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Los Presupuestos Generales del Estado no entrarán en las Cortes antes del día 20 de abril

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 y el de la Seguridad Social, que formalmente fueron aprobados por el Consejo de Ministros del último miércoles, no serán remitidos a las Cortes antes del 20 de abril, en el mejor de los casos. La introducción en los presupuestos de las distintas modificaciones aprobadas ayer por el Gobierno, supone un ingente trabajo de retoque de partidas y ajustes técnicos, según reconocen expertos en tareas presupuestarias, que ocupará como mínimo la próxima semana a los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda.

Esta labor, por otra parte, es previa a la preparación de toda la documentación adicional que el Gobierno debe remitir a las Cortes, junto al proyecto de ley de Presupuestos, lo que implica al menos otra semana más de intenso trabajo para los técnicos de la Administración. De ahí que se considere harto improbable el que los presupuestos puedan entrar en las Cortes antes del 20 de abril, máxime cuando todos estos trabajos no van a reiniciarse hasta el próximo martes.Las previsiones de gasto, al parecer, se habían desbordado en las últimas semanas. Los 4,7 billones de pesetas de los que se venía hablando se habían disparado a 4,8 billones largos, y en estas condiciones era imposible cumplir el objetivo del Gobierno de contener el déficit público en una cifra equivalente al 6% del producto interior bruto previsto para 1983, máxime cuando las perspectivas de crecimiento del PIB, una vez transcurrido el primer trimestre, son algo más moderadas de lo que se pensaba a comienzos de año.

Alternativas de recortes presupuestarios

Por esta razón, el Ministerio de Economía y Hacienda presentó al último Consejo de Ministros, celebrado el miércoles pasado, distintas alternativas de reducción del gasto público y del déficit público previstos. Todas estas alternativas tenían como denominador común una reducción del orden de un 10% en las partidas de gastos voluntarios previstos por los distintos Departamentos, ya que obviamente no es posible reducir determinadas partidas como son los gastos de personal o las destinadas a intereses y amortizaciones. En concreto, alguna de las alternativas de reducción presentadas al Consejo de Ministros se referían a ayuntamientos y a inversiones.

Estas alternativas de reducción suponían recortes presupuestarios que oscilaban entre los 200.000 y los 300.000 millones de pesetas, por lo que la cifra de gasto público muy probablemente se sitúe en 4,6 o 4,5 billones de pesetas y no en los 4,7 billones de pesetas que se han venido barajando hasta ahora. Los ingresos presupuestarios también han podido sufrir algunos retoques, ya que hay distintos factores como los nuevos precios de petróleos y gasolinas y la previsible recaudación por servicios públicos, que obligan a reconsiderar las primitivas estimaciones.

El déficit público, en base a estas alternativas, podría situarse ahora en torno a 1,2 billones de pesetas (unos 150.000 millones menos de las cifras que hasta el momento se habían difundido).

No obstante, las cifras concretas no se conocen oficialmente, ya que en la conferencia de prensa que siguió al Consejo de Ministros del miércoles, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, se negó a hacer cualquier precisión ni sobre el contenido del proyecto de ley de Presupuestos para, 1983 que acababa de ser aprobado ni sobre la fecha de remisión a las Cortes del citado proyecto.

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