Las "manos libres" y la Prensa
LAS AYUDAS estatales a la Prensa, en forma de facilidades crediticias, exenciones fiscales o subvenciones, no son una peculiaridad española; existen en la mayoría de los sistemas democráticos europeos. En nuestro país no se trata tan sólo de una forma de favorecer la expresión ,del pluralismo político o de contribuir a la renovación tecnológica de un sector industrial. La competencia desleal de los medios deficitarios de comunicación del Estado (la antigua Prensa del Movimiento o del sindicalismo vertical), la absorción por el monopolio televisivo de buena parte del mercado publicitario, el proteccionismo de la industria papelera, las rigideces en los sistemas de distribución y las desproporcionadas tarifas de transporte dificultan la supervivencia de muchos diarios y semanarios.Los empresarios y los profesionales del sector privado de la Prensa son los primeros interesados en que esa ayuda estatal se realice de manera transparente y con criterios objetivos que desvanezcan cualquier sospecha de instrumentalización política. Los periodistas no podrían aspirar a la credibilidad de sus informaciones y críticas sobre el despilfarro o la corrupción administrativa si dejaran margen para la duda o el recelo sobre sus propios comportamientos respecto a los fondos públicos. Las ayudas estatales para la renovación tecnológica y las indemnizaciones por el consumo de papel nacional protegido, o las ayudas a la difusión, figuran en partidas presupuestarias aprobadas por las Cortes con luz y taquígrafos. Sin embargo, serían necesarias otras medidas complementarias destinadas a situar por encima de toda sospecha el funcionamiento de los mecanismos para la asignación de ese dinero público.
En esa perspectiva, la propuesta presentada por Alfonso Osorio, diputado de Coalición Democrática, en la Comisión de Presidencia del Congreso, para que el Gobierno, envíe a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley que regule exhaustivamente los apoyos estatales a la Prensa, merece un aplauso. La moción fue respaldada por el PSOE, pero la oposición de UCD Ia ha arrojado, por el momento, a la papelera. El portavoz centrista expuso la teoría -creemos que inadmisible- de que la regulación por ley de la materia retrasaría y complicaría la asignación de las subvenciones, tarea para la cual el Gobierno debe tener manos libres.
El ataque de UCD contra las competencias parlamentarias en las ayudas estatales a la Prensa contrasta con su defensa de los derechos del Gobierno a realizar tal labor. El portavoz de los centristas esgrimió el argumento de que las ayudas y subvenciones exigían un sistema ágil y flexible, como si las relaciones del Ministerio de la Presidencia con la Prensa fueran semejantes a las del cuerpo de bomberos con los incendios. Nada más irreal que esa estampa de un Gobierno ágil y flexible como Tarzán y desprendido y justiciero como Robin Hood, siempre listo para salvar, en plazo de horas o de días, a una empresa periodística de la suspensión de pagos o para aprobar, en un abrir y cerrar de ojos, una ayuda para la renovación tecnológica. Las manos libres que el poder ejecutivo pretende conservar en sus relaciones con la Prensa no se justifican en nombre de la eficacia o de la rapidez de las actuaciones, sino, tal vez, en virtud de los márgenes de discrecionalidad -y eventual arbitrariedad- que el actual sistema le permite al respecto.
La propuesta de Coalición Democrática rechazada por UCD no pretende que las Cortes Generales invadan el campo específico de actuación del Gobierno, sino más bien trata de impedir la posibilidad o la tentación de que la Administración pública instrumente las ayudas a la Prensa a su entera conveniencia y a extramuros de las fronteras acotadas y de los procedimientos establecidos por una ley deseable y factible. Cabe incluso apuntar que el delicado carácter de las subvenciones a los medios de comunicación no sólo convierte en necesaria una norma parlamentaria, sino también haría conveniente que la ejecución de su contenido corriera a cargo de algún centro de decisión no exclusivamente gubernamental. Hasta los más entusiastas centristas estarán de acuerdo en que los Gobiernos no son eternos, y esas manos libres hoy reivindicádas por UCD para su política informativa pueden trabajar, en 1983 o en 1987, en favor de otra estrategia y de otro modero de sociedad, como gustan decir ahora.
