Concluido el sumario sobre el "caso Sofico" con dos procesamientos judiciales
Siete años después de iniciado el sumario sobre el caso Sofico, uno de los últimos escándalos económico-financieros dejados en herencia por el franquismo a la democracia, la autoridad judicial ha concluido formalmente su investigación sobre este asunto sin ampliar los procesamientos a otras personas que a las incialmente procesadas, concretamente, Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas, presidente y consejero delegado, respectivamente del grupo de empresas Sofico.
El titular del Juzgado Central de Instruccion numero 4 de la Audiencia Nacional, Carlos Divar Blanco, último juez especial encargado de la investigacion judicial del caso Sofico, ha dictado auto de conclusión del sumario, tras haber estado éste en manos del que fue decano de los juzgados de Madrid, Daniel Ferrer, ya fallecido, designado primer juez especial a raíz de descubrirse el escándalo en 1974, y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.En un primer momento, concretamente en mayo de 1976, el primer juez especial nombrado para depurar las posibles responsabilidades penales derivadas del caso Sofico dictó auto de procesamiento contra Eugenio Peydró y su hijo, como presuntos autores de un delito de estafa, previsto en el artículo 529, párrafo 1, del Código Penal
A finales de 1976, el primer juez especial puso en libertad provisional a Eugenio Peydró Brillas, encarcelado en la prisión de Carabanchel (Madrid) desde mayo del mismo año, e igual medida adoptó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en julio del año siguiente con Eugenio Peydró Salmerón, tras requerirle una fianza de cinco millones de pesetas.
En diciembre de 1976, el juez especial remitió las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por estimar que los indicios de responsabilidad penal derivados del caso Sofico podían extenderse a otros consejeros del grupo de empresas Sofico, algunos de los cuales eran militares o pertenecían a la carrera judicial. Posteriormente, y ya constituida la Audiencia Nacional -tribunal que asumia la competencia en una serie de delitos de naturaleza compleja, entre ellos, los de carácter económico-, la Sala Segunda del Tribunal, Supremo remitió el sumario a esta instancia judicial, por estimar que los presuntos indicios de criminalidad sólo alcanzaban a las dos personas ya procesadas y no se extendían a otras que, por su condición o cargo en la Administración del Estado, estaban sujetas a su jurisdicción.
El sumario ahora concluído consta de 25 tomos, y en él están personados unos cincuenta abogados que representan a un millar de ciudadanos, en su mayor parte pequeños inversores, que fueron afectados por la quiebra del grupo de empresas Sofico. En 1974, fecha en que se produce el escándalo, el Consejo de Administración del grupo de empresas Sofico estaba formado, además de por los Peydró, padre el hijo, por Rafael Cabanilles Prosper, teniente general; Hipólito Jimenez, abogado; Segismundo Martín Laborda, magistrado; José, Matía Lopez Pelegrín, intendente de Hacienda; Juan Losada Perez, general de la Guardia Civil; Juan Martín Pariente, teniente coronel, y Luis Nieto Antúnez, ingeniero industrial.
