La reforma penitenciaria avanza lentamente, según los debates de la Asociación Pro Derechos Humanos
La parcial aplicación actualmente de la ley General Penitenciaria, debido a la falta de dotaciones presupuestarias y de personal, y el lento avance de la reforma iniciada por el anterior director general de Prisiones, Carlos García Valdés, fueron las principales conclusiones que se obtuvieron durante las jornadas de debate que sobre la situación penitenciaria española convocó estos dos últimos días la Asociación Pro Derechos Humanos. En estas jornadas intervinieron jueces, fiscales, abogados, representantes de los sindicatos de funcionarios de prisiones, ex presos y el inspector general de Instituciones Penitenciarias, Emilio Tavera.
El abogado Jaime Sanz de Bremón explicó durante su incisiva exposición que «la reforma penitenciaria, desgraciadamente, no existe, puesto que nada se ha modificado desde la puesta en marcha, hace dos años, de la ley General Penitenciaria», y añadió que «el gran problema es que no existe actualmente voluntad política para realizar este cambio, que se refleja claramente en el espíritu de la citada ley».Por su parte, el juez Jesús Peces Morate precisó que estas reformas «son consecuencia de la lucha social y necesitan de un cambio en las estructuras que actualmente están evolucionando», mientras se refirió asimismo a la necesidad de ir introduciendo progresivamente en España las prisiones de régimen abierto, la dulcificación de las penas y, sobre todo, agilizar los procesos judiciales, extremos en los que coincidía el ex fiscal con los juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Madrid, Juan José Martínez Soto. Este último ha sido encargado recientemente de agilizar los trámites judiciales en la zona centro (Madrid).
La deficiente situación que atraviesan las cárceles de mujeres, la falta de reeducación y reinserción social de los reclusos y las insuficientes medidas tomadas por la Administración en relación con las necesarias mejoras del régimen penitenciario fueron otras de las objeciones expuestas frecuentemente a lo largo de estas jornadas.
La funcionaria del centro madrileño de Yeserías María Amor García hizo hincapié en el olvido y la falta de apoyo que desde hace muchos años la Administración de justicia mantienen a los centros de mujeres, cuando, según las últimas estadísticas, la delincuencia femenina ha aumentado notablemente. A pesar de esto, añadió la funcionaria, las condiciones de las prisiones para mujeres son realmente «deplorables». No existe personal específico y cualificado», decía, «para este tipo de centros; es notorio el carácter machista de los funcionarios, la asistencia social deja mucho que desear, no existen lugares adecuados en las prisiones para las comunicaciones íntimas, las guarderías están abandonadas y no existe personal especializado para estas tareas, entre otras muchas deficiencias.
Jesús Irrurre, secretario nacional del Sindicato Democrático de Prisiones, precisó que la situación de los funcionarios de prisiones es «verdaderamente angustiosa», y puntualizó que la teórica función que deben realizar los funcionarios relativa al tratamiento, ayuda y rehabilitación de los reclusos, se contradice con la función represora que tienen que desarrollar en muchos casos, según se desprende de un artículo de la ley Penitenciaria.
Posteriormente, Vicente Sánchez-Brunete, presidente nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, indicó que la situación penitenciaria en España «no sólo no ha mejorado, tras la puesta en marcha desde hace dos años de la nueva ley, sino que ha empeorado notablemente».
"La democracia no ha llegado a las cárceles"
Por su parte, Emilio Tavera, inspector general de Prisiones, calificó la actual ley General Penitenciaria de «utópica», puesto que «actualmente es realmente imposible ponerla en práctica en su totalidad». Tavera señaló que eran muchas las reformas que habría que realizar en Instituciones Penitenciarias, e insistió en la falta de dotaciones presupuestarias, de edificios para construir prisiones y en la insuficiencia actual para instalar en las cárceles a la actual población reclusa, que asciende a 22.500 personas, cuando la capacidad de los centros que ahora funcionan es para 15.000 internos. Anteayer, el Consejo de Ministros aprobó un plan de inversión de 3.840 millones de pesetas para la construcción de dos nuevos centros penitenciarios en Alcalá de Henares (Madrid) y en Badajoz.Por último, un ex preso político, que pasó más de diez años por diferentes prisiones españolas, manifestó que «los reclusos habían sido discriminados en la transición democrática. La democracia», dijo, «no ha llegado aún a las cárceles, y a los presos les ha sido cerrada la puerta a la sociedad civil».
