Los vecinos de Reocín aceptan vender su pueblo por 460 millones
La Real Compañía Asturiana de Minas (RCA) y los habitantes de la localidad cántabra de Reocín, obligada a desaparecer ante la necesidad de explotar la mina a cielo abierto, han llegado a un acuerdo, prácticamente definitivo, por el que los habitantes, los 65 actuales vecinos, percibirán una indemnización total de 460 millones de pesetas. El abandono del pueblo en las zonas más cercanas a la explotación minera se iniciará a primeros del próximo mes de septiembre.
Representantes de los vecinos de Reocín -asesorados por el abogado Benito Huerta-, de los trabajadores de la mina y de la dirección de ésta negociaron durante la pasada semana las bases del acuerdo, que ha sido valorado positivamente por las partes en litigio. Según el texto del acuerdo, cada vecino percibirá un millón y medio de pesetas por su casa y terrenos, además de la cantidad fijada en su día por la comisión técnica. El montante total de las indemnizaciones que deberá pagar la empresa, tras la culminación de la negociación, alcanzará los 460 millones de pesetas.
En septiembre abandonarán
El acuerdo económico está condicionado al cumplimiento por parte de los vecinos afectados de ciertas condiciones, entre las que se incluye el abandono para el 1 de septiembre de las ocho casas más cercanas a la primera línea de explotación a cielo abierto de la mina, el compromiso de no entorpecer los trabajos y la vinculación al acuerdo de todos y cada uno de los afectados. La RCA pagará el 50% de las cantidades acordadas en el momento de la firma oficial del compromiso alcanzado, y el resto, cuando se haga efectiva la evacuación de los afectados.
las primeras casas
La desaparición de Reocín ha venido determinada por los planes de explotación de nuevas vetas por la RCA en el subsuelo del pueblo y a cielo abierto, lo que hacía inviable la permanencia en la zona de sus antiguos habitantes. Los estudios geológicos realizados por la empresa han permitido determinar la existencia de una importante veta de zinc en la superficie ocupada por el pueblo, y cuya explotación tendrá una duración estimada en diez años.Desde un primer momento, el centenar de habitantes de Reocín aceptaron, como mal menor, la desaparición del pueblo a cambio del mantenimiento de la mina, de la que dependía la mayoría de los habitantes. Los problemas comenzaron en el momento de valorar las propiedades de éstos, que en un primer momento avanzaron la cifra de 1.100 millones, y en la insistencia de algunos de ellos de negociar individualmente con la empresa, a lo que ésta se negaba.
La desaparición del pueblo, un mal menor
Sin embargo, para los habitantes de Reocín las dificultades y los problemas actuales no representaban ninguna novedad; ya a finales de los años setenta la mina, propiedad de una empresa belga desde principios de siglo, estuvo a punto de cerrar, tras agotar las principales vetas. Encierros y manifestaciones consiguieron que la Administración negociara la venta de la mina a Asturiana de Zinc, actual propietaria.
Cuando el fin de Reocín ya es algo aceptado resignadamente por sus vecinos, se recuerdan las dos veces que estuvo a punto de desaparecer en dos accidentes de suma gravedad: en 1965, al saltar el depósito de aguas residuales de la mina, que se cobró diecisiete vidas, y, dos años después, cuando, debido a las excavaciones, la mayoría de las casas se vinieron abajo. Ahora la mina que dio vida a este pueblo, situado en la comarca de Torrelavega, exige su desaparición.
Con la aceptación, por parte de los vecinos, de la suma total de 460 millones de pesetas se salda una larga historia de tensiones entre la RAC y los habitantes de Reocín, cuyo éxodo, de hecho, se había iniciado hace meses. Una historia de disputas y divisiones que se originaron en el seno del propio pueblo, entre los vecinos que se conformaban con indemnizaciones más bajas, a juicio de los que solicitaban cantidades superiores para la venta de sus domicilios y terrenos. En el primer caso se encontraban aquellos vecinos que por trabajar en las minas de zinc sufrían, según acusaciones del bando contrario, mayores presiones de la empresa. En el segundo caso se encontraban los propietarios que no tenían relaciones laborales con la empresa, algunos de los cuales, solicitaron también nuevas casas en otro lugar.
