Cruce de caminos entre la banca oficial
Entre las críticas comúnmente formuladas, muchas hay que se asientan con firmeza sobre argumentos de difícil contestación. Así, cuando se señala que la actuación de la banca pública comporta un elevado grado de ineficiencia, o que sus procedimientos de decisión, gestión y control abundan en defectos y anomalías de todo género, se está poniendo al descubierto una realidad tan innegable como grave.Procediendo de una forma mas precisa, es obligado mencionar, entre todas las zonas de sombra que se extienden sobre la marcha de las Entidades Oficiales de Crédito (EOC), aquellas cuya solución no admite demora: sus métodos de captación de pasivo son anacrónicos, enrevesados y gravosos para la economía en su conjunto, mientras los tipos de interés activos -todos y cada uno de ellos- son fijados administrativamente, sin que se haga explícita la subvención que con toda evidencia acarrean. El comportamiento de las entidades ha distado mucho de mostrarse como verdaderamente bancario, para lo que hubiera sido necesaria una mayor autonomía operativa. Por su parte, los procedimientos para la selección de los proyectos y sectores a financiar no parecen basarse en sólidos criterios técnicos y, lo que es peor, nada tienen de transparentes; en relación con ello, sorprende que hayan sido siempre tan superficiales e inactivos los mecanismos de publicidad y control de unas operaciones de crédito a cuyos sujetos prestatarios -pues que gozan de una doble ventaja: el bajo coste de los recursos recibidos y un plazo de amortización más alargado- cabe calificar de privilegiados. En tales condiciones resulta fácil comprender que la asignación de sus fondos quedase marcada por la continua sumisión a las presiones ejercidas por agentes económicos y sociales muy diversos.
Ahora bien, ¿alcanzan tales argumentos reprobatorios para descalificar globalmente al sistema que nos ocupa? Decididamente no. Aunque es obvio que los párrafos anteriores no agotan las posibilidades de crítica -muchos otros aspectos de la vida de las entidades, referidos a su especialización, coordinación o capacidad técnica, exigen también una profunda transformación-, no todo es negativo en la banca pública, tal y como se pretende desde algunas posiciones interesadas. Para separar convenientemente el trigo de la paja quizá no sobren los comentarios, que siguen.
Soporte instrumental
La existencia de esquemás públicos de crédito especial encuentra su justificación en la evidencia de que ciertas actividades economicas requieren, para su normal desarrollo, el acceso a fuentes de financiación peculiares. Así acontece con la edificación de viviendas (las sociales, de forma destacada), la construcción naval, la exportación, la inversión de los entes públicos locales o la agricultura. En casi todos los países europeos occidentales, incluidos aquellos en que es menor la presencia del Estado en el sistema financiero, hay instituciones dedicadas a conceder recursos credíticios en condiciones especiales a los sectores citados. En muchos casos, la dimensión de esas instituciones, por lo general de propiedad pública, es incomparablemente mayor que lá de nuestros bancos oficiales. No estará de más señalar que en la España de los setenta la evolución de los cuatro primeros sectores que se acaban de mencionar se mostró muy sensible a las fluctuaciones del crédito oficial, sobre todo en lo que respecta a la cobertura financiera de sus procesos inversores; lo mismo ocurrió con la siderurgia y otros subsectores de la industria básica. Y al margen de las valoraciones que de ellas se hagan, es seguro que intervenciones gubernamentales tan decisivas como las acciones concertadas o los sucesivos planes de viviendas protegidas se habrían dibujado con unos semblantes muy distintos de no haberse contado con ese medio para su instrumentación.
Con el estallido de la crisis económica general, el estatuto de la política crediticia oficial experimentó una modificación de notable alcance, pasando a integrarse plenamente en el arsenal de la estrategia anticrisis del Gobierno. Ante el desmesurado aumento de las demandas de financiación cursadas desde empresas y sectores en dificultad, la operatividad de las EOC creció con vigor; ése es el principal motivo de que la atonía y decaimiento en que se habían visto sumidas las entidades durante la fase precedente mudasen a partir de 1974 en una intensa expansión que no habría de cesar en todos los años que siguieron; evidentemente, la coincidencia temporal de esa reactivación con el grave estancamiento de la actividad productiva no fue resultado de una casualidad. El indicador más expresivo de esa nueva orientación fue el incremento que sufrieron algunas operaciones no ajustadas al cumplimiento de las funciones básicas del sistema, como los créditos excepcionales o los concedidos para la liquidación de deudas de las corporaciones locales.
