El futuro de Campsa y del monopolio comercial quedará definido en la revisión del Plan Energético Nacional
El futuro de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa) quedará definido dentro de la revisión en curso del Plan Energético Nacional (PEN), que actualmente prepara una comisión de cinco sabios del sector junto a las autoridades energéticas. Precisamente las discusiones de esta cuestión, junto a las negociaciones con el sector eléctrico sobre sus problemas financieros, están retrasando apreciablemente estos trabajos, y en medios solventes se considera ahora que el plazo fijado por el Ministerio de Industria y Energía para la presentación del nuevo PEN, el próximo 30 de junio, no podrá cumplirse.
La decisión de incluir el futuro de Campsa dentro del PEN ha sido unánime dentro de la comisión, que considera que "no es muy coherente reordenar el subsector de hidrocarburos para la próxima década sin tener en cuenta los cambios que nuestra integración en las Comunidades Europeas puede suponer para la empresa gestora del monopolio y para todo el refino". La inclusión de este tema, sin embargo, está complicando enormemente los trabajos del grupo, debido, fundamentalmente, a las diferentes ideas que existen en el sector al respecto.Fuentes solventes señalan que las ideas del grupo de trabajo, con las que coincide el Ministerio de Industria y Energía, son coincidentes respecto a la necesidad de mantener Campsa como empresa. En este sentido, de lo que se trata es de aprovechar la experiencia que esta sociedad, con capital público y privado, tiene en la comercialización de los productos carburantes, aunque adaptando su situación jurídica a la normativa comunitaria.
Sobre la mejor manera de hacerlo, sin embargo, parecen existir tres teorías. La primera es la de no hacer nada, en espera de que se concrete la fecha de la integración en la CEE y el período de adaptación. Ésta está totalmente descartada. La segunda tesis propone una reforma profunda del actual sistema de comercialización de los productos carburantes, relegando a Campsa al papel de una empresa más del sector, en competencia con las demás. Y la tercera, con dos variantes y que es la que más apoyo tiene, que determina un papel fundamental para Campsa en la compra y venta de los productos petrolíferos.
La doble vertiente de esta tesis ha sido descrita en medios del sector como "solución maximalista" y "la menos maximalista". La primera, que cuenta con el apoyo de importantes nombres dentro del sector público del refino, parte del principio de conservar esta empresa como la encargada de adquirir los productos a pie de refinería y venderlos directamente al público. Asimismo, sería Campsa, con este u otro nombre, la que pasaría a ostentar la propiedad de la red primaria de gasoductos, ahora en manos del Patrimonio del Estado y que el Gobierno desea que pase al área del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Con esta solución, las refinerías establecerían su nueva relación con la nueva empresa por medio de un contrato privado, bajo el cual tendrían acceso a la red y a la distribución.
La tesis menos maximalista es muy parecida a la solución apuntada, según el principio de esquema de que se dispone. La apreciable diferencia sería la venta al usuario de los productos refinados, venta de la que se encargarían, según esta segunda versión, las refinerías, en directa competencia. Al parecer, esta tesis recibía el apoyo de los privados (es decir, de Cepsa y Petronor), aunque en los últimos tiempos la posición de éstos no aparece muy clara. De lo que se trata es, reconocen sin recato, de mantener la situación de facto dentro de unas nuevas coordenadas jurídicas, especialmente de cara a la competencia de las multinacionales.
Cuestión de coste
Fuentes gubernamentales consultadas estiman que, sea cual fuera la solución que finalmente quede reflejada en el PEN, el principio que el ministerio trata de preservar es el del coste mínimo.
En una situación de crisis general para el refino en todo el mundo, se estima que sería muy gravoso para el sector enfrentarlo a una situación nueva en la que muchas empresas no están preparadas y nunca podrán estarlo. Abrir las fronteras para que la sobrecapacidad refinadora europea inunde el territorio español es el argumento que el sector coloca como base de su defensa.
Por otro lado, los redactores del PEN se encuentran analizando la pretendida sobrecapacidad refinadora del subsector. Las fuentes consultadas apuntan que no es tanto un problema de exceso de instalaciones como de exceso de determinados productos. En este sentido, los miembros de la comisión están estudiando seriamente la posibilidad de reconvertir una o dos de las instalaciones actuales, previsiblemente con una unidad más de coking (última fase del refino, que extrae aún más productos refinados) y quizá otro hidrocraking, sistema muy parecido a los actuales FCC en construcción en la mayoría de las refinerías.
Otro factor que ha retrasado el trabajo inicial de la comisión es el hecho de que se haya planteado la revisión del PEN desde unos planteamientos completamente distintos a los que se utilizaban en anteriores trabajos. Así, se ha partido de una hipótesis de demanda basada en unas previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en torno al 3,3%, con una elasticidad de la demanda energética en la que se ha incluido la variable de precios y el objetivo final de proceder a un ahorro efectivo de energía.
Todos estos nuevos ingredientes han complicado la redacción de los trabajos iniciales. La meta del ahorro energético forzará, quizá, a recortes en instalaciones, especialmente en el programa nuclear, a menos que se establezca un calendario efectivo y razonable en la puesta en marcha de algunas cuya construcción se encuentra ahora muy retrasada.
