La Diputación aprobó por unanimidad la creación de su primera empresa mercantil pública
El pleno de la Diputación Provincial aprobó ayer, con el voto favorable de los tres partidos políticos que componen la Corporación -PSOE, PCE y UCD-, la creación de la Empresa Provincial de Informática de Madrid, SA (Epimsa), la primera sociedad mercantil con capital público de dicho organismo. Epimsa funcionará como una empresa privada y ofrecerá sus servicios, preferentemente, a otros organismos oficiales, además de la Diputación.Por lo demás, el pleno no trató ternas de demasiado interés, y lo más resaltable del mismo fueron las sucesivas polémicas, airadas en el tono en varias ocasiones, que se originaron por asuntos ajenos al orden del día. El fuego lo abrió Javier Menor, diputado provincial ucedista -que, sin embargo, no acata la disciplina de grupo- cuando advirtió que se destinaban ochenta millones de pesetas para la ejecución de obras de pavimentación en Majadahonda, cantidad que consideraba exagerada en comparación con las ayudas que reciben otros pueblos.
Se da el caso de que José María Rodríguez Colorado, presidente de la Diputación, fue anteriormente alcalde de dicha localidad, y que otros dos destacados diputados provinciales socialistas, José Borrell y César Cimadevilla, son concejales de la misma. La intervención del señor Menor, "por tanto, encubría una posible denuncia de presunto favoritismo hacia Majadahonda, que fue rotundamente rechazado por los socialistas.
El capítulo de ruegos y preguntas fue particularmente conflictivo y registró dos enfrentamientos dialécticos protagonizados por el diputado provincial de UCD, Juan Manuel Santos, y el portavoz socialista, José Borrell. El señor Santos acusó al PSOE de malversación de fondos, por el hecho de que Francisco Fernández Maganto, el diputado socialista que presentó su dimisión para dejar paso a Rodríguez colorado, siguió cobrando su salario como tal hasta seis meses después de abandonar el cargo.
En otra ocasión, el mismo Juan Manuel Santos pidió a la Diputación que hiciera una declaración pública en favor del honor de los ex ingenieros Manuel Bada y Angel Llaguno, expedientados y apartados del servicio por presuntas apropiaciones indebidas y a los que la Audiencia Provincial ha considerado inocentes respecto a las responsabilidades penales, sin perjuicio de las administrativas. Santos acusó a Borrell de haber calificado la conducta de ambos ex ingenieros como de criminal, lo que motivó una enérgica respuesta del aludido y la posibilidad de que el PSOE interponga una denuncia por difamación contra el señor Santos.
