El 'último' dirigente de los GRAPO

EL ULTIMO de los dirigentes históricos de los GRAPO, Juan Martín Luna, ha caído en un tiroteo con la policía en Barcelona y, como en ocasiones anteriores, cuando se ha tratado de tan equívoca como mal conocida organización terrorista el procedimiento ha sido visiblemente expeditivo. Desde el mes de abril de 1979 , cuando funcionarios de la Brigada de Información dieron muerte en la plaza de Lavapiés, en Madrid, a Juan Carlos Delgado de Codex, once grapos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.Juan Martín Luna, condenado a 37 años de prisión en octubre de 1977 por el asesinato del capitán Herguedas, había sido uno de los cinco protagonistas de la fuga del penal de Zamora, en diciembre de 1979, ingeniada por medio de un túnel que él y sus cómplices habían podido excavar a lo largo de seis meses de pacientes y, sorprendentemente, sigilosos esfuerzos. Tras la muerte de Enrique Cerdán Calixto, también en una cuidadosa trampa tendida por la policía, siempre en Barcelona, Martín Luna era el único hombre al que se le concedía capacidad para reconstruir el aparato de la organización, tantas veces dada por difunta y otras tantas milagrosamente resurgida en momentos clave de la vida nacional. La policía establecía recientemente en no más de diez miembros la fuerza operativa de los grapos, y a Martín Luna, como su jefe natural, por lo que lo natural sería ahora suponer, una vez más, que el comienzo de la alternativa socialista de gobierno debería verse libre de ese singular y fantasmagórico azote, auténtico Guadiana utilizado hasta ahora para complicarle la vida a la consolidación de la democracia en España.

De otro lado, todo parece indicar que la muerte del grapo Martín Luna es una a modo de despedida de Manuel Ballesteros, máximo responsable del MULC, el organismo dirigente de la lucha antiterrorista, que, de esta forma, habría querido concluir con un gesto de eficacia su desempeño del cargo, a la vista del previsible relevo que disponga el equipo de Felipe González. En cualquier caso, nos encontramos ante el primer muerto por la acción represiva policial contra el terrorismo bajo mandato socialista. Ayer, este hecho fue despachado con una escueta nota policial por el nuevo Gobierno, en cuyo nombre nadie estuvo dispuesto a dar la cara ante la opinión pública. Recordemos que en marzo de 1981 el dirigente de los GRAPO, José María Sánchez Casas, hacía una oferta para que su grupo depusiera las armas, en el juicio en el que fue condenado, sobre la que entonces no se arrojó suficiente luz. Más recientemente, el pasado 6 de noviembre, los GRAPO anunciaron una suspensión de sus actividades terroristas para probar su disposición al diálogo con el PSOE. Ponía como condiciones a su autodisolución "la salida de España de la OTAN, la depuración del aparato del Estado y la mejora de las condiciones de vida de las masas". El Gobierno socialista, sin rehuir en ningún momento la aplicación del máximo rigor legal sobre los asesinos de esta o cualquier otra organización terrorista, han de poseer toda la información necesaria para planificar una estrategia de acción, no solamente policial sino también política, que permita la eliminación sin opciones a una eventual resurrección como las que han prodigado los GRAPO, de las fuerzas que se oponen al cambio en España.

Todo ello llama la atención sobre la necesidad de que la opinión, y no sólo las fuerzas de seguridad del Estado, estén preparadas para lo que podría ser una nueva acción de los interminables restos de la organización, en represalia por la muerte de su dirigente. De una vez por todas, es preciso que la ofensiva contra los GRAPO se lleve a cabo con el pleno conocimiento por parte de los nuevos responsables de la dirección y la seguridad del Estado que, aparentemente, ha faltado a sus antecesores, de toda una serie de inevitables apoyos y vinculaciones, que son los únicos que pueden explicar la supervivencia de tan correoso enemigo.

Esperamos que una inmediata investigación oficial ofrezca a la opinión pública todos los datos que rodean la muerte de Martín Luna. Sorprende la falta de reacción de los nuevos gobernantes socialistas, que se contentaron, como todo esclarecimiento, con ofrecer ayer una breve nota del MULC. El cambio tan profusamente anunciado obliga como mínimo al nuevo Gobierno, empezando por el ministro del Interior, José Barrionuevo, a dar la cara y explicar al país el fondo de este oscuro asunto y las formas empleadas para acabar con el GRAPO.