Una sentencia del Supremo anula las medidas para abastecer de agua a dos pueblos sevillanos
El problema de abastecimiento de agua a las localidades sevillanas de El Rubio y Marinaleda se ha complicado extraordinariamente al haberse producido una sentencia del Tribunal Supremo que puede dejar sin efecto la solución arbitrada por la Diputación provincial. Mientras tanto, el presidente de este organismo, Manuel del Valle, se ha enzarzado en una agria polémica con el gobernador civil de Sevilla, José María Sanz Pastor. Del Valle anunció ayer que estaban a punto de comenzar las obras de un nuevo pozo que solventaría derinitivamente el problema.
La postura que venía manteniendo el Gobierno Civil se ha visto reforzada por la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que otorga el aprovechamiento total de las aguas del pozo denominado El ojo de Gilena a los agricultores de este pueblo que venían cultivando hasta hace once años pequeñas parcelas de tierra gracias precisamente a ese agua.En esa fecha, el pozo de riego de los campesinos se vio afectado en su caudal al proceder la Diputación a la apertura, a solo 170 metros de distancia, de otros pozos destinados a garantizar el abastecimiento a las poblaciones de Herrera, Marinaleda y El Rubio, lo que provocó importantes pérdidas en las fincas de estos agricultores, todas ellas de dimensiones inferiores a una hectárea.
El conflicto provocó un complicado proceso judicial, en el que la Audiencia provincial dio la razón a los campesinos demandantes. El recurso presentado por la Diputación contra esta sentencia es el que acaba de fallar el Supremo, que ordena a la corporación provincial que retire sus instalaciones de esos pozos y le prohibe abrir otros en las proximidades. La Diputación deberá abonar también las costas originadas por el proceso.
Lógicamente, esta sentencia ha dejado en agua de borrajas la pretensión de la Diputación de incautar los pozos al Ayuntamiento de Gilena, ante el incumplimiento por parte de éste del acuerdo adoptado hace varios meses en virtud del cual el agua de estos pozos se repartiría con Marinaleda y El Rubio. El incumplimiento de este pacto ha sido el que ha originado la huelga de luz en la primera de estas localidades y los enfrentamientos ocurridos entre vecinos y la Guardia Civil en El Rubio, con un balance de tres heridos. Ambos pueblos disponen actualmente de solo tres o cuatro horas de agua cada día.
El gobernador civil, José María Sanz Pastor, ha advertido ya que, tras la sentencia, no puede poner las Fuerzas de Orden Público a disposición de la Diputación provincial para proteger el pozo que ésta pensaba requisar, al tiempo que ha acusado a su presidente, Manuel del Valle (PSOE), de realizar una gestión torpe con los fondos públicos y generar enfrentarnientos entre los tres pueblos convecinos, en vez de buscar soluciones menos conflictivas. De esta forma, el gobernador replicaba a la denuncia formulada por Del Valle en el sentido de que había hecho dejación de sus responsabilidades. En su respuesta, Sanz Pastor se refería, incluiso, a la actitud del presidente de la Diputación durante la noche del 23 de febrero de 1981.
Manuel del Valle no ha permanecido en silencio, subrayando su sorpresa porque el gobernador critique la gestión de los fondos públicors de una corporación en la que UCD ha aprobado todas las inversiones realizadas para sglucionar el problema de abastecimiento de agua en la provincia. Tras recordar que el conflicto de Gilena ha sido heredado de corporaciones anteriores, el presidente indicó: "a mí me conocen en la provincia de Sevilla desde hace muchos años, afortunadamente, y también al gobernador lo conocen, desgraciadamente".
