicial.Alzaga recordó las posiciones mantenidas por el actual ministro de Justicia cuando era vocal del CGPJ, en favor de los máximos techos de competencias para el órgano de Gobierno de la Justicia, en virtud del principio constitucional de división de poderes.
Fernando Ledesma contestó, invocando a su vez varios textos del profesor Alzaga, en su obra Comentarios a la Constitución en los que diseñaba una independencia judicial basada en que el poder ejecutivo no se inmiscuyera en la función jurisdiccional de los juzgadores.
El ministro de Justicia aseguró que tales requisitos se cumplen en el proyecto gubernamental y rechazó cualquier acusación de incoherencia en su actitud personal, ya que, dijo, "mi único compromiso es luchar por la independencia judicial y a él he dedicado gran parte de mi vida, incluso cuando hacer eso costaba muchas cosas".
