Mercado Común y Gibraltar, dos grandes temas pendientes de la política exterior
El 29 de octubre de 1981, el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba, por 186 votos a favor y 146 en contra -único trámite parlamentario necesario-, la petición presentada por el Gobierno para negociar la integración de España en la Alianza Atlántica, sin duda el hecho más trascendente de la política exterior española de los últimos tiempos, así como el más controvertido. La andadura hacia esa integración, que culmina con la recepción de España como miembro número dieciséis de la Organización, el 5 de junio. pasado, y la participación de nuestro país, por vez primera, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bonn el 10 de junio, tiene dos hitos principales: la firma por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de la. Organización del protocolo de adhesión de España el 10 de diciembre de 1981 y la entrega del instrumento de adhesión, en Washington, el 30 de junio de este año, una vez conseguida la oportuna ratificación parlamentaria por parte de los quince países miembros de la Alianza.La idea que se tiene en España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte está condicionada por los alineamientos ideológicos, al haberse hecho del tema de la integración de España un campo de confrontación política entre los partidos de centro y derecha, de una parte, y de izquierda, de otra.
El Gobierno de UCD trató de acelerar al máximo el proceso de adhesión sin un debate público previo, fuera del Parlamento, con el fin de explicar al pueblo español las ventajas y desventajas de nuestra entrada en la Alianza. Pero el hecho es que el capítulo OTAN no está definitivamente cerrado. El PSOE ya ha anunciado su, intención de celebrar un referéndum sobre el tema si sale vencedor en los próximos comicios, y aunque este partido no ganase las elecciones y continuase la pertenencia de España, la negociación para la integración de nuestro país en la estructura militar atlántica seguiría durante mucho tiempo en el primer plano de la actualidad.
La máxima, preocupación del PSOE en su oposición a la participación de España a la Alianza-Atlántica radica en que, a su entender, esa pertenencia no garantiza, como l6 hace la Comunidad Económica Europea, la continuidad de las democracias en los países de la OTAN, como lo probaron en el pasado Portugal y Grecia y ahora lo demuestra Turquía. Igualmente, entiende el principal partido de la oposición que la adhesión española desequilibra el tradicional equilibrio de fuerzas entre los dos bloques.
El Gobiemo, por su parte, replica que el establecimiento de regímenes democráticos en los dos primeros países ha sido posible precisamente por su pertenencia a la Alianza y que lo que hubiera provocado un auténtico desequilibrio entre el Este y el Oeste hubiera sido que nuestro país, ya ligado a la defensa de Occidente a través de los acuerdos con Estados Unidos, se hubiera inclinado por una opción neutralista. España, en cualquier caso, solicitó su adhesión a la OTAN en virtud de una decisión soberana, garantizada por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y por el Acta Final di Helsinki. La URSS se limita a presentar una nota verbal de protesta en septiembre del año pasado. El comercio entre España y los países del Este ha crecido de forma. notable en el último año, principalmente con la Unión Soviética.
Acuerdos con EEUU
El gobierno de Madrid por su parte, ha declarado repetidamente, y así lo prueban los discursos pronunciados por Pérez-Llorca en Bruselas el 5 de junio de este año y por Calvo Sotelo en la cumbre de Bonn unos días más tarde, que no pensaba renunciar a ninguna de sus otras coordenadas en política exterior, como su relación privilegiada con los países latinoamericanos y árabes.
El 2 de julio de este año se suscribía el nuevo Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre los Gobiernos de España y Estados Unidos, que regulará, si las Cortes españolas proceden a su ratificación, las relaciones de todo tipo entre los dos países durante los próximos cinco años. Este nuevo convenio, que sustituye al suscrito en 1953 y a sus sucesivas renovaciones, consta de veintiséis documentos. Ambas partes han anunciado que los acuerdos no contienen ninguna cláusula secreta.
Las conversaciones duran más de un año y en ellas participan por parte española funcionarios civiles y militares en representación de seis departamentos ministeriales, encabezados por el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Gabriel Mañueco. En ellas se trata de aprovechar la experiencia acumulada durante los casi treinta años de relación defensiva entre España y Estados Unidos, con el fin de conseguir un texto que refleje dos hechos nuevos: la instauración de la democracia en España y la integración de nuestro país en la
Organización Atlántica. Tres son los aspectos fundamentales del nuevo convenio: el respeto de la soberanía española, el ámbito de aplicación del convenio y la cooperación, industrial para la defensa.
