La conducta deportiva
Cuando se configuró la vigente ley general de la Cultura Física y del Deporte hubo una cuestión en la que ninguna de las fuerzas políticas intervinientes en los trabajos puso ninguna objeción. Nos referimos a la necesidad de que el mundo del deporte contara con la autonomía necesaria en sus actuaciones.Esta autonomía se refería a dos aspectos: uno, el de control de los encuentros y actividades de cada especialidad, y otro, el económico- administrativo de sus sectores. Comentaremos hoy exclusivamente el primero.
La autonomía en el control y organización de las actividades
La propia formación de las federaciones deportivas, históricamente hablando, ha sido el resultado de la necesidad de aglutinar a los amantes de cada deporte, unir sus esfuerzos y crear una estructura internacional que permitiera el programa técnico y las confrontaciones a diversos niveles. Las pugnas sobre cuestiones derivadas del juego quedaron poco a poco encargadas a comités de competiciones que resolverían toda duda dentro del ámbito estrictamente deportivo.
Pero la profesionalización de los deportistas, cada vez más elevada para responder a las más altas exigencias que hoy plantea la competición internacional, ha llegado a crear situaciones que difícilmente pueden valorarse por estos comités.
¿Por qué cauces juzgar las actuaciones de los atletas negros ganadores de pruebas en los Juegos Olímpicos de México cuando, puño en alto, con sus guantes negros, saludaban al público desde el podio? ¿Con qué autoridad es posible sancionar a un atleta becado que se niega a acudir a una competición porque no tiene permiso laboral o tiene exámenes? La multiplicidad de casos diversos ha obligado a acuñar un concepto nuevo que permitiera dictaminar en las situaciones conflictivas y que recibió el nombre de disciplina deportiva.
Pero el baremo de referencia o la norma que sige estas situaciones, es decir, la conducta deportiva, no aparece escrita en ningún código jurídico.
Pese a los posibles inconvenientes que la creación de una jurisdicción especial pueda tener, los socialistas transigimos en la introducción de este nuevo concepto por varias razones. Una sería de carácter puramente doméstico: la mayoría de las faltas suelen ser leves transgresiones reglamentarias, y que encontrarían con esta fórmula la solución rápida que resulta imprescindible. Otra, el espíritu moderador que estimábamos necesario en una época de confusión sobre el papel de los entes políticos en el mundo del deporte. Confiábamos que los nuevos tiempos traerían aires-diferentes al deporte español y que éste, por sí mismo, sería capaz de generar respeto para sus métodos.
Pero qué duda cabe de que la fórmula no la considerábamos ideal, ni mucho menos. Existen cuestiones fronterizas entre lo que se denomina deporte y ciertos derechos laborales o que afectan a temas para nosotros indiscutibles, como podría ser la libertad de expresión que exigen respuestas más ajustadas.
Por ejemplo, la ley niega la posibilidad de que un atleta disconforme con una sentencia del comité de competición, y con el recurso presentado ante el Comité Superior de Disciplina Deportiva, pueda recurrir a la vía administrativa. Este aspecto, si no va en contra de la Constitución, sí al menos puede decirse que plantea situaciones discutibles y de una ortodoxia escasa desde el punto de vista jurídico.
¿Cuándo un atleta puede ceder y cuándo no en la presentación de recursos ante los tribunales ordinarios, si los límites de la conducta deportiva son algo tan difuso? ¿En qué cuestiones puede admitirse esta norma y en cuáles no?
El Consejo Superior de Deportes ha creado un Comité Superior de Disciplina Deportiva formado, según parece, por eminentes juristas, y es de esperar. que la práctica demuestre que la fórmula es buena. En sus conocimientos y buen hacer confiamos.
El panorama actual
Pero hay hilos sueltos en la actual situación que nos mueven a escribir estas líneas.
¿Cómo es posible que nuestros dirigentes deportivos estén lanzando acusaciones tan duras continuamente sin presentar pruebas?
¿Cómo los comités de competición de cada federación deportiva han dado lugar a estas situaciones? ¿Por qué el gran público, sin mayores datos, sospecha que en bastantes matices las acusaciones tienen su parte de razón?
