La 'ley de arrepentidos', una pesadilla para Italia

Esta ley, cuyo promotor había sido el entonces ministro del Interior Virginio Rognoni, preveía penas mas graves para los delitos de terrorismo y a la vez, disminución de la pena para los que abandonaran la violencia terrorista y colaborasen con la justicia con pruebas decisivas para descubrir o capturar a otros terroristas.Esta era la ley de 1980. Más tarde, en 1982, una nueva ley preveía la "no imputabilidad" para los arrepentidos acusados de delitos asociativos y nuevas reducciones de la pena para los que se separasen de la violencia y "colaborasen con la policía". Y la ley tenía un término: había que arrepentirse antes del 31 de enero de 1983.

Estas leyes fueron aprobadas con relativa facilidad por las fuerzas políticas bajo la presión de un constante clima de terrorismo duro que amenazaba con hacer tambalear los fundamentos mismos del Estado en este país, hasta el punto, de que se hablaba de "estado de guerra contra el Estado". No se opusieron entonces ni los mismos comunistas.

Pero la nueva izquierda, los radicales y algunos intelectuales, como Leonardo Sciascia, que fue siempre un acérrimo enemigo de dicha ley, no dejaron de sembrar objeciones. Ahora que el miedo al terrorismo de la extrema izquierda como "enemigo peligroso del Estado" ha desaparecido por la confesión misma de sus autores, que han declarado su "derrota política", se empieza a analizar con mayor serenidad la citada legislación sobre los arrepentidos. Sobre. todo, por las consecuencias que ha producido, llegando a poner en libertad a personas que han confesado públicamente sus horribles asesinatos, como en el caso último del joven Barbonel' que le dio el tiro de gracia en la nuca a Walter Tobagi cuando tenía sólo 23 años y que, después de tres años de cárcel, está ya en la calle, mientras sus compañeros, que colaboraron con él en el asesinato y no han confesado, o porque no han querido o porque no sabían, han sido condenados a 30 años de cárcel.

Los que menos saben, más perjudicados

Y ya aquí nace el primer problema de lo que muchos consideran una injusticia de la ley, la cual favorece, sobre todo, a los más responsables, ya que son ellos quienes más saben de la organización y, por tanto, los que disponen demás material delatorío.

Los otros, apellidados por Il Messaggero los "proletarios" del terrorisino" quedan perjudicados aún en caso de arrepentimiento. No tienen muchas posibilidades de colaborar con la policía, sencillamente porque "no sabían".

Otra de las acusaciones que se hacen a esta legislación es que puede dañar el principio de igualdad ante la ley, que no distingue entre unos asesinos y otros. Si acaso bastan, dicen los contrarios a esta ley, las atenuantes que ya existen para todos en la legislación penal.

Y, por último, el peligro de que puedan pagar muchos inocentes. Como parece ser que así será. Muchos de estos arrepentidos en el ansia, si se quiere legítima, de quitarse años de cárcel se estrujan las meninges para recordar hechos y personas que, según ellos, podían haber estado implicadas en el terrorismo. En muchos casos ha bastado que una persona hubiese asistido, por ejemplo, a una reunión donde estaban presentes jóvenes que más tarde habrían acabado en la clandestinidad y en la lucha armada, para ser considerados presuntos cómplices. Naturalmente, los jueces podrán un día aclarar todo, pero mientras tanto, es posible, según las leyes italianas, estar años enteros en la cárcel antes de que se pueda probar la inocencia de dichas personas.

El tema se agrava cuando se trata no de hechos concretos, sino de interpretaciones politicas como, por ejemplo, las acusaciones de Barbone.contra el movimiento de autonomía obrera, contra el grupo Rosso o contra tantas otras organizaciones de extrema izquierda que estaban en las lindes de la legalidad, pero que en los primeros momentos mantenían juntos, por ejemplo, a intelectuales que luchaban para muchos jóvenes no acabara en la lucha armada y a los que más tarde acabaron en el terrorismo.

Jueces severos o excesivamente tolerantes

Los que, al revés, están a favor de la ley, porque se ha revelado en realidad como un arma muy eficaz contra el terrorismo en este país, lo que hoy critican es sólo la actitud de algunos jueces a la hora de aplicarla. Algunos jueces han sido, por ejemplo, demasiado severos y prácticamente en algunos casos ni han hecho caso a la ley, mientras otros se han pasado de generosos y han acabado imputando 8 ocho años de cárcel a quien merecía 30 y hasta poniéndolo en libertad provisional. Se acusa, pues, la aplicación de la ley y, por tanto, la ambigüedad del texto mismo, que ha podido dar lugar a interpretaciones tan diversas. El problema de fondo queda, sin embargo, en pie. Hay quien se pregunta hasta qué punto dicha ley salva la norma del estado de derecho, que es fundamental en cualquier régimen democrático. Y los acusadores insisten en que dicha ley lo único que refleja es la "impotencia" de un Estado frente a la eversión que debe ser combatida y vencida con las leyes normales sin tener que llegar a excepcionales.

El ex ministro Rognoni, autor de la ley, en un debate con el entonces mini stro alemán Baum, defendió la necesidad de dicha ley en Italia", afirmando que la emergencia era tal que sólo con leyes excepcionales se habría podido defender en aquel momento el Estado, y que la situación en Alemania era muy diferente.