Rumasa tendrá 55 años para devolver al Estado los 15.000 millones de pesetas destinados al pago de los cedulistas de Fidecaya

Si prospera el acuerdo que será redactado esta semana, Rumasa tendrá un plazo de 55 años para devolver al Estado los casi 15.000 millones de pesetas entregados al grupo de Ruiz Mateos con destino a los más de 200.000 cedulistas de Fidecaya. Tras unas negociaciones difíciles, y que han durado meses, el holding de la abeja ha pretendido alargar los vencimientos de su deuda hasta 110 años, frente a los veinte que desde el principio se tomaron como referencia básica.Todo ha dependido de la interpretación de una cláusula del contrato y de la fuerte baja en la valoración de los restos de Fidecaya, que todavía hace tres meses llegaba a 6.000 millones de pesetas y ahora apenas cubre 3.000. El agujero patrimonial esperado pasa, pues, de 10.000 a 13.000 millones de pesetas.

Los funcionarios miembros de la comisión liquidadora de Fidecaya tienen previsto ultimar durante esta semana la redacción del acuerdo. Aunque el pacto alcanzado el día de Nochebuena de 1981 fijaba todas las condiciones de la operación, y fue aprobado antes de su firma por el Consejo de Estado y por el Consejo de Ministros del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, tanto los liquidadores de la entidad de ahorro particular como el grupo de Ruiz Mateos parecen interesados en que el Ejecutivo socialista ratifique su nuevo acuerdo.

Hace todavía un año, cuando el ministro de Hacienda informó del asunto Fidecaya al Congreso, dio por entendido que el plazo de pago sería de unos veinte años. No obstante, advirtió de pasada que podría ampliarse "si el importe neto de la valoración resultase inferior a 10.000 millones de pesetas". Aun entonces -meses después bajaron las estimaciones de la valoración a 8.000 y, ya en octubre pasado, 6.000 millones-, la actuación del Gobierno fue muy criticada por los portavoces del PSOE y del PCE, a quienes les pareció amplio el plazo.

El nuevo paso permitirá a Rumasa hacerse cargo definitivamente del patrimonio de Fidecaya, pagar a los mayores ahorradores de la entidad las cantidades no garantizadas en sil día por el Estado (unos novecientos millones de pesetas, el dinero de las cedulistas con más de 500.000 pesetas), y tratar de vender dicho patrimonio para devolver al Estado los 15.000 millones de pesetas.

Fórmulas matemáticas

Como se recordará, el pacto consistió en devolver, a través de la red de bancos de Rumasa, los cerca de 9.000 millones de pesetas que faltaban entre los 15.000 garantizados, quedarse con los trabajadores y oficinas de Fidecaya, recibir el patrimonio de la misma una vez fuera valorado y resarcir a las arcas públicas de aquellos 15.000 millones de pesetas en un plazo dependiente de la valoración del patrimonio.El problema del plazo, que ha sido el último en plantearse, radica en que el contrato de la Nochebuena 1981 fijaba una complicada fórmula matemática. En síntesis, indicaba que, a menor valoración del patrimonio entregado a Rumasa, mayor plazo para el pago al Estado. A partir de un calendario de pagos con cuatro años de carencia, entrega del 0,1% de la deuda en cada uno de los seis años posteriores; del 0,4%, en los siguientes, y del 1%, varias décadas después, la ecuación matemática debía definir cuánto tiempo se necesita para que el patrimonio final de Fidecaya se convierta en los 15.000 millones de pesetas a devolver por Rumasa, gravando la valoración con una tasa de interés interanual del 3% y según la tabla de las matemáticas financieras.

Sin embargo, al parecer, una cláusula del contrato, nunca revelado a la opinión pública, permitía tanto la interpretación de Rumasa (110 años) como la efectuada por la cornisión liquidadora (55 años).

Tan apremiante fue para los liquidadores salvaguardar los intereses públicos y no demorar más el traspaso del patrimonio que, según fuentes próximas a los mismos, llegaron a formalizar hace varias semanas un requerimiento notarial al holding jerezano, con una especie de ultimátum: si mantenía sus discrepancias, llevarían la decisión al árbitro previsto en el contrato, el director general de Seguros, del Ministerio de Hacienda.

La principal discrepancia estaba entonces en si se incluían en el patrimonio de Fidecaya las deudas en favor de su penúltimo propietario, Miguel Soriano, por valor de unos ochocientos millones de pesetas, y también los créditos frente a éste, por unos 1.500 millones.

La posición de Rumasa es que debía recibir el patrimonio limpio de obligaciones, pero hubo diálogo. Al final se ha decidido, y así va a recogerse en el texto del acuerdo, que la transmisión se hará con una cláusula de cierre dinámica, para que si luego aparecieran deudas se sumen al caudal, o al revés.

Según fuentes de la comisión liquidadora, de las tres funciones que le encomendó el Gobierno en noviembre de 1981 han sido cumplidas ya dos: la primera, solucionar el futuro de los trabajadores y pagar a cedulistas y acreedores, con gran perfección; la segunda, liquidar la empresa, muy bien, si se compara el caso con Matesa u otros escándalos. Queda pendiente la tercera, exigir responsabilidades. Y los liquidadores dicen tener el propósito, una vez hecha la transmisión, de hacer cuentas y pasarlas a la abogacía del Estado.