La política exterior socialista / y 2
El autor, tras haber analizado en el artículo precedente los problemas más acuciantes de nuestra política exterior, aborda la cuestión decisiva para el futuro internacional de nuestro país. Desde su perspectiva, la permanencia o no de España en la Alianza Atlántica es no sólo un problema político, sino también ético. En este sentido, afirma el autor, el Gobierno socialista se juega con esta decisión la parte más importante de la confianza popular conquistada en las elecciones de 1982.
Finalmente, en el análisis de la política exterior española hay que mencionar el tema pendiente de nuestra permanencia en la Alianza Atlántica. Poco dados, por razones estéticas, a prácticas sado-masoquistas, no recordaremos las promesas y consignas electorales socialistas en vísperas del ya histórico 28 de octubre de 1982. Los dos máximos responsables en política exterior, Felipe González y Fernando Morán, mantienen el compromiso contraído de celebración del referéndum consultivo y nada parece abonar la tesis, difundida fervorosamente por la derecha de que no es necesaria en modo alguno la consulta popular. De imponerse tal postura, lo que parece muy improbable, la derecha conseguiría un doble objetivo: mantener a nuestro país en la Alianza y desacreditar al Gobierno por no respetar sus compromisos programáticos. Pero más graves que lo anterior resultan las crecientes simpatías atlantistas, mal disimuladas, en algunos lugares de la cúspide socialista y del mismo Gobierno, no así en las bases del propio PSOE ni en la opinión pública, reiterativamente encuestada al respecto. Ciertamente nos encontramos ante una cuestión en la que únicamente deben primar los intereses del Estado, pero el Estado no es una construcción abstracta, sino una articulación dinámica en la que han de integrarse todas las corrientes de opinión. Opinión bien informada y no desinformada por dos posibles líneas de actuación que se repiten, en los últimos meses, machaconamente. La primera insiste en la extrema dificultad de salir de una alianza militar; mensaje nada subliminal que secuestra todo intento de, manifestación libre de voluntad, y que, por lo demás, deja muy en entredicho, cuando no mortalmente recortada, nuestra propia soberanía nacional. Por otra parte, la dificultad queda sobreentendida, encogiendo el ánimo de los ciudadanos que se cuestionan acerca de los posibles males que nos podrían venir del exterior: desde presiones económicas hasta posibles alteraciones de nuestro orden constitucional y democrático.Estamos ante una incógnita que interesa despejar urgentemente. La segunda línea de actuación sobre la opinión pública afirma que la situación ideal es el mantenimiento de la relación institucional presente. Sobre la viabilidad de esta hipótesis caben muy serias reservas. Al margen del siempre mencionado caso francés, que nada tienen que ver con el año 1984 y con la posición militar española, sería hartamente dudoso que los restantes miembros de la Alianza, como ya han insinuado, aceptasen un estatuto tan peculiar para nuestro país. Se recuerda, por último, el carácter consultivo del referéndum; sin embargo, parece difícil pensar que si el resultado de la consulta fuese contrario a nuestra permanencia en la Alianza, un Gobierno socialista, es decir del pueblo, hiciese caso omiso de la negativa o se limitase a comentar que es un elemento más a tomar en cuenta.
Pregunta inequívoca
Mejor sería entonces no realizar el referéndum, aunque esta negativa la pagaríamos todos, empezando por el propio Gobierno y todos los que hemos confiado en su gestión. Estimamos, pues, que el referéndum tendrá lugar mediante una pregunta inequívoca y antes de las próximas elecciones legislativas, siempre y cuando el próximo congreso del PSOE no modifique o suprima sus anteriores resoluciones sobre la Alianza Atlántica.
No estaría de más, para anticiparse a cualquier imprevisto, que el Gobierno elaborase, si es que ya no lo ha hecho, posibles variantes realistas para nuestra política exterior. Sin confundir defensa nacional con política exterior: la segunda comprende a la primera, pero no se identifican. Todos estos son extremos que debe aclarar y asumir el Gobierno que aún cuenta con una gran parte del electorado que lo votó ilusionadamente.
Esta aspiración debe contemplarse sin recelos: es la expresión de la madurez política de un pueblo que otorgó su confianza a un partido que, en lo internacional, preconizaba el ño compromiso con ninguno de los dos bloques militares y la búsqueda de una vía original que no alterase el equilibrio de poder mundial; sencillamente, la política exterior de un Estado soberano, pacífico y progresivo. Y si es que las hipotecas que embargan nuestra acción intemacional son de envergadura insuperable, al Gobierno corresponde denunciarlas y señalarlas tajantemente, con todas las reservas que la defensa del propio Estado imponga. El pueblo español puede y debe comprender todas las explicaciones y argumentos; lo que no tolerará, salvo al precio de muy graves frustraciones, será el silencío, la pasividad, el engaño o el mantenimiento de posiciones ambiguas. En una democracia avanzada el flujo de información entre gobernantes y gobernados debe ser constante.
es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.
