Las corporaciones locales, instrumentos de control de la calidad del sistema educativo
Una observación atenta de la política educativa municipal de los últimos cuatro años permite percibir en qué medida los equipos democráticos han llevado a los ayuntamientos la proyección de la gran preocupación popular por el grave problema del llamado fracaso escolar. Incluso no resulta exagerado afirmar que los ayuntamientos y las diputaciones han sido mucho más claramente sensibles que la propia Administración central, que tendría que haberse sentido más directamente implicada.Muchas acciones de algunos ayuntamientos democráticos han estado encauzadas hacia la investigación de este problema y hacia la búsqueda de soluciones para el mismo. Los ayuntamientos parecen haber asumido así cierta función de control de la calidad del servicio escolar, lo cual no ha dejado de suscitar algunas suspicacias entre los profesionales del medio, sobre todo entre quienes conciben casi siempre como intromisión el menor intento de aproximación a su trabajo por parte de cualquier instancia ciudadana, aunque ésta sea la de las propias asociaciones de padres de alumnos. Tal vez para no exasperar esos recelos, muchas corporaciones lo cales han optado por asumir ellas mismas ciertas funciones de corrección del sistema. Desde esta perspectiva se entiende el impulso dado a los servicios de orientación psicopedagógica y la creación de instituciones directamente encaminadas a la reflexión sobre el problema escolar y a la investigación pedagógica. Piénsese, por ejemplo, en el madrileño Centro Municipal de Investigaciones Pe dagógicas (Cemip) o en el barcelonés Instituto Municipal de Investigación y Psicología Aplicada a la Educación (IMIPAE) o en las es cuelas catalana y valenciana de ,formación de educadores de calle o de especialistas en los problemas de marginación social, y en tantas otras iniciativas que han ido proliferando a lo largo de estos años de corporaciones democráticas en el ámbito de la educación y de la cultura de adultos, como las universidades populares. Por otra parte, a las corporaciones locales democráticas se debe en buena medida el fortalecimiento de los movimientos de renovación pedagógica extendidos por todo el país. Las diputaciones y los ayuntamientos han impulsado y apoyado las iniciativas de los sectores más inquietos y valiosos del profesorado, contribuyendo a afianzar una corriente de transformación de la escuela, cuyos precedentes habrían de buscarse en los momentos culturales más brillantes de la II República.
El ejemplo del Ayuntamiento de Turín, la histórica ciudad italiana convertida ya en símbolo y modelo de ciudad-escuela, ha encontrado amplio eco en los ayuntamientos y diputaciones españoles gobernados por la izquierda, que han arrostrado decididamente la tarea de entrañar a la escuela con su medio.
Ahora bien, también hay que registrar algunos puntos oscuros en el panorama de la gestión educativa de estos escasos primeros cuatro años de corporaciones locales democráticas, en parte por su proverbial penuria económica (derivada, muy particularmente en el caso de la política educativa, de las escasas competencias atribuidas a los entes locales por la Administración central), en parte también por una evidente falta de coordinación entre las diversas instancias administrativas implicadas en dicha política.
Iniciativas municipales de orientación escolar
Así, parece cuando menos discutible la eficacia de ciertas iniciativas municipales relacionado precisamente con el mundo de la orientación escolar y psicopedágogica, que pueden estar generando bastante desconcierto entre sus teóricos usuarios. El afán por cubrir esos agujeros del sistema educativo que luego determinan tan altos índices de fracaso escolar, está contribuyendo a una proliferación de servicios que se superponen unos a otros. En estos momentos existen en Madrid equipos de orientación dependientes directamente del Ministerio de Educación, mínimos por su estructura y dotación junto a otros de iniciativa estrictamente local creados por determinadas delegaciones de educación de algunos ayuntamientos concretos, con igual y semejante precariedad de medios. A estos servicios se unen los veinte equipos multiprofesionales dependientes del Instituto Nacional de Educación Especial, creados por una decisión de la última Administración centrista justamente en las últimas semanas de su mandato. Mientras tanto, en el contexto de su programa de educación compensatoria, el ministro de Educación y Ciencia acaba de anunciar la creación de unos todavía indeterminados "equipos de apoyo".El mal no reside solamente en que todos estos servicios, aisladamente, resulten insuficientes para atender a las necesidades de una población escolar millonaria como la de la capital de España, sino en el hecho mucho más grave de que, muy probablemente, sus acciones se estén interfiriendo mutuamente por falta de coordinación.
Hace algunos meses, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Madrid emprendía la realización de una encuesta sobre el fracaso escolar casi al mismo tiempo que se ultimaba un estudio sobre el problema, que había sido realizado por la Inspección Técnica de EGB de Madrid, que, por razones obvias, posee todos los datos necesarios sobre el mismo. Es una anécdota reveladora de la cantidad de esfuerzos de toda índole que pueden estar malgastándose por falta de una mínima coordinación entre todas las instancias administrativas implicadas en la educación.
De todos modos, la política educativa de las corporaciones locales arroja un balance positivo, pese al ínfimo nivel de competencias que la actual legislación les otorga. Y esto es igualmente válido respecto de la Administración central como de los Gobiernos autonómicos, alguno de los cuales, por lo que a esta materia educativa respecta, apenas consiguen disimular su cómoda instalación en la estructura y maneras centralistas heredadas en su día de Madrid.