La respuesta no puede ser otra que el desprestigio y degradación en que se encuentran sumidos los órganos federativos. La tradición de un proceder arbitrario y favoritista, y el mal ejemplo de muchos dirigentes, es comentario diario de los medios informativos. El poder absoluto y desmedido que algunas federaciones deportivas han alcanzado en nuestro país sobrepasa el límite de lo razonable. En algunos ambientes poco ilustrados se ha llegado incluso a identificar sus personas y competiciones con la oficialidad, es decir, con las propias estructuras del Estado en este ámbito.
Vías para una posible solución
Lo primero a hacer estaba claro que era situarles a la posición que les correspondía. Es decir, al ámbito de lo privado, y así lo propusimos los socialistas en los trabajos preparatorios de la ley, con resultados satisfactorios para nuestro enfoque.
Una federación deportiva regenta actividades voluntarias de los individuos, realizadas por afición y cuya meta prioritaria es la competición. Nada tienen que ver con la garantía del derecho al deporte a que se refiere la Constitución. Por ello, su ámbito es estrictamente privado, aunque cuando se sirven de fondos públicos para sus actividades, el control económico a aplicar sea idéntico al de los organismos oficiales. En este sentido, municipios, autonomías y Administración del Estado son sector público, al estar responsabilizados de crear los oportunos servicios públicos que permitan al ciudadano ejercer sus derechos, y las federaciones deben tener el apoyo y la fuerza que sus propias actividades justifiquen.
El segundo paso era crear unos cauces para que los que no deseen jugar a un deporte determinado a niveles competitivos muy exigentes, lo puedan efectuar sin problemas, puesto que hasta a imposibilitarlo llegaba la injusta situación. De aquí surgieron las agrupaciones, deportivas, de las que esperamos por parte del Gobierno un desarrollo de la ley que las ordene y fomente. Hoy, la penuria económica de las pocas existentes les impide, prácticamente, llevar una vida discreta. Sus más amplias concepciones, puntos de vista y ámbito de personas a las que pueden acoger sus actividades las debe hacer claramente prioritarias en cuanto al apoyo oficial.
El tercer punto imprescindible era la creación del pleno del Consejo Superior de Deportes, órgano, según la ley, representativo y competente para «definir las líneas generales de la política deportiva, coordinar la actuación de los órganos ejecutivos del Consejo y desarrollar funciones informativas, asesoras y consultivas ... ». Su composición lleva implícita la presencia mayoritaria del sector público (ayuntamientos, diputaciones, Administración general del Estado, etcétera) en relación con las asociaciones deportivas y federaciones que compondrían el sector privado como ya hemos dicho.
Una de las primeras medidas que tomaría este pleno suponemos que sería marcar las directrices que el Ejecutivo debería seguir para las elecciones en las federaciones deportivas. El pleno sigue sin existir en el momento de escribir estas líneas, y las elecciones ya están anunciadas. Esperemos que la inmediata creación del pleno permita a éste manifestarse sobre las normas previstas y, en su caso, dar las pautas que se estimen para su corrección. Caso de que no se cumpla esta premisa, nos tememos que las elecciones sean papel mojado. Experiencias negativas anteriores no faltan.
Por último, parece imprescindible un rearme moral del mundo del deporte. Es triste que algunos presidentes de federaciones se sonrojen al citar el cargo que ocupan, porque alguna mala fama de algunos ha provocado al bajo rasero por el que hoy se mide a todos ellos en la mayoría de las ocasiones.
Hoy como nunca es necesario dignificar el papel del árbitro, castigar el juego sucio, erradicar las primas a terceros, la venta de partidos y otros aspectos poco claros del deporte que tanto se comentan. ¡Qué van a aprender nuestros hijos del caos actual! El dirigente deportivo, en muchos países, infunde, respeto y simpatía; aquí está ocurriendo lo contrario. Ciertos elementos sólo provocan la sorna y el desprecio de la sociedad.
El Estado debe velar por que el modelo deportivo nacional tenga unos contenidos acordes con la democracia por la que luchamos y no resulte una burda lucha de personas de baja calidad humana. Este deporte no es educativo ni positivo nunca. Hay que destruirlo sin piedad. Incluso dudamos si es deporte. El permitir que esto siga así no deja de ser una sutil forma de continuismo y de desestabilización.