. Con relación al primero, se introduce por primera vez el concepto de "instalación de apoyo", quesustituye a términos anteriores como -"facilidades" y "bases conjuntas", que no ofrecían la precisión y garantías deseables. Estas "instalaciones de apoyo" estarán bajo mando español y en ellas ondeará la bandera nacional, algo .inexistente en el resto de las insta laciones de utilización norteamericana en Europa, que son bases en el sentido estricto de la palabra por haber sido instaladas en países vencidos o aliados durante la segunda guerra mundial. El control de las "instalaciones de apoyo" queda regulado por el convenio complementario 2, en el que se establecen dos tipos de autorizaciones para el uso de nuestro territorio: uno "bilateral o multilateral", es decir, dentro de la relación España-EE UU o España-OTAN, y otro que va más allá de estos ámbitos, por ejemplo, caso de un conflicto en Oriente Próximo. Para estos casos se exigirá siempre la autorización previa del Gobierno español.
El ámbito de aplicación del convenio queda establecido en el preámbulo cuando, después de afirmar por dos veces la defensa de la democracia, incluye igualmente la defensa de "la plena integridad territorial respectiva". Con esta fórmula se ha evitado una referencia explícita a Ceuta y Melilla, que hubiera causado fricciones en las relaciones entre Washington y Rabat. La lectura del texto que se hace en Madrid no pone en duda que el ámbito de aplicación del tratado incluye las dos ciudades españolas del norte de Africa.
La cooperación industrial para la defensa constituye una novedad de estos acuerdos, y cabe destacar entre ellos el desarrollo y mantenimiento de una capacidad tecnológica avanzada, la búsqueda de un equilibrio de la balanza comercial
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bilateral y la normalización de los artículos y equipos para la defensa.Por último, se prohíbe de forma tajante "el almacenamiento e instalación de armas nucleares y no convencionales o de sus componentes" en territorio español, de acuerdo con la doctrina fijada en el Congreso de los Diputados en su resolución sobre armas nucleares con motivo del debate sobre la adhesión de España a la OTAN"Mercado Común
El tema del ingreso de España en las Comunidades Europeas, que se inicia con la presentación oficial de nuestra candidatura el 28 de julio de 1977 y sobre el que existe un consenso entre todos los partidos del arco parlamentario, constituye uno de los ejes fundamentales de la política exterior española desde la instauración de la democracia hasta nuestros días.
El Mercado Común está atravesando en estos momentos la mayor crisis desde su fundación, motivada por la política común agrícola (CAP) y el tema de las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario; esto ha complicado fundamentalmente el proceso negociador con España, pero el Gobierno, considerando que el 58% de nuestros productos agrícolas se vende en los mercados comunitarios y que ninguna de nuestras posibles opciones en comercio exterior -Latinoamérica, EFTA, Comecón, EE UU- puede sustituir en este terreno a la del Mercado Común, ha perseverado en la negociación.
Las conversaciones se hallan frenadas en el momento actual como consecuencia de la petición que el Consejo Europeo presentó a la Comisión el 28 de junio pasado, solicitando un inventario sobre los efectos de la incorporación de España y Portugal a la Comunidad, y por lo mismo no es previsible que se cumplan los plazos expuestos anteriormente de una posible incorporación española a partir del primero de enero de 1984. Hay reuniones previstas para el 5 de octubre próximo, a nivel de suplentes y a nivel ministerial, el 25 del mismo mes.
Seis capítulos de la negociación fueron cerrados el 22 de marzo de este año -movimiento de capitales, transportes, política regional, derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, armonización de legislaciones y cuestiones económicas y financieras-. Otros siete se encuentran en estado muy avanzado -asuntos sociales, relaciones exteriores, unión aduanera y libre circulación de mercancías en el sector industrial, Comunidad del Carbón y del Acero, Euratom y fiscalidad y patentes-, y hay dos, básicos para España, de negociación muy lenta: agricultura y pesca.
La impresión en la delegación española es que la negociación se desbloqueará en la próxima primavera, una vez que se hayan celebrado las elecciones municipales francesas y que la Comunidad aborde sus angustiosos problemas presupuestarios y de política agrícola, que no tienen otra solución -en opinión de los observadores- que hacer saltar el techo del 1% del impuesto sobre el valor añadido, con el consiguiente aumento del presupuesto común.
