El Gobierno vasco cederá competencias a las diputaciones
El definitivo proyecto de ley sobre territorios históricos, que regulará la constitución interna de la comunidad autónoma vasca, fue presentado ayer a los representantes parlamentarios de la ponencia por el propio presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea. Después de un año y medio de tensiones internas en las filas de los nacionalistas vascos -y cuando el debate sobre el proyecto se encontraba interrumpido-, el lendakari hizo ayer entrega oficial a los grupos parlamentarios de un texto consensuado en las filas del PNV y que implica un claro trasvase de poderes del Gobierno vasco en favor de las diputaciones provinciales.
La existencia de un concierto interno entre el Ejecutivo y los órganos forales, la distribución equitativa de los recursos económicos entre las instituciones generales y las provinciales de la comunidad autónoma junto a la creación de un Consejo Vasco de Finanzas -con la asunción real de poderes ejecutivos- son los aspectos más innovadores que figuran en el texto. Tales modificaciones son el reflejo de las presiones ejercidas por los máximos representantes peneuvistas de las diputaciones, que acusaban en un principio al Gobierno vasco de pretender mermar las competencias de los órganos provinciales con su proyecto inicial.Desde que el Gobierno vasco presentara el primer proyecto al Parlamento, en mayo de 1981, se han sucedido innumerables tensiones internas en el seno de los nacionalistas vascos que, a pesar del esforzado intento del Ejecutivo en mantener las discrepancias en el terreno de la discreción, salieron a relucir cuando el diputado alavés Emilio Guevara manifestó públicamente sus discrepancias, el pasado mes de febrero, con el plan presupuestario del Gobierno vasco.
En efecto, el Gabinete de Carlos Garaikoetxea se había mostrado favorabe, en un primer plan, a que el poder político prioritario debía ser asumido por las instituciones generales de la comunidad autónoma vasca. Pero, después de que los presidentes de las diputaciones, caracterizados por una defensa a ultranza de posiciones provincialistas, insistieran en que no se debía identificar el concepto de comunidad autónoma, exclusivamente, con el Gobierno vasco, ya que, en su opinión, "tan importantes son los territorios históricos como el Gobierno en la tarea de construir la comunidad autónoma", la capacidad para establecer las competencias y los criterios presupuestarios ha quedado mucho más equilibrada.
Aunque en un principio el Gobierno vasco era partidario de repartir el excedente económico de las cargas comunes que se debíaemplear para iriversiones mediante un sistema porcentual -el 70% para el Gobierno vasco y el 30% para las diputaciones-, el texto definitivo no contempla esa posibili dad. A instancias de las propues tas de los diputados foralistas la distribución, pues, no se realizará mediante porcentajes, sino en base a las competencias reales que asume cada territorio vasco.
Constitución del Consejo Vasco de Finanzas
Si hay alguna innovación profunda que merece la pena resaltar es la constitución del Consejo Vasco de Finanzas. Inicialmente, el Gobierno vasco se mostró favorable a que el mencionado organismo tuviera un carácter técnico en donde se debían marcar las directrices de reparto de los presupuestos. Sin embargo, en el texto definitivo se prevé que el mencionado organismo apruebe la metodología de distribución de recursos económicos y la determinación de las aportaciones que deberá realizar cada diputación a los gastos presupuestarios de la comunidad autónoma, con tres ailos de vigencia.El Consejo Vasco de Finanzas -que estará compuesto por tres miembros del Gobierno vasco y los tres presidentes de la diputación- elevará al Parlamento su propuesta en forma de proyecto de ley de artículo único. El Parlamento se limitará a aprobar o rechazar el proyecto global en votación de totalidad, sin que puedan tramitarse enmiendas parciales.
