Tensión entre la Asociación de Fiscales y Justicia
El nombramiento por el Gobierno de José Julián Hernández Guijarro como fiscal de sala del Tribunal Supremo ha provocado la decisión de la Asociación de Fiscales, que agrupa, según sus propias fuentes, a alrededor del 60% de los acusadores públicos, de impugnar la citada medida del Ejecutivo, por entender que no ha ido acompañada de la preceptiva propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal. El Gobierno ha nombrado a Hernández Guijarro desoyendo la propuesta, que cumplía los trámites establecidos, de que el cargo re cayera en José Aparicio Calvo-Rubio.
La decisión de la Asociación de Fiscales ha motivado la dimisión de su presidente, José Jíménez Villarejo, quien entiende que es muy discutible el procedimiento empleado por el ejecutivo, pero no quiere "protagonizar un enfrentamiento de un sector de la carrera fiscal con el Gobierno socialista".Por otra parte, en medios de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se hablaba ayer con insistencia de la posible dimisión del Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón, quien, pese a ser un cargo de confianza del Gobierno, ha visto desoída la propuesta presentada, en última instancia, por él, con respecto al nombramiento citado.
El fiscal general desmintió rotundamente a este periódico su rumoreada dimisión, aunque en conversaciones con personas de su entorno ha expresado cierto desencanto con un cargo en el que, para él, pesan en exceso las funciones representativas.
El rumor llegó a estar tan extendido que incluso se daba como sucesor al fiscal de sala Fernando Jiménez Lablanca, actualmente encargado de llevar el caso Rumasa, junto con Hernández Guijarro, cuyo nombramiento como fiscal de sala del Supremo ha originado el malestar entre los miembros de la carrera fiscal.
El fiscal rechazado por el Ministerio de Justicia, José Aparicio Calvo-Rubio, es un hombre respetado en la Audiencia Territorial de Madrid y está considerado como un símbolo por los sectores derechistas., Nombrado durante el franquismo gobernador civil de Lérida, Murcia y Oviedo, su nombre apareció relacionado con los ultraderechistas que fueron condenados por el atentado a la revista El Papus, especialmente a Miguel Gómez Benet, cerebro de la trama fascista catalana y procesado por la Audiencia Nacional por el citado atentado, quien falleció en Andorra antes de la celebración del juicio.
En octubre de 1977, con motivo de las detenciones de El Papus, Aparicio dijo a EL PAIS que no conocía a Gómez Benet, aunque poco después reconoció que le conocía "por nuestros cargos respectivos". Incluso se publicó entonces que José Aparicio, siendo gobernador civil de Lérida, designó lugarteniente provincial de la Guardia de Franco a Gómez Benet. En la actualidad se le considera próximo a los planteamientos de Alianza Popular.
Fuentes del consejo general de la Asociación de Fiscales hicieron hincapié en que el recurso que han decidido presentar contra la designación para el Supremo de José Julián Hernández Guijarro, que goza de gran estima profesional y antes de. ocuparse del caso Rumasa estaba en la Inspección Fiscal, no supone apoyo ni descalificación a las dos personas implicadas, sino que debe entenderse exclusivamente como un intento de que no sea vulnerado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo artículo 13 establece que es competencia del Fiscal General del Estado "proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal".
La Asociación quiere evitar que se interprete su recurso como favorable a un fiscal de conocida ideología derechista y en contra de otro miembro del Ministerio Público, más apegado a las convicciones democráticas. Un caso semejante sucedió cuando la misma Asociación recurrió, en julio del año pasado, el nombramiento para el Supremo de Jesús Vicente Chamorro, por estimar, también, que se había producido "en desacuerdo con el ordenamiento jurídico vigente" y fue interpretado en algunos sectores como un veto por la ideología comunista de aquél.
Irregularidades
José Jiménez Villarejo, presidente de la Asociación de Fiscales y teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional, dijo a EL PAIS que no niega al Gobierno su facultad discrecional para realizar nombramientos como los de fiscal del Tribunal Supremo. "Lo único debatible sería el procedimiento empleado, la forma; estoy de acuerdo con el consejo general de nuestra -Asociación en que en esto se aprecia cierta irregularidad, pero no lo estoy en, recurrir el nombramiento, porque se le va a dar una interpretación política. No creo que esté en juego", continuó , "la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y pienso que las formas tienen importancia, pero no compensa el coste político del recurso. Lo que no quiero es protagonizar el enfrentamiento de un sector de la carrera fiscal con el Gobierno socialista".
Jiménez Villarejo añadió que con su postura no quiere presentar a la Asociación de Fiscales como una agrupación de carácter conservador, "porque no es cierto. No es que yo no comparta sus posiciones políticas, sino que pienso que este recurso es un error. Mi posición fue votada en la reunión del consejo general de la Asociación del pasado fin de semana y perdimos por dos votos contra treinta. No pienso reconsiderar mi dimisión, aunque no me fue aceptada, y yo no presentaré el recurso". No obstante, este periódico ha podido saber que el recurso podrá salir adelante por otras vías, como su presentación por el secretario de la Asociación, Enrique Beltrán, fiscal de Valencia, en ausencia de su presidente.
Nombramiento efectuado sin requisitos
El nombramiento de José Julián Hernández Guijarro apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de septiembre. Ese mismo día se publicaba la promoción a la categoría de fiscal de un teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, que se hacía "a propuesta del ministro de Justicia, de acuerdo con la formulada por el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejo de Ministros".
En el nombramiento de José Julián Hernández Guijarro figuraba, exclusivamente, "a propuesta del ministro de Justicia ' previa deliberación del Consejo de Ministros", sin hacer mención a la propuesta del Fiscal General del Estado.
El ascenso de José Aparicio Calvo-Rubio a fiscal del Tribunal Supremo fue informado favorablemente por el Consejo Fiscal cuando éste se componía exclusivamente de miembros natos, como el Fiscal General del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el inspector fiscal y los fiscales de sala. El informe favorable se hizo, pues, con anterioridad a la puesta en práctica del Estatuto Orgánico del Ministerio. Fiscal de 30 de diciembre de 1981, que prevé la elección democrática de nueve de los doce miembros del Consejo, elección que sólo pudo hacerse en la primera quincena de julio de este año, tras el desarrollo de la norma y la convocatoria de elecciones.
Junto a los nueve miembros elegidos por todos los miembros del Ministerio Público entre los componentes de la carrera fiscal, permanecen también, después del Estatuto, como componentes natos del Consejo el Fiscal General, el teniente fiscal del Supremo y el inspector fiscal.