Desde la apertura de las negociaciones, el 5 de febrero de 1979, se han celebrado hasta ahora 32 sesiones de la comisión España-CEE, once a nivel ministerial y veintiuna a nivel de suplentes, que han producido 231 documentos. La Secretaría de Estado para las Comunidades ha patrocinado, desde el 5 de febrero de 1979 a agosto de 1982, 175 sesiones de trabajo con organizaciones sindicales y empresariales, 210 reuniones sectoriales y cuatro seminarios de periodistas, además de promover 2.593 coloquios, conferencias y mesas redondas en toda España.
Gibraltar
Una moción aprobada en el Parlamento poco después de las primeras elecciones democráticas, y votada por todos los partidos del espectro político pedía la iniciación de conversaciones entre Es paña y el Reino Unido para pedir la reintegración de la colonia a la soberanía española. En cumplimiento de ese mandato, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Suárez, Marcelino Oreja, inicia, tras la victoria conservadora de Margaret Thatcher en las elecciones de mayo de 1979, una serie de contactos en diversas capitales con su colega británico, lord Carrington, que culmina con la firma, el 10 de abril de 1980, de la declaración conjunta hispano británica de Lisboa. La Declaración de Lisboa constituye el elemento más importante en la negociación sobre Gibraltar que ambos países suscriben desde la firma del Tratado de Utrecht, en1712, por el que España cede al Reino Unido la "propiedad" del Peñón. El documento, que consta de seis puntos, introduce una serie de elementos nuevos hasta entonces nunca aceptados por Inglaterra: el Reino Unido acepta negociar, y no conversar como hasta entonces, sobre todos los aspectos de la cuestión gibraltareña, incluida la soberanía; la negociación se llevará a cabo de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, todas ellas favorables a las tesis españolas y, por tanto, ignoradas por el Reino Unido, y por último, ambos Gobiernos acuerdan que la futura cooperación "estará basada en la reciprocidad y plena igualdad de derechos" para los españoles, frase destinada a impedir una vuelta a la situación colonial de 1969.
A cambio de estas concesiones británicas, el Gobierno español manifiesta su decisión de "suspender la aplicación de las medidas actualmente en vigor" (por las que quedaban prohibidas las comunicaciones entre el Peñón y el resto de España). Se fijó la fecha del 1 de junio para la apertura de la verja y el restablecimiento de las comunicaciones "si los preparativos que permitan el cumplimiento de los propósitos acordados en la declaración quedan ultimados". La intransigencia británica, motivada por la presión gibraltareña a conceder una reciprocidad de trato a los españoles en el Peñón, hace que transcurra un año y medio antes de la próxima reunión entre los responsables de los dos países. Esta se celebra en Londres el 8 de junio de 1981 al máximo nivel de jefes de Gobierno.
Al término de la reunión Thatcher-Calvo Sotelo se publica un comunicado conjunto en el que ambos Gobiernos acuerdan "comenzar el 20 de abril de 1982 las negociaciones previstas en la Declaración de Lisboa, con el fin de superar todas sus diferencias sobre Gibraltar". En la misma fecha, añade el comunicado, se restablecerán las comunicaciones directas. A cambio, España consigue, en un intercambio de cartas entre el director general para Europa y el embajador británico en Madrid, "la igualdad para los españoles en Gibraltar en cuanto al derecho a pernoctar y en materia de empleo, seguridad social, salarios y derecho a firmar parte de sindicatos".
Todo parecía indicar que la negociación final sobre Gibraltar había quedado encauzada. Pero tres meses más tarde sucede la invasión argentina de las Malvinas.
La postura de España, que a medida que avanzaba el conflicto en el hemisferio austral se iba decantando cada vez más a favor de las tesis argentinas aún con la salvaguardia del rechazo al uso de la fuerza, hizo prácticamente inviable la reanudación de las conversaciones sobre Gibraltar previstas para el 20 de abril. El 8 de ese mismo mes se hacía público un nuevo comunicado por el que se acordaba aplazar hasta el 25 de junio la reanudación de negociaciones y, por tanto, el restablecimiento automático de las comunicaciones.
El envío de la flota británica produjo irritación en los medios oficiales de Madrid, y la respuesta del Gobierno conservador británico a la acción argentina es calificada en la capital española de "error histórico". España se abstiene en la resolución 502 de Naciones Unidas, al tiempo que denuncia las acciones bélicas británicas en el Consejo de Europa, el GATT, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Atlántico. Fruto de esta actividad española es el nuevo aplazamiento de las conversaciones hispano-británicas, esta vez sine die.
