Los 12 alcaldes vascos que rechazan a secretarios locales del cuerpo estatal pueden ser procesados

Los 12 alcaldes vascos que se han negado a aceptar que funcionarios de los cuerpos nacionales de Administración Local nombrados por concurso legal ocupen los puestos de secretarios en sus ayuntamientos, podrán ser procesados por un delito de desobediencia y apartados de sus cargos. De hecho, los gobiernos civiles han remitido a los fiscales jefes de las audiencias provinciales las actuaciones de estos alcaldes, algunos de cuales han sido ya llamados a declarar. El conflicto de los secretarios de ayuntamientos constituye en estos momentos uno de los principales puntos de fricción entre las administraciones central y vasca.

Mientras los gobernadores civiles fundamentan su postura en la sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril último, según la cual el Estado es competente para proveer las plazas de secretarios, interventores y depositarios de fondos de Administración local, el PNV y la Asociación de Municipios Vascos justifican su actitud aludiendo a sentencias del Tribunal Supremo y a los textos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, además de invocar a razones morales e históricas. Las autoridades gubernativas impugnaron ayer mismo las pruebas de selección convocadas por el Ayuntamiento de Larrabetzu para cubrir la plaza de secretario.La decisión de trasladar a los fiscales las actuaciones de los alcaldes de Fuenterrabía, Usúrbil, Aya, Cizurkil, Motrico, y Andoain, en Guipúzcoa y de Munguía, Lekeitio, Urduliz, Arcentales, Gorliz y Larrabetzu, en Vizcaya, ha sido adoptada tras un período de dos meses en el que los gobiernos civiles han advertido reiteradamente a estos ayuntamientos de lo ilegal de esa conducta.

Los antecedentes del conflicto se sitúan en el anterior Gobierno de la UCD, cuando la Dirección General de Administración Local convocó concurso de provisión de vacantes para secretarios, interventores y depositarios de fondos. El Gobierno vasco recurrió contra esta iniciativa, argumentando que las competencias de Administración local -no transferidas en aquél momento- le conferían al menos la atribución de ser consultado. Casi dos años después, el Tribunal Constitucional dicta sentencia desestimando el recurso del Gobierno vasco.

Haciendo abstracción de este dictamen, José Luis Irizarri, coordinador de política municipal del PNV, alude a las sentencias del 18 de febrero, 12 de marzo, 19 de febrero y 7 de abril últimos, de las salas tercera y cuarta del Tribunal Supremo, sentencias en las que a su juicio se reconocen las tesis de la autonomía municipal contra los postulados de la Administración central. "Las tesis defendidas por estos tribunales señalan que en caso de pugna normativa lo establecido en un decreto no puede prevalecer frente a una ley como el Estatuto de Autonomía, que tiene carácter orgánico, según el artículo 81 de la Constitución", señala José Luis Irizarri. "El Gobierno vasco acata, desde luego, el fallo del Tribunal Constitucional, pero este es un pleito totalmente distinto, porque son los ayuntamientos vascos los que defienden su derecho a ejercer la autonomía municipal, en base a lo que contempla el Estatuto, la Constitución, la ley de Conciertos Económicos y la adicional del propio texto constitucional que reconoce los derechos históricos del País Vasco".

Declaraciones

"Nuestros alcaldes están siendo llamados a declarar por los jueces y si perdemos los pleitos y, finalmente, el Tribunal Supremo nos quita la razón y dice que esos artículos de la Constitución y del Estatuto son papel mojado, entonces nosotros lo acataremos", indica el responsable de política municipal del PNV.José Maraña Sánchez, uno de los funcionarios que no ha podido ocupar su cargo de secretario en el Ayuntamiento de Andoain, explica que alguno de sus compañeros dominan el euskara y que la práctica totalidad está dispuesta a aprenderlo en un plazo determinado. "Somos profesionales y estamos al margen de este conflicto político; la mayoría somos vascos, ya que tras la sentencia del Tribunal Constitucional, se decidió convocar para estar plazas precisamente a la gente de aquí. Yo había renunciado a otros puestos para estar en el Ayuntamiento de Andoain, y sé que la dirección general de Madrid nos propuso a mí y a otro compañero, dejando al ayuntamiento que estableciera sus preferencias. La permanente de la corporación de Andoain", afirma José Maraña, "decidió adherirse a las tesis de la Asociación de Municipios Vascos y yo no he podido ocupar la plaza pese a que tomé posesión de la misma en compañía de un notario.

"La corporación, incluidos los concejales del PSE-PSOE, rechazaron mi entrada, creo que por motivaciones exclusivamente políticas. Tenemos", añade, "una falsa imagen, como si fuéramos paracaidistas de Madrid y no profesionales que tenemos nuestras razones para querer trabajar en nuestra tierra. Yo he notado ciertos recelos y cierto interés en conocer mi afiliación política, pero lo cierto es que nadie me ha alegado el euskara como el dato con que justificar la negativa a que ocupe el puesto que he ganado en las oposiciones".