Los asesinos de Steve Biko siguen sueltos

Tal como señalé hace cinco años, cuando mi columna fue suprimida por una prohibición del Gobierno surafricano, los asesinos de Steve Biko siguen en libertad bajo protección del Gobierno; consecuentemente, el caso no puede considerarse cerrado ni el crimen olvidado.Aunque lo que aún queda del sistema legal surafricano prescribe el juicio por el delito en primer grado de asesinato, y en grado inferior de homicidio, y a pesar de que existen pruebas aparentes en este caso para iniciar el proceso por cualquiera de los dos cargos, tal proceso no ha tenido lugar.

El caso sigue siendo encubierto; Africa del Sur debe pagar su culpa, por encima del ostracismo internacional, del aislamiento deportivo y de la presión económica exterior, a costa de verse enfrentada a una acusación continua e incesante, hasta que se vuelva a abrir el caso Biko y los culpables comparezcan ante la justicia.

Su identificación no es dificil. Existen pruebas médicas claras, obtenidas durante la investigación parcial e insuficiente llevada a cabo en 1977, de la que la muerte de Biko fue causada por golpes en la cabeza, que provocaron lesiones en el cerebro, y de que los golpes fueron recibidos en un momento verificable en el que únicamente unos cuantos agentes de la Policía de Seguridad, cuya identidad es perfectamente conocida, tenían acceso a la celda de aislamiento.

La manera obvia de comenzar una investigación como corresponde es citando ante el juez a J. T. Kruger, ministro de Policía en la época del crimen, con acceso a la información de su departamento sobre quiénes eran los interrogadores que estaban con Biko y en qué momento preciso. Igualmente se le podría preguntar sobre su actitud pública sobre el caso en aquella época.

Recordarán que Kruger expresó públicamente su indiferencia sobre la muerte de Biko, diciendo que "le dejaba frío", y añadiendo, con crueldad, otros comentarios chistosos, que hicieron reír a los miembros del partido en el Gobierno. También recordarán que Kruger quiso hacer ver en un primer momento que Biko había muerto a consecuencia de una huelga de hambre, sugerencia que la autopsia desmintió, y posteriormente dio la versión del tratamiento médico a que estaba sometido Biko; la investigación demostró que las afirmaciones de Kruger eran una parodia.

En la época de la investigación, Kruger, en calidad de ministro del Gabinete, se hallaba exento de la obligación de declarar ante el juez, pero actualmente ya no forma parte del Gabinete por su incompatibilidad personal con el primer ministro, Botha, por lo que se le puede citar a declarar e interrogarle sobre los hechos de septiembre de 1977 en las celdas de la Policía de Seguridad, de las cuales era políticamente responsable.

24 muertes

Es decir, se le podría citar a declarar y podrían iniciarse los procedimientos mencionados si el Gobierno surafricano quisiera en algún momento, por cualquier causa, retirar su protección a los principales sospechosos e investigar el caso como corresponde.

Una vez en el banquillo de los testigos, se le podría preguntar a Kruger también por las causas por las que un mínimo de veinticuatro prisioneros políticos, encarcelados sin juicio, murieron de forma violenta mientras se hallaban bajo custodia de la Policía de Seguridad durante su breve mandato como ministro de Policía...

También está el antiguo coronel Goosen, ascendido de categoría desde entonces, que era el agente de la Policía de Seguridad directamente responsable de la que resultó ser la celda en la que murió Biko. Se le podría citar ante el juez e interrogarle, teniendo como base las nuevas declaraciones de Kruger, y revisar su ascenso en base a la nueva información que podría salir a la luz.

Hay, además, dos agentes de la Policía de Seguridad, Siebert y Wilken, que, según consta en los archivos, fueron los dos interrogadores que más acceso tuvieron a Biko durante sus últimas horas, y, al menos, dos médicos de la cárcel, cuyas declaraciones durante la investigación llevada a cabo en 1977 deberían haber sido motivo para su expulsión de la profesión médica, y para su procesamiento como, por lo menos, culpables de homicidio.

Hasta que se pongan en marcha tales medidas en Africa del Sur, habrá que suponer, con toda justificación, que la culpabilidad de la muerte de Biko es compartida por todo el Gobierno y, al menos, por los escalafones inferiores del partido en el poder.

Naturalmente, ningún miembro de ese Gobierno o de ese partido protestó, dimitió o dio mayor importancia al crimen, y la mayoría de los ciudadanos blancos de Africa del Sur, gracias a su continuo apoyo a ese Gobierno y a ese partido, no tenían seguramente ningún deseo de hacerse insolidarios de tal acto.

Consecuentemente, tienen que pensar, lógicamente, que su Gobierno va a continuar pagando el precio del oprobio internacional por el caso Biko y por los muchos otros asesinatos y atropellos contra los disidentes y, mediante las 317 leyes raciales del sistema de apartheid, contra la mayoría negra de Africa del Sur en su generalidad.

Mis compatriotas blancos de Africa del Sur preguntan con frecuencia qué es lo que Africa del Sur tiene que hacer para ganarse la aceptación internacional, tras todos estos años como nación proscrita. La respuesta es:

1. Derogar todas las leyes raciales.

2. Dar igualdad de derechos civiles a todos los ciudadanos.

3. Juzgar a los asesinos de Steve Bilo, del doctor Neil Aggett y de los otros 46 disidentes políticos muertos de manera violenta a manos de la Policía de Seguridad.