Indignación de las fuerzas parlamentarias por el intento de involucrar al Rey en el consejo de guerra

Las principales fuerzas parlamentarias reaccionaron ayer con indignación al intento de diez de los abogados del 23-F para implicar al Rey en el consejo de guerra y convertir este último en un juicio político a la democracia. En declaraciones a EL PAIS, el centrista Fernando Abril y el comunista Enrique Curiel aludieron a que debería hacerse uso de la ley de Defensa de la Democracia contra estas intoxicaciones.

El socialista Enrique Múgica manifestó que «nunca se había visto que tantos leales monárquicos urdieran tan burda difamación contra la Corona», mientras el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, afirmó que resulta absurdo e inadmisible tratar de hacer creer que los golpistas cumplían órdenes del Rey.

En medios gubernamentales no se descarta la posibilidad de emprender alguna acción legal contra esta campaña, sobre todo en vista de la previsible escalada de la misma conforme se acerque la celebración del consejo de guerra. No obstante, estas fuentes se mostraron muy prudentes sobre la forma de proceder en el futuro.

También las minorías nacionalistas coinciden plenamente en el punto de vista de los principales partidos de ámbito estatal. Marcos Vizcaya, portavoz del PNV, reafirmó que, para los nacionalistas vascos, el Monarca es elemento clave del sistema democrático y, por tanto, del Estado de las autonomías. Miguel Roca, portavoz de los nacionalistas catalanes, ratificó la intención de su grupo de destacar el papel de la Corona, tanto en el proceso de transición como en la progresiva consolidación del Estado democrático.

Las fuerzas políticas consultadas coincidieron, en general, en manifestar su sorpresa por el hecho de que los abogados de los procesados por la intentona golpista traten de desvirtuar la realidad de esa forma. En opinión de algunos de los consultados, el preámbulo conjunto suscrito por diez letrados a sus conclusiones provisionales -entregadas el pasado lunes al Consejo Supremo de Justicia Militar- parece menos un texto jurídico que un llamamiento a justificar el golpismo.

Cabe recordar que la iniciativa de varios abogados del 23-F consiste en pedir la declaración judicial de los Reyes, pese a que dicha solicitud choca directamente con lo dispuesto en la Constitución sobre la no responsabilidad del Monarca.

Página 12