Rumasa, las nacionalizaciones y la política del PSOE
Mi primera sorpresa fue la moderación mostrada por la CEOE, que se pudo interpretar a primera vista como respuesta insolidaria con Rumasa, por el conocido hecho de que el grupo no estaba afiliado a la gran patronal ni quería saber nada de los acuerdos de los grandes banqueros sobre tácticas y estrategias a seguir en el sector. Luego fue la entrevista de Termes con el presidente Felipe González, de la que tan contento salió, declarando que los bancos nacionalizados volverían al sector privado después de ser saneados. Uno tiene que preguntarse a la fuerza por el significado de lo que está pasando, ante el rumor de que las empresas nacionalizadas, una vez reflotadas con dinero de todos los españoles, volverán al área privada de la economía.¿Podía un Gobierno responsable seguir escondiendo la cabeza bajo el ala, como han hecho los anteriores, ante las heterodoxias, supuestas irregularidades y supuestos desafíos de Rumasa? Desde luego, no. Si uno está convencido de que el hundimiento del tinglado es cuestión de pocos meses, se impone la intervención a tiempo. ¿Es lógico devolver al área privada empresas nacionalizadas y saneadas por el sector público? Depende de la orientación programática del Gobierno, pero está claro que esa decisión no puede calificarse de política socialista. ¿Puede esperar la gran banca mejor regalo del Gobierno del PSOE que la entrega en bandeja de plata, previo pago (¡faltaría más!) de los bancos del grupo Rumasa limpios de polvo y paja y bien orondos, después de tan reiterados como inútiles esfuerzos para hacerse con ellos por los caminos usuales entre caballeros banqueros? Creo que no. Cuentan que cuando Boyer llamó por teléfono a Termes el 23 de febrero para comunicarle que el Gobierno de la nación había decidido la expropiación de Rumasa, el representante de la banca preguntó, con más curiosidad que ingenuidad: "¿Y el Atlántico también?". Sépase que el Atlántico está entre los diez primeros bancos españoles y parece libre de amenazas de ruina, dicho sea de paso.
¿Una medida progresista?
Entonces, ¿es progresista o no nacionalizar empresas? Si las nacionalizaciones son un instrumento de control de la actividad económica general, si se utilizan para garantizar el bien común y para mejor redistribuir la renta, tendrán significado de progreso político y social. Pero lo más frecuente en el sistema capitalista es que la función de las empresas públicas sea otra, guiadas por el principio de subsidiaridad, y no por el de concurrencia, en relación a la iniciativa privada.Eso significa que el sector público, como empresario en un sistema capitalista:
a) Desarrolla su actividad predominantemente en sectores con baja o nula rentabilidad, por lo cual no atraen inversiones privadas, aun siendo su producción necesaria para el buen funcionamiento del conjunto (minería, astilleros, en general sectores con alta relación capital/producto y tasa de beneficios escasa o negativa).
b) Acoge empresas con pérdidas, cuya desaparición provocaría estrangulamientos en el sistema económico o conflictos sociales, por aumento del paro (son los conocidos casos de Hunosa, AHM, Babcok-Wilcox, Minas de Figaredo, Trasmediterránea y un largo etcétera).
c) Actúa en sectores estratégicos, de forma que su presencia y sus hipotéticas pérdidas se traducen en una reducción de los costes de producción de otras empresas, por los bajos precios de los productos que les venden o de los servicios que les prestan (como sucede en el caso de Renfe y otras empresas públicas).
d) En época de prolongada crisis económica, el sector público cumple funciones de UVI u hospital de empresas, nacionalizándolas cuando enferman y privatizándolas de nuevo cuando han sido curadas y saneadas con dinero público. (El ejemplo español más conocido, por reiterado, es el de Intelhorce y los casos de bancos saneados por el Fondo de Garantía de Depósitos; con Rumasa puede ocurrir otro tanto.)
¿Se puede hablar de progresismo cuando tan evidente es la nacionalización de pérdidas y la privatizacíón de ganancias? ¿No estaremos, por el contrario, ante una manifestación más de la instrumentación del aparato del Estado en favor de los intereses del capital privado? ¿Habría que dejar, entonces, que se hundan las empresas antes que mantenerlas con pérdidas? Sin ninguna duda, se opondrán a la política abandonista tanto los sindicatos como los empresarios. Los primeros, en defensa del empleo, de la política social y del clientelismo sindical; los segundos, en apoyo de sus intereses económicos, pues verían menguados sus beneficios sin la existencia del Estado-empresario. Rara vez las cosas son del todo blancas e inmaculadas o totalmente negral.
Véase, pues, la ambigüedad que atenaza a las reivindicaciones nacionalizadoras, cuyos efectos dependen en cierto modo de las directrices políticas del Gobierno que las lleva a cabo. Carece de sentido equiparar nacionalizaciones con progresismo si se desenvuelven en un contexto de subsidiaridad. Y es ridículo oír a la derecha vociferar contra la existencia de un área pública en la producción de bienes y servicios cuando el área privada es la primera y principal beneficiaria de esa situación.
Empresas públicas
En definitiva, las empresas públicas, aun con pérdidas, son necesarias dentro de la lógica del sistema y pueden alegar en su favor una doble legitimación, económica y social.¿Qué política de empresa pública va a seguir el Gobierno actual? Habrá que esperar unos meses para saberlo. Pero los síntomas no son alentadores. Si fuera cierto que van a retornar al sector privado los bancos nacionalizados a Rumasa, a pesar de que en el programa electoral del PSOE se lee que "cuando la nacionalización de una entidad bancaria se realice con fondos mayoritariamente públicos el Estado hará uso de la opción de compra prevista en la legislación actual", poco se puede esperar en el ámbito de la empresa pública, tema tratado con exquisita cautela y sutil ambigüedad en el mismo programa.
Está por ver si el Gobierno de la nación, después de haber cumplido con su deber nacionalizando el grupo Rumasa, se presta a ser un descarado instrumento nacionafizador de pérdidas y privatizador de ganancias. De terminar así la comedia, nunca podría haber soñado el gran capital con encontrar mejor gestor de la crisis, a la par que garante de sus intereses.
