Admitida a trámite una querella de Darsa, SA, de Barcelona, contra directivos de la Compañía Telefónica Nacional de España
El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona ha admitido a trámite una querella por presuntas calumnias interpuesta por Darsa de Barcelona, Sociedad Anónima Inmobiliaria, contra directivos, ex directivos y empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Los querellados son Fernando Sánchez-Contador, ex delegado de Telefónica en Cataluña; Antonio Masanés Pérez, director del Departamento de Asuntos Sociales; Adalberto Sobrino, responsable de Asuntos Sociales en Barcelona, y los empleados María del Carmen del Toro y José Sánchez Montero.Desde hace varios años, Darsa de Barcelona, SA, y Telefónica se encuentran enfrentadas, a raíz de los numerosos contenciosos judiciales que se han suscitado entre empleados de Telefónica y la inmobiliaria, por su condición de inquilinos de viviendas propiedad de esta última. Durante la década de los sesenta, el grupo Darsa construyó unas 5.000 viviendas de protección oficial en toda España, 700 de las cuales se edificaron en Barcelona. La construcción de las viviendas fue financiada con subvenciones oficiales y aportaciones de grandes empresas, como Telefónica, Tabacalera y Siemens, entre otras, en cumplimiento de la legislación de la época que obligaba a las grandes compañías a proporcionar viviendas a sus empleados.
La paternalista y discriminatoria legislación que reguló estas relaciones suscitó múltiples conflictos entre ocupantes y Darsa, sobre todo en lo referente a las subrogaciones mortis causa, que dejaban a las viudas de los empleados-inquilinos en una situación precaria, al no poder acogerse a la legislación general sobre arrendamientos. Esta situación se ha resuelto en buena parte mediante un decreto-ley que arbitra fórmulas para que las viudas no queden desprotegidas. Desde la entrada en Telefónica del equipo socialista, la compañía adoptó una clara posición a favor de sus empleados, a quienes apoyó frente a las acciones de desahucio dirigidas contra viudas de empleados y en la defensa de un precio justo para las viviendas.
Clima de crispación
Entre los empleados existía el convencimiento de que la solución propuesta por Darsa de vender los pisos a los inquilinos a determinados precios significaba un gran negocio para esta sociedad, ya que, según ellos, ahora recibiría unos importantes ingresos, cifrados en miles de millones, cuando sus aportaciones originarias fueron muy reducidas. Este compromiso del nuevo equipo de Telefónica a favor de sus empleados ha ocasionado un clima de crispación entre la compañía y la inmobiliaria, que se ha endurecido últimamente.En este clima de enfrentamiento hay que enmarcar la querella interpuesta por Darsa. En el auto judicial en que se admite la acción penal se indica que el Servicio de Información de Telefónica se dirigió a varios inquilinos de Darsa indicándoles que "no compraran ninguna de las viviendas de Darsa, ya que lo que está haciendo esta sociedad es un robo" y que "los que las han comprado han sido estafados, pues estas viviendas están gravadas con varias hipotecas".
La querella no ha sido admitida contra el director de la CTNE, "por la elemental razón de no atribuirse al presidente del consejo expresión alguna injuriosa contra la entidad querellante, sin que pueda considerarse a ninguna persona jurídica sujeto activo del delito de calumnia".
Todos los querellados han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona para que comparezcan en el juicio verbal, para el próximo 5 de junio.