Un lugar en la ordenación crediticia
Mucho tiene de censurable la utilización del crédito oficial en tal contexto, pues en la mayoría de las ocasiones estuvo destinada a sustituir otras medidas más rigurosas y adecuadas para la solución real de los problemas, pero portadoras también de mayores tensiones sociales o políticas. En cualquier caso, sería incorrecto achacar esos errores de planteamiento a las propias EOC, cuando fueron éstas obligadas a inscribir su acción en una política de combate a la crisis -parcial, defensiva, incoherente y meramente coyunturalista- cuya responsabilidad estaba situada muy lejos de sus centros de decisión.
Se afirma con demasiada frecuencia, que el crédito oficial es algo así como un cuerpo extraño, en nuestro sistema financiero, una permanente distorsión de su lógica interna, que no un factor integrador y de armonía. Olvidan quienes así piensan que, a fin de cuentas, el papel fundamental que a este intermediario financiero le corresponde desempeñar en nuestra economía no es otro que el de suplir algunas de las múltiples deficiencias de la actividad crediticia privada, sobre todo en lo que se refle,re a la satisfacción de las necesidades financieras del sector real. Y es que una importante brecha estructural se abre entre la oferta de fondos prestables realizada de forma voluntaria y autónoma por los establecimientos de intermediación y los requerimientos financieros de una buena parte del aparato productivo español, al que el reducido peso de su autofinanciación ha dado,en configurar como excesivamente dependiente del crédito. Los desajustes a que aludimos tienen que ver principalmente con los plazos y el coste del crédito canalizado por el sistema bancario.
La financiación a medio y largo plazo, de tan vital trascendencia sobre la dinámica de los procesos de inversión, posee en nuestro país una expresión cuantitativa realmente baja. Ello es consecuencia, desde luego, del escaso desarrollo y diversidad alcanzados por los mercados de valores, pero también de la rápida amortización en que se resuelve la gran mayoría de las operaciones de crédito realizadas de motu propio por la banca ordinaria. Es ésta una deficiencia muy grave del sistema financiero por cuanto condiciona, en sentido negativo, la evolución de la formación de capital.
En cuanto al coste de los préstamos, son de sobra conocidas las altas cotas a que se han encaramado las tasas de interés en los últimos años, muy superiores sin duda a las que pueden ser satisfechas sin quebranto por un buen número de sectores de actividad.
El proceso de progresiva liberalización del sistema financiero, tan beneficioso para los establecimientos de crédito afectados, ha provocado, sin embargo, un agravamiento de los dos problemas mencionados, produciéndose incluso un claro desabastecimiento financiero de algunos sectores. Es por esa razón que en los últimos tiempos se ha afianzado la financiación pública de carácter directamente sustitutivo.
Pues bien, ante tales defectos e inadecuaciones de las estructuras crediticias, la acción de la banca oficial se configura como una suerte de válvula de escape -más que inevitable, insuficiente- a traves de la cual se hace posible el acceso a los circuitos financieros de un segmento de la economía productiva española desatendida por las instituciones privadas.
Entidades financieras íntegras
Como consecuencia de todo ello, pretender reducir la presencia de las EOC en la realidad económica española parece una temeridad. Porque no se trata únicamente de que desempeñan, guste o no, unas funciones de difícil sustitución. Es que, además, los esquemas de crédito especial público pueden llegar a ser muy positivos en sí mismos, como ponen de manifiesto numerosas experiencias europeas y algunos destellos de la española. Para que tal acontezca, la reforma que se lleve a efecto tendrá que ser radical, verdaderamente estructural. Será preciso considerar y poner remedio a las deficiencias más arriba mencionadas; pero, sobre todo, deberá conseguirse un sólido equilibrio de las dos dimensiones que enmarcan la dialéctica básica del sistema: formar parte del tejido financiero y constituir un instrumento de la política económica del Estado.
Sólo hay un modo de afrontar con éxito esa tarea: dotar al sistema de capacidad de iniciativa, procediendo a una estricta separación entre la definición de la política crediticia oficial -que correspondería a la autoridad económica, y cuyos criterios debieran hacerse cristalinos y abrirse hacia una real maximización de la rentabilidad social- y la responsabilidad de la toma de decisiones acerca del comportamiento específico de los bancos, que tendría que ser asumida por ellos mismos; si así sucediera, su autonomía operacional se vería muy reforzada y se daría un paso de gigante hacia su cabal profesionalización. El camino se habría entonces despejado y, en esas nuevas condiciones, la ampliación de los circuitos de la banca pública sería de cierto bienvenida.
